Andrés Cañizález*
El país ha estado en lo que parece una transición inacabada, una suerte de permanente revisión y ajuste, y también reacomodo, en el sistema institucional. La palabra transición se ha usado en estos años del chavismo como promesa (el cambio de lo viejo a lo nuevo) y como maldición (si dejamos el poder vendrá el caos). Lo cierto del caso es que se ha tenido poco espacio para el sosiego social e institucional, desde que la revolución bolivariana se instauró en el poder.
Una gran promesa de cambio del chavismo fue impulsar y aprobar una nueva Carta Magna para Venezuela. Desde esa metamorfosis primigenia lo que ha venido luego es una larga e inconclusa transición, al punto que una serie de leyes que debían completar la letra constitucional sencillamente nunca se discutieron y con el paso de los años el propio Hugo Chávez hasta impulsó reformas de la Carta magna con el fin de prolongar su paso por el poder.
En la edición de la revista SIC de septiembre-octubre de 2000 escribía Laureano Márquez en su columna de humor que “Una constitución que no llega al año y ya no le sirve al gobierno, nació moribunda, pues, para usar una expresión transitoria”. Y esto venía al caso por el debate que el propio chavismo alimentaba críticamente en aquel momento en torno al papel de la sociedad civil en la elección de los poderes públicos (Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera). Era un contrasentido porque justamente aquellos que en 2000 cuestionaban el rol de la sociedad civil, un año antes habían votado de forma unánime por incluir a las organizaciones no gubernamentales en la letra constitucional.
Por su parte en el editorial de aquel número del año 2000, el Centro Gumilla titulaba “Seguimos en transición”. En ese texto se fijaba una posición de meridiana claridad que ayudaba a explicar lo que había ocurrido meses antes: “En los procesos de transformación política la legitimidad precede y abre el camino a la legalidad”.
Debe recordarse que sin darle una carta blanca al triunfante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, la revista SIC había cuestionado de forma sistemática y razonada el fracaso del modelo de conciliación de élites, como se le llamó de forma insistente en las páginas de esta revista al sistema que tuvo como cabezas visibles a los partidos Acción Democrática y Copei.
“Cuando hablábamos de la pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales nos referíamos claramente a la credibilidad y aceptación de los mismos como intermediarios y representantes de la acción política. Percibíamos que los intereses particulares superaban el interés colectivo. Continuaron siendo legales, pero perdieron la legitimidad del consenso ciudadano”, razonaba el editorial en septiembre-octubre de 2000, ubicando en perspectiva la crítica al bipartidismo que había sido habitual en SIC.
Para que no quedaran dudas sobre la independencia de SIC, en ese mismo editorial se hacía un cuestionamiento al presidente Chávez, aunque se reconocía su capacidad de visibilizar a los más pobres de Venezuela: “No es de extrañar que el pueblo sienta cercanía con Chávez porque, ciertamente, expresa el sentimiento popular. Pero es ÉL y no el pueblo el que se expresa”. El editorial le alertaba al jefe de Estado: “Mantener las estructuras de poder centralizado y excluyente cambiando la música de fondo, es ignorar la lección dura de la historia”.
Para la revista SIC el nuevo tiempo que se abría, tras la clara ratificación de Chávez en las elecciones generales realizadas en 2000 (en las que obtuvo el 59 por ciento de los votos), era una transición en la que se reconociera el carácter plural y diverso del pueblo y a “pensar en el país como compromiso de todos”.
La transformación que clamaba Venezuela, según SIC, apuntaba a descentrar el poder, a consolidar un modelo de “poder compartido”, tras los años de los arreglos cupulares de AD y Copei, desintonizados de las necesidades populares. Alcanzar dicho modelo sigue siendo un clamor, dieciséis años después.
*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
