Francisco José Virtuoso
La sentencia contra Leopoldo López, emitida el jueves 10 de septiembre, es injusta. Para todos aquellos que quieran aplicar la razón, es claro que no ha habido lo que en derecho se conoce como un “debido proceso”, y que la sentencia no hace más que reproducir una decisión política tomada por el Gobierno desde el mismo momento de su entrega.
Muchos analistas en el ámbito jurídico han señalado con propiedad las fallas del juicio, y voceros de organismos internacionales como la ONU, OEA, la Unión Europea y hasta la propia Unasur, han mostrado su consternación por la dureza de esta sentencia, por lo cual piden que rápidamente sea publicada en su integridad, para estudiar los argumentos que sirvieron de base para la emisión del veredicto.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró consternado por la “dura sentencia” que se le impuso al dirigente del partido Voluntad Popular. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aboga por el respeto a la disidencia como base fundamental del fortalecimiento de una cultura democrática de libertades civiles, que no debe ser sancionada con la privación de la libertad, salvo en casos demostrados de violación del orden constitucional. Por su parte, desde la Unión Europea voceros autorizados afirmaron textualmente “los juicios contra el señor Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, y los cuatro estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martín y Ángel González no han proporcionado a los acusados las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal”.
Esta sentencia, por injusta y arbitraria, hace un terrible daño a la sociedad, porque contribuye a crispar la polarización existente, exaltando los odios y el rechazo entre chavismo y oposición. El gobierno pretende unificar a sus partidarios presentando a Leopoldo López como el mayor enemigo interno de la revolución, causante de muertes, incendio, instigador contra la ley y el gobierno. Su condena es la respuesta de la revolución que se defiende y castiga a todos aquellos que intentan derrocarla. Para quienes se identifican con la oposición política, la sentencia cierra puertas para el entendimiento y la posibilidad de diálogo, es imposible establecer acuerdos con quien se empeña en destruirte abusando del poder y de la fuerza. De esta manera se profundiza un abismo en la sociedad, un muro infranqueable que conduce inevitablemente al enfrentamiento. Desgraciadamente ese es el mensaje que intenta vender la sentencia.
Oscar Schemel, analista de opinión que goza de la confianza del Gobierno, señaló recientemente que quien va ganando en este momento en el país es el descontento. Lamentablemente coincido con él. Sólo que matizaría los siguientes elementos: más del 80% de la población señala en las encuestas su profundo malestar con la situación económica y social que padece el país, con la incertidumbre sobre cómo vamos a salir de esta situación. Hasta aquí de acuerdo con Schemel. Sin embargo, hay que agregar que ese malestar se hace más profundo cuando se comprueba que se pretende disfrazar esos grandes problemas con falsas batallas creando enemigos internos y externos imaginarios, fantasmagóricos, supuestos causantes de los problemas que nos aquejan.
La oposición no ha pisado el peine que esta sentencia busca, que es caer en la desesperanza y en la búsqueda de salidas radicales, agudizando el conflicto. Todo lo contrario, el mismo Leopoldo ha llamado a unificarse en torno a la salida electoral, convirtiendo el próximo 6 de diciembre en una expresión institucional y democrática de manifestación de rechazo a esta forma de gobierno.
