Nelson Freitez
Uno de los más dolorosos saldos en el ciclo de protestas que se experimentó en el país entre abril y mayo del presente año fue la alta letalidad que afectó a los manifestantes, por el uso desproporcionado de la fuerza de organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares en coordinación con éstos. Alrededor de 157 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas; una proporción significativa de éstas con disparos de armas de fuego en el tórax, cuello y cabeza, en hechos ocasionados cerca de sus zonas de residencia con armamentos empuñados por efectivos militares y por civiles armados que se desplazaban en coordinación con los entes militares.
Estos hechos no resultaron acciones aisladas y excesivas de funcionarios que sobrepasaron las órdenes y los protocolos nacionales e internacionales establecidos para la contención y represión de manifestaciones públicas. Configuraron un “patrón sistemático” cuya forma de realización se repitió en todos los lugares en los cuales se efectuaron protestas en los 4 meses señalados, tal como lo documentó el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH presentado recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo multilateral. Es de tal gravedad lo señalado por este informe que expresa “Mi investigación sugiere la posibilidad que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad” con el objetivo de “…reprimir la disidencia e infundir miedo”. Los asesinatos de civiles desarmados, las detenciones arbitrarias con maltratos y torturas a los manifestantes, su juzgamiento en tribunales militares, las múltiples agresiones a más de un centenar de urbanizaciones, los robos a quienes protestaban, son hechos que no han sido investigados por el Ministerio Público y sus responsables no han sido imputados para que sean juzgados y sancionados por los delitos cometidos.
Las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la República sobre estos eventos hasta el mes de julio del presente año fueron engavetadas y las actuaciones de los órganos del Estado responsables, apuntan a evadir la investigación e imputación sobre quienes ordenaron y ejecutaron esos graves hechos. De tal manera que se ha generado un manto de absoluta impunidad, definida tal como lo señala la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
La investigación del conjunto de estos eventos debe empezar por la evaluación del Plan Zamora que fue aplicado por las fuerzas armadas y su teoría de la “guerra de todo el pueblo” y “del enemigo interno”. Establecer con claridad si en la fundamentación de este Plan se contemplaba que militares y civiles armados actuaban coordinadamente para contener y reprimir manifestaciones, tal como evidentemente se orientó la acción represiva en el lapso señalado, buscando legitimar públicamente la presencia de grupos paramilitares en el despliegue de la represión, incluso desplazándose desde cuarteles militares como ocurrió en la sede del Comando Regional No 4 de la GNB en la ciudad de Barquisimeto el fatídico 11 de abril.
Interesa igualmente conocer si en las bases de la doctrina militar de la fuerza armada, los manifestantes en las calles configuran parte del “enemigo interno” y por tanto sobre éste puede y debe emplearse un uso intensivo y desproporcionado de la fuerza como modo planificado de defender al Estado. A costa de violar su derecho a la vida, torturarlos y agredir sus lugares de residencia con la mayor impunidad. Sin embargo, todos esos delitos no prescriben y ya se están activando instancias multilaterales para investigar y sancionar internacionalmente los graves delitos que cometió este personal militar y los grupos paramilitares que coordinaron.
