Por Alexander Medina* y Sulay García**
En Apure, estado llanero rodeado por sus pares Guárico, Barinas y Amazonas, la mitad de sus maestros trabajan en zonas rurales. Es decir, un poco más de 2.300 docentes se las ingenian en caseríos, localidades apartadas de las ciudades capitales de los siete municipios, para compartir sus conocimientos con cientos de estudiantes que cada día son menos debido a la alta tasa de deserción escolar que esta entidad sigue registrando, aunque no se reconozca en las estadísticas oficiales.
Ser maestro en un pueblo o comunidad rural del ya abandonado estado Apure es toda una proeza. Es ser cultor de la resiliencia.
Por ejemplo, ese es el caso de la maestra Elba Judith Garzón, docente VI de la escuela Simón Rodríguez, en la población de El Nula, en el municipio fronterizo José Antonio Páez.
Se encuentra en proceso de jubilación, cobraba 486 bolívares. El instructivo Onapre, que suprimió sus primas, la bajó a 374 bolívares.
Recientemente, en el mes de marzo, se ejecutó la migración de la nómina docente de la gobernación de Apure a la del Ministerio de Educación, y quedó en 360 bolívares.
Pero a la maestra Elba, como a todos sus colegas que habitan en esa zona fronteriza con el departamento colombiana de Arauca, la conversión de bolívares a pesos colombianos, moneda imperante en esa franja, le hace perder 4 dólares de su salario. Es decir, 360 bolívares son 14 dólares en Venezuela; pero son 54 mil pesos, que son 10 dólares en Colombia.
Con la migración, en febrero de este año, de los 4.422 maestros estadales al Ministerio de Educación, el salario se redujo hasta en 200 bolívares para docentes de mayor escala.
Según la dirigencia magisterial, significó la pérdida de más de 60 beneficios. Mientras, el gobernador apureño Eduardo Piñate, que materializó el cambio, defiende que los migrados reciben un bono de 30 dólares.
“¿Qué puedo comprar yo con eso para mantenerme quince días? Un litro de gasolina cuesta 4 mil pesos y si no tengo gasolina para la moto no me puedo trasladar”, se lamenta Elba.
La educadora, además, tiene que trasladarse unos 30 kilómetros, de ida y vuelta, de donde vive a la escuela en la que da clases.
Por ello, convino con los padres de los niños asistir solo dos días a la semana para evitar tanto desgaste.
“Claro, esos dos días que voy me dedico completo a los muchachos”, –manifiesta Elba. Dice tener unos 60 estudiantes de varios grados. Otra realidad que le toca sortear a los maestros rurales.
Otros héroes
Desde mucho antes de la pandemia, la mayoría de los 200 maestros rurales que trabajan en Valle Verde, Río Chiquito, Los Bancos, Cutufí, La Ramona y Ciudad Sucre, otras locaciones rurales del municipio Páez de Apure, no acuden diariamente a sus escuelas, revela la maestra Garzón.
Antes, permanecían toda la semana en estos vecindarios y retornaban a sus casas los fines de semana, pero ya ni ellos ni la comunidad pueden mantener esta modalidad.
Una maestra nivel cuatro, con 17 años de servicio, confiesa que va a su escuela cuando reúne dinero para el pasaje o le dan la cola. Ella vive en San Fernando, la capital de Apure, y trabaja vía Achaguas, en otro municipio, a una hora de camino.
“La realidad que estamos viviendo los maestros rurales es que el sueldo no nos alcanza, yo gano 7 dólares mensuales y trabajo a 60 kilómetros, tomo dos autobuses, gasto 5 dólares diarios en pasaje”, narra.
“Cobraba 305 bolívares, ahora 234, desde que nos pasaron al Ministerio de Educación”, añade.
Un docente de Elorza, cuyo nombre queda en reserva, dice que ya no dan colas en canoa por la escasez de gasolina y aceite. Esta localidad, capital del municipio Rómulo Gallegos, está en la frontera con Arauca, Colombia. Él trabajó en El Jobal y Puerto Infante, a cuatro horas por el río Arauca.
“El maestro tiene que ingeniárselas, ir a la escuela un día a la semana, una semana al mes”, asegura. “Me vine en 2010 porque a todos nos mandaron a desalojar la zona”, refiriéndose a la guerrilla en El Jobal, donde la escuela tiene siete años cerrada por falta de docentes.
Los maestros lidiaban con el transporte para llegar a El Jobal. “Sólo duraban una o dos semanas en la escuela hasta que cerró en 2017”, corrobora la lugareña Nely Díaz.
“La escuela está abandonada, más de 40 niños, hasta de 8 años, no saben ni firmar. Mi hermana y los consejos comunales informaron eso a las autoridades”, asegura Díaz.
Largas caminatas
Viajar de Elorza a Puerto Infante, La Rompía, Leche Miel, Mata Azul, Las Camazas, El Jobal, cuesta 50 mil pesos colombianos. Un docente nivel seis gana 54 mil pesos, esto son 360 bolívares.
“La realidad de nosotros aquí es muy dura”, agrega Yurvin Guerrero, maestra de la escuela Juan José Rondón Delgadillo de Puerto Infante. Ella vive en la zona, pero lejos del plantel.
“A las 6:00 de la mañana parto a mi escuelita y llego a las 7:15, le pido agua al vecino, lleno el tanque, limpio, lavo los baños y rastrillo el patio con los niños porque no hay bedel”, relata.
“En la época de invierno es fuerte porque caminamos hacia la escuela con el agua a la cintura, con mi niña mayor y mi bebé de dos años”.
Así que, más allá de las protestas que durante estos más de 3 meses han mantenido los docentes venezolanos, los padecimientos de los maestros de la periferia son parte de una profunda crisis educativa en el país.
Los anuncios desconcertantes del pasado 1 de mayo, por parte de Nicolás Maduro, confirman una vez más que al Gobierno es muy poco lo que le interesa lo que sufren los trabajadores venezolanos.
Con toda certeza, los detentores del poder político no tendrán idea, y mucho menos sensibilidad, para comprender y entender que en las zonas rurales y fronterizas también hay maestros de la resiliencia, de la esperanza y de la vida.
*Periodista. Subdirector de Radio Fe y Alegría Noticias. Miembro del Consejo de Redacción de la revista SIC.
**Periodista de Crónica Uno.
