En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la Campaña por la Hospitalidad se hace eco de las numerosas situaciones de movilidad forzada que acontecen en nuestro continente y llama a poner a las personas en el primer lugar, reconociendo su dignidad y atendiendo sus necesidades en cumplimiento con los DDHH y los acuerdos internacionales en materia de refugio y desplazamiento. Nuestra región está viviendo profundos cambios sociales y políticos que reconfiguran las causas de los desplazamientos forzados y exigen renovada atención y acción. Queremos visibilizar algunas de las múltiples situaciones de amenaza latente o abierta que viven muchas personas.
Pese a los avances en el proceso de paz, en Colombia las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario no cesan. En el Magdalena Medio (Sur de Bolívar) los enfrentamientos entre grupos armados en búsqueda del control territorial y de la explotación minera multiplican los riesgos de desplazamiento. Al mismo tiempo, las políticas económicas orientadas al extractivismo perjudican directamente la vida de las y los habitantes de la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica. Por otro lado, en la frontera colombo-venezolana las repatriaciones masivas de colombianos desde Venezuela evidencian violaciones de derechos por parte de las autoridades de ambos países. Mientras el Estado Venezolano ha restringido el acceso al refugio y ha adelantado una campaña de deportaciones, el Estado Colombiano no logra dar una respuesta adecuada a los miles de connacionales forzados a regresar al propio país en condiciones indignas.
Los Estado cada vez reconocen menos el estatus de refugiado. En la última década más de 250.000 personas, mayoritariamente de nacionalidad colombiana, han huido de sus países hacia Ecuador. Este país registra la mayor cantidad de refugiados reconocidos de Latinoamérica, aunque sólo 56.000 hayan logrado obtener el estatus de refugiados, entre las aprox. 175.000 personas que lo han solicitado. Sin embargo, las dificultades no cesan con el reconocimiento del estatus: muchas personas refugiadas experimentan el rechazo y varias formas de discriminación en la sociedad que les recibe.
En Centroamérica, y especialmente en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la diferencia entre migrantes económicos y refugiados es cada vez más borrosa debido a la profunda violencia difundida en la zona, que se añade a las razones económicas y a la reunificación familiar como motivo para dejar el propio país. Durante los últimos años el número de solicitantes de asilo y de refugiados provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras ha crecido significativamente. De 2009 a 2013 las solicitudes aumentaron el 130% (según UNHCR Global Trend 2000- 2013), mientras que en 2103 se registran 18.577 refugiados del triángulo norte centroamericano. Como señaló en 2012 el Representante de ACNUR en Mesoamérica, esto no es normal para una región “supuestamente” en paz. Especial atención requieren los grupos más vulnerables, como las y los menores no acompañados. Dos investigaciones de ACNUR (Julio 2014 y Noviembre 2014) muestran que el 58% de los menores interceptados en EUA tienen necesidad de protección internacional y un 48.6% de las y los alojados en estaciones migratorias en México manifiestan haber salido por causas relacionadas con la violencia y la inseguridad.
Los marcos jurídicos e institucionales de México y Estados Unidos no reconocen el derecho al asilo y al refugio de las personas que huyen por violencia generalizada. Entre el 2006 y el 2013, Estados Unidos aprobó sólo el 15,5% de las peticiones de asilo de nacionales salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. En 2013 México aceptó solo el 23,5% de las solicitudes de asilo presentadas por personas procedentes de estos países (Estadísticas COMAR, 2013).
Los procedimientos de control migratorio, intercepción, detención y deportación suponen graves vulneraciones del derecho a la protección internacional (principio de no devolución). Al no detectar adecuadamente las posibles necesidades de protección, se deja en extrema vulnerabilidad a aquellos centroamericanos y centroamericanas que hayan experimentado violencia o amenazas específicamente dirigidas a sus personas en los países de origen.
Los flujos de migración forzada llegan también hacia el sur del continente. En poco más de una década Chile ha más que duplicado el número de extranjeros residentes, sin contar a las personas que están en situación irregular. La violencia en Colombia impulsa a la población de la costa pacífica y de Buenaventura, mayoritariamente afro-descendiente, a buscar un nuevo rumbo vital hacia el sur. Lamentablemente el Estado de Chile no está atendiendo los compromisos internacionales ratificados y en la frontera chileno-peruana el 90% de las solicitudes de refugio son rechazadas. Cerrar las fronteras termina por generar redes de tráfico, trata de personas, aumentando su vulnerabilidad.
Solicitamos que los Estados cumplan activamente sus deberes de protección hacia las personas refugiadas y desplazadas, impulsen medidas que favorezcan su integración social, fomentando una cultura de la hospitalidad, de la paz y de la reconciliación.
En particular instamos a que se pongan en marcha medidas que favorezcan:
- Un acceso más amplio y ágil al procedimiento de solicitud de refugio, el reconocimiento de las nuevas causales de refugio, y la celeridad de su resolución.
- La protección de las y los niños, adolescentes y jóvenes especialmente vulnerables a las dinámicas ilícitas o en riesgo de reclutamiento forzado.
- El acceso de las víctimas colombianas que se encuentran en situación de refugio y necesidad de protección internacional al Registro Único de Víctimas que les permite comenzar su proceso de reparación integral.
- El acceso de las víctimas de la violencia a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, independientemente del lugar en el que se encuentren, aún si deciden continuar su vida en el país de acogida.
- El acompañamiento para superar los traumas ocasionados por la violencia padecida.
- El acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al trabajo en condiciones dignas.
Implementar estas medidas es fundamental para que la protección a la cual las personas refugiadas y desplazadas tienen derecho se haga realidad. Sin embargo no son suficientes si no se fomenta una cultura de la acogida y del respeto que impregne a toda la sociedad y lleve a relaciones equitativas y justas para cualquier persona, con independencia de su origen social, étnico o nacional.
Por eso afirmamos que la dignidad de las personas debe estar en el primer lugar y que las políticas y las actitudes de hospitalidad son la mejor garantía de protección para las personas refugiadas y desplazadas.
El 20 de junio, y siempre, ¡pon a las personas primero!
