Por Periodistas en español
Cuatro agencias de las Naciones Unidas pidieron este jueves 22 de octubre a la Cámara de Diputados de la nación mexicana que reforme leyes para prohibir los castigos corporales a que son sometidos los niños, niñas y adolescentes en los hogares, informa IPS.
La declaración de las agencias indica que «seis de cada diez menores de entre uno y catorce años han sufrido algún tipo de ‘disciplina violenta’ en sus hogares, una acción que provoca graves consecuencias en su desarrollo».
El texto fue suscrito por representantes de ONU Mujeres, del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Esas agencias subrayaron que «los actos violentos contra infantes y adolescentes suponen una violación de sus derechos humanos que sigue aceptándose y ejerciéndose en México».
Por ello, «la Cámara de Diputados cuenta con la oportunidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, a fin de prohibir el castigo corporal y humillante como método de crianza», indica la declaración.
El Senado de México aprobó por unanimidad el pasado 23 de septiembre un dictamen para que se reformen disposiciones de esa ley y del Código Civil, para prohibir de forma explícita el castigo corporal y los tratos humillantes contra las niñas, niños y adolescentes.
La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que «el castigo corporal y humillante tiene una prevalencia alta y preocupante. Más de 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes hasta catorce años son sujetos a agresión psicológica y castigo corporal en sus hogares».
Según dictaminó el Senado «debe quedar prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niños o adolescentes».
En el texto enviado a la consideración de los diputados se contemplan sanciones para los adultos responsables de castigos corporales y humillantes a los menores, «pero de tipo correctivo, no penal», aclaró Vázquez Mota.
En esta capital, y en los estados de Chiapas y Zacatecas, leyes regionales prohíben específicamente el castigo corporal a los niños, mientras que en 14 de las 32 entidades federales de México se contempla un «derecho a corregir», con excusas para el castigo con lesiones a los descendientes.
Las agencias de la ONU evocaron un informe de Unicef según el cual las probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado durante la niñez son 2,4 veces menores en los niños y adolescentes que padecieron castigos corporales rigurosos.
Si un niño sufrió algún tipo de «disciplina violenta», la posibilidad de que sea agresivo aumenta 1,6 veces, y los menores víctimas de constantes actos violentos en el seno familiar tienen más probabilidades de abandonar el hogar, vivir en la calle y padecer un mayor riesgo de abuso y explotación, según el informe.
Un estudio de Unicef con datos de 2018 mostró que en América Latina y el Caribe 64 por ciento de los niños y niñas menores de quince años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión emocional o castigo corporal).
Ello a pesar de que ese organismo, en una encuesta regional, encontró que solo 11 por ciento de los adultos consideraba al castigo físico como una herramienta adecuada para educar a los menores.
En diez países de América Latina y el Caribe se prohíbe legalmente el castigo físico de los niños, niñas y adolescentes.
