Andrés Cañizález
El año 1999 fue pletórico de revisiones y discusiones de fondo sobre los problemas del país y los desafíos que debían afrontarse para solventarlos. Las ediciones de la revista SIC de aquel año, además, entendieron cabalmente que Venezuela, con el gobierno de Hugo Chávez –iniciado el 2 de febrero de 1999–, vivía una suerte de punto de inflexión histórico: se iniciaba sin duda una nueva etapa en la vida nacional y era necesario hacer balance de los cuarenta años anteriores. Cuando se revisan algunos de aquellos textos, en la actualidad, salta a la vista que Venezuela sigue adoleciendo problemas de fondo y que algunas de las discusiones sobre cómo afrontarlos hace década y media tienen plena vigencia para el país de hoy.
Javier Duplá tituló “Retos urgentes de la educación” un aporte suyo publicado en la edición de mayo de 1999 de SIC. La segunda mitad de los 90, revisaba el autor, había sido inédita en materia educativa ya que se había convertido este tema en asunto de discusión de buena parte de la sociedad: un año antes se había realizado la Asamblea Nacional de Educación, en enero de 1998, que fue el punto de llegada de un proceso que incluyó la consulta a 60 mil personas implicadas en el tema educativo y que terminó produciendo un Compromiso Educativo Nacional.
En el artículo de la revista, el jesuita, experto en temas educativos, sintetiza seis retos que califica de urgentes. El primero, sin duda, es de una vigencia alarmante: Incorporar los excluidos al sistema. Los niños sin acceso a la educación formal y los jóvenes sin oficio constituían el principal problema que debía afrontar con urgencia el sistema educativo de Venezuela. Para Duplá, la magnitud del problema convertía a este en un desafío de toda la sociedad y no solo en un asunto del gobierno. El segundo reto fue planteado así: Remodelar el sistema educativo de acuerdo con criterios de justicia y atención a las mayorías. El asunto no es solo discursivo, sino político y presupuestario, ya que según el autor era necesario priorizar la educación preescolar y básica, y colocarla en el tope de las prioridades educativas. Un desafío que ha estado permanentemente en boca de expertos en educación: extender a doscientos días efectivos el año escolar. Ni se alcanzó a fines de los 90, después de todo el proceso de reflexión que hubo, ni en los 16 años de gobiernos de la llamada revolución bolivariana.
Asimismo, el artículo esboza la necesidad de que haya una mayor inversión presupuestaria en educación y que, además, el manejo del presupuesto en educación sea transparente. Otro reto planteado, que sigue teniendo vigencia hoy: Hacer atractiva la profesión docente, para que los buenos talentos se hagan educadores. El quinto y el sexto desafío, según Duplá, pasaban por contar con una comunidad organizada en torno a la escuela, y por la organización de los maestros y profesores para promover discusiones amplias sobre la educación y no exclusivamente para la defensa de las reivindicaciones salariales. A su juicio, plasmado en 1999, era necesario que las organizaciones del sector encabezaran las discusiones sobre la calidad educativa, por ejemplo, y entendieran cabalmente su rol en mejorar la educación en todo sentido.
Si bien el artículo reconocía que la aprobación de una nueva carta magna, que se discutía entonces, debía reformular aspectos como la visión de una Constitución manejada principalmente por el Estado, el autor sostenía que en educación más que leyes se requerían hombres y mujeres nuevos que llevaran adelante decisiones realmente innovadoras y que la educación pasase a ser –efectivamente– una prioridad no solo para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad.
