Por Alfredo Infante, SJ *
En pleno contexto pandémico estamos presenciando el avance arrollador del Gobierno en su pretensión de implantar el llamado Estado Comunal, el cual aniquila -por la vía de facto- los espacios de participación democrática, tanto social como política, y atenta contra los principios y valores de la Constitución, discriminando y excluyendo de los derechos fundamentales a la mayoría de la población.
El reciente informe del Fondo Monetario Internacional es alarmante: estamos por debajo de Haití en los índice de pobreza y nuestra economía seguirá cayendo este año, y mientras todos los países adelantan políticas concertadas de vacunación para salvar la vida de la población ante la violencia del virus, en Venezuela los ciudadanos se mantienen en la incertidumbre y la desinformación, sin políticas claras, y las pocas vacunas que han llegado se han aplicado a las élites gubernamentales. No nos cabe la menor duda que de esta desgracia que vivimos sólo podremos emerger en corresponsabilidad, para lo cual es urgente volver a la senda constitucional, a nuestro pacto fundamental.
En un foro virtual organizado la semana pasada por el portal informativo Analítica [1], el abogado y doctor en Derecho, Allan Brewer Carías, advirtió que el Estado Comunal –que impulsa el Gobierno a través de varios instrumentos jurídicos, incluyendo la reciente Ley Orgánica de las Ciudades Comunales (aprobada en primera discusión, a mediados de marzo, por la Asamblea Nacional chavista)– representa la “desconstitucionalización del Estado” por tres razones básicas: niega el pluralismo político, al ser un Estado de socialistas para socialistas; desaparece la democracia representativa nacida del sufragio y se instaura un centralismo férreo que niega la descentralización del poder, cuya base son los municipios y estados, creando una estructura de pseudo participación por la vía de agregación comunal, a la que se le llama poder popular.
Brewer Carías apuntó que la Ley de Ciudades Comunales es “una pieza más en el marco de una estructura política” que viene promoviendo el poder desde hace más de una década. Haciendo memoria, el jurista recordó que, con el control de la Asamblea Nacional en 2005, la revolución socialista avanzó de manera contundente en el control del resto de los poderes del Estado que no son de elección popular y pretendió reformar la Constitución para introducir el Estado comunal en nuestra carta fundamental; y ante el rechazo en la urnas por parte del soberano, en diciembre de 2007, fue imponiendo por la vía de leyes habilitantes lo que la sociedad había denegado. Brewer, quien fue corredactor de la Constitución de 1999, aseguró:
En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional electa en 2005 (…) procedió atropelladamente, en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, a implementar mediante ley, lo que el pueblo había rechazado mediante referendo, sancionando las Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular, las Comunas, el Sistema Económico Comunal, la Planificación Pública y Comunal y la Contraloría Social (…) Con estas leyes, en consecuencia, se definió inconstitucionalmente el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que se denomina ‘Estado Comunal’, mediante el cual, entre otras cosas, se adopta formalmente al ‘Socialismo’ como doctrina oficial pública, impuesta a los ciudadanos para poder participar y montado sobre un sistema político centralizado para el ejercicio del poder.
Hoy, cuando nuevamente el partido de Gobierno controla la AN, se ha retomado el marco jurídico inconstitucional del Estado Comunal y el Ejecutivo Nacional avanza en su implementación. Para hacerla efectiva, una de las estrategias previas ha sido perseguir e ilegalizar a los partidos políticos más emblemáticos, comprar militantes y erosionar la credibilidad de los mismos. Así lo plantea el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de ruta que ha presentado la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida, y que desde el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco estamos impulsando [2]. En el segundo de sus 10 principios, titulado “Hay garantías para la participación ciudadana”, el documento advierte que “muchos partidos u organizaciones políticas han sido víctimas de la cancelación de su registro e incluso de la entrega de sus posiciones directivas a personas contrarias a sus intereses y de la usurpación de sus símbolos y tarjetas”.
Estamos, pues, ante un poder autocrático que tiene el objetivo de demoler la Constitución, el acuerdo social que fundamenta nuestro Estado de derecho, al cambiar a su medida las reglas de juego y atentar contra la cultura democrática, cuya esencia es la participación social y política. Tal y como reza el Decálogo, “la participación política es la esencia de la democracia (arts. 5, 6, 62, 63, 67, 70 y ss. CRBV). Para hacerla efectiva es necesario contar con partidos políticos que promuevan la participación de los ciudadanos en la vida democrática, faciliten las relaciones entre el Estado y la sociedad y articulen la lucha por acceder al poder para desarrollar un programa”. Queda claro entonces que, dentro del Estado Comunal, los partidos (como vehículos de participación política y pluralidad), los municipios y estados (como instancias descentralizadas del poder) y las organizaciones sociales autónomas están amenazadas y excluidas. En otras palabras, la llamada “democracia participativa y protagónica” que se invoca en el Estado Comunal es un fraude constitucional que aniquila los derechos políticos de los ciudadanos.
Es urgente articular un movimiento en defensa de la Constitución de 1999, que revoque la pretensión arbitraria de implantar el Estado Comunal, entendiendo que si este proyecto de control social y político sigue su curso, se profundizarán nuestros males, porque solo serán considerados venezolanos los que digan amén al poder de facto. [3]
Estamos en tiempo Pascual, pascua significa “paso”, tránsito de la esclavitud a la libertad, de masa desarticulada a pueblo organizado, del servilismo al servicio, de condiciones de vida menos humanas a más humanas y, existencialmente, del triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, porque el Padre, al resucitar a su hijo Jesucristo, nuestro hermano, nos revela que la corresponsabilidad en el amor, la fraternidad humana, es el camino de la verdadera vida. ¿Nos atreveremos, ante tanta muerte, a ser signos de la Pascua del Señor?
*Párroco de la Parroquia “San Alberto Hurtado”, La Vega, parte alta. Coordinador área DDHH de la Fundación Centro Gumilla.
Notas:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Mc6oYINbZn0
[2] Te invitamos a leer y compartir el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia. Decálogo para la acción, disponible en: https://elucabista.com/wp-content/uploads/2020/11/Derecho-a-vivir-en-democracia-Decalogo-para-la-accion.pdf
[3] El martes posterior a la publicación original de esta columna, el portal Últimas Noticias, reseñó: “AN aprueba en primera discusión Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional” (13 abril 2021). Disponible en: AN aprueba en primera discusión Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional | Últimas Noticias (ultimasnoticias.com.ve)
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco. 02 al 08 de abril de 2021. N° 97. Disponible en: 📢 Signos de los Tiempos N° 97 (02 al 08 de abril 2021) (mailchi.mp)
