Víctor Álvarez R.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas, jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, insistió en que las irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE por la MUD “mataron” el Referendo Revocatorio y sentenció: “en el 2016, chillen, hagan lo que les dé la gana, pero referendo no hay”. Con la certeza de que esta consulta se propondrá para 2017, Cabello recorre el país arengando a las bases del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como Vicepresidente y así asumir finalmente la Presidencia que Chávez le negó. Maduro ve con desconfianza tan desbordada ambición porque sabe que una vez revocado será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol caído.
La suspensión de la recolección del 20 % de las firmas para convocar el RR y la posposición para 2017 de las elecciones de gobernadores y alcaldes acentúan la incertidumbre sobre la suerte que en adelante podrán correr los diferentes procesos electorales. El Gobierno evade someterse al escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que ha erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier subterfugio para darle largas al RR y a las elecciones de gobernadores y alcaldes.
El Gobierno camina por el filo de la legalidad
El artículo 5 de la CRBV señala claramente que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
A través de las elecciones se expresa la soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se comete una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la Constitución. Una suspensión del RR o un diferimiento de los comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de la CRBV y priva a la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.
El único caso en que se justifica posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural y para esto se requiere declarar un Estado de Excepción por Alarma que sea avalado por la AN y validado por el TSJ. Requisito muy fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó un Estado de Excepción y Emergencia Económica y cuenta con el respaldo incondicional del TSJ para evadir la aprobación de una AN que, en la práctica, luce disuelta al ser declarada en desacato por el TSJ.
Estallido social y hecatombe político-militar
La fuerza transformadora de la inconformidad permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. El Caracazo estalló por mucho menos que la tragedia nacional que hoy sacude a Venezuela. ¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la del 27 de febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como la que encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?
La creciente incorporación de altos rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esa zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y municipales en las fechas que corresponde.
En la lista de espera se mantienen militares que aspiran ser colocados al mando de lucrativos negocios que les permita un retiro confortable. Lejos de estar pensando en la solución de la actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte del problema que hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja puede considerar muy grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones de gobernadores y alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están subordinados les creen expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido de sables ni conspiración de Comacates (comandantes, mayores, capitanes y tenientes).
La Oposición no termina de capitalizar el descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta de constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis que ha sufrido. En lugar de concentrar su energía en salvar el RR, ahora promueven un juicio político por abandono del cargo contra un presidente que lo que está es aferrado al poder y lo que menos quiere es abandonar la silla presidencial.
Las excusas del oficialismo lucen cada vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe sin precedentes.
