La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exhorta a las instituciones del Estado a respetar la cultura y tradiciones indígenas al momento de dar tratamiento jurídico a las demandas de sus derechos como pueblo.
El argumento de los niños y las niñas Yukpas usadas como “escudos humanos” que obstaculizaban las actividades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recomendación de ser devueltos al “ambiente propio de su cultura” está en el centro de un proceso judicial actualmente en curso en contra de los propios indígenas Yukpa y las organizaciones sociales PROVEA y Homo Et Natura. Esto refleja las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos que se imponen a los pueblos indígenas y la no comprensión de su cultura por parte de las instituciones del Estado. Dicha situación pone de manifiesto las dificultades prácticas para la aplicación de la jurisdicción indígena en la construcción de un Estado pluriétnico y multicultural, necesario para garantizar sus derechos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El resultado es una actitud que reproduce el racismo y la colonia, lo cual resulta incoherente en términos del esfuerzo sostenido que institucionalmente viene haciendo el Estado en favor de los pueblos indígenas.
Los niños y las niñas Yukpa corren muchos más riesgos en su comunidad a merced de sicarios, cuyas actuaciones han sido reiteradamente denunciadas por los indígenas. Llama la atención que ante esta situación ningún fiscal ha declarado el estado de vulnerabilidad, que sí tienen y han tenido los niños y las niñas indígenas cuando en sus comunidades entran sujetos armados a “cazar caciques” y “a matar indios rebeldes”. Tampoco han actuado cuando el cerco de los sicarios ha impedido que niños y niñas enfermas puedan ser llevadas a centros asistenciales. Sus padres y madres no pueden dejar abandonados a sus hijos e hijas cuando deben protestar por sus derechos y el de todos los pueblos.
La situación que movilizó y sigue movilizando, legítimamente, a los Yukpa es la defensa de la vida. Vinieron a Caracas para que los vean, sepan quiénes son, se conozcan sus problemas y para que las instituciones de todo tipo escuchen sus demandas y generen acciones para mejorar sus condiciones. En reiteradas ocasiones en los últimos años han pedido que demarquen su territorio y saquen a los hacendados de allí para que no sigan colocándoles en riesgo. Ante el TSJ pedían celeridad en lo relativo a un amparo introducido por el caso Sabino Romero y Alexander Fernández; este último murió meses después de su liberación asesinado en manos de sicarios, el 22 de junio de 2012.
Entre las culturas indígenas, lo político es un ámbito de participación colectiva de todas y todos los miembros de la comunidad, y eso incluye tanto a ancianos y ancianas como a niños y niñas. Los ancianos y las ancianas aportan su experiencia y la sabiduría de sus ancestros, mientras los niños y las niñas se están entrenando en su vinculación con los asuntos comunitarios. Éste es un modelo de democracia participativa y defensa de los derechos humanos que es autóctono de nuestras tierras y que en estos tiempos de transformación social tiene suma importancia como ejemplo de compromiso y vida social. Estas acciones están amparadas por la normativa vigente en materia de derechos de los niños, las niñas y adolescentes “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y creencias (…) especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas o indígenas”, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y reiterado en el artículo 10 de la Ley para la Protección de las Familias, en el artículo 5 del Convenio Nº 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y los artículos 99 y 100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El acompañamiento social de individualidades y organizaciones sociales a la lucha indígena es una acción fundada en la solidaridad y la obligación y deber de todos y todas de defender y promover los derechos humanos, la cual apoya la visibilización de aquellos conflictos sociales, cuya atención y solución contribuye con la construcción de una patria libre y soberana, respetuosa de los derechos humanos. Organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Sociedad Homo Et Natura apoyaron la solicitud de comunidades Yukpas a ser escuchados por el máximo tribunal (TSJ); en tanto, están haciendo un ejercicio legítimo de sus derechos y deberes de solidaridad.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exhorta a las autoridades judiciales a comprender que especialmente en materia indígena no son suficientes las buenas intenciones. Una política pública intercultural, incluido el ámbito judicial es un compromiso político de inclusión social que requiere formación y experticia en la materia indígena para contribuir en la generación de acciones respetuosas de los derechos, así como la obligación de los funcionarios y las funcionarias del sistema de administración de justicia de conocer la cultura indígena y capacitarse para administrar justicia. Las contradicciones mencionadas nos muestran la delgada línea que puede transformar una acción pretendidamente liberadora en una acción que reproduce la colonialidad y sus relaciones de poder.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se solidariza con las comunidades indígenas, especialmente con el pueblo Yukpa y las organizaciones PROVEA y Homo Et Natura, hoy injustamente amenazadas.
