Marino Alvarado
Provea
El caso del sindicalista Rubén González merece un análisis especial desde el punto de vista de la administración de justicia. Dos caras de un mismo problema.
Nunca debió iniciarse ese proceso judicial que duró cinco años y que causó graves daños y perjuicios al sindicalista, su familia y la organización sindical que dirige Sintraferrominera.
Dicho juicio como quedó claramente demostrado tuvo una finalidad política. En su primera fase en los tribunales del estado Bolívar, se instrumentalizó la administración de justicia contrariando no solo la Constitución sino los principios con los que debe actuar cualquier profesional del derecho.
La abogada Magda Hidalgo para ese momento (2009) jueza el Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz en complicidad con la abogada Fátima Urdaneta fiscal del Ministerio Público amañaron el expediente de una manera tan vulgar que la propia Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tuvo que admitir que existían innumerables irregularidades.
Con crueldad y carentes de todo humanismo la confabulación de esas dos funcionarias condujo a que fuese condenado a siete (7) años, seis (6) meses, veintidós (22) días y doce (12) horas de prisión.
La actuación de esas dos abogadas es un ejemplo emblemático de la inmoralidad con la cual actúan algunas personas en el Sistema de Administración de Justicia del país.
Rubén González fue solo una de las tantas víctimas que han estado o están tras las rejas por montajes realizados en expedientes. Pero también por esa misma inmoralidad cuántas personas involucradas en corrupción o en otros delitos graves no han sido absueltas a pesar de existir pruebas fehacientes para establecer condenas.
Pero el caso del sindicalista es más preocupante porque se utilizó el sistema de justicia para colocarlo al servicio de una parcialidad política que necesitaba en una coyuntura determinada sacar del camino a una persona que le resultaba incomodad para los propósitos que se había trazado. Un precedente peligroso que pudiera repetirse a futuro.
Ese mismo juicio mostró otro rostro de la administración de justicia. El rostro de la honestidad y el profesionalismo de algunas funcionarias cuando luego de anulado el juicio, se reinició en la ciudad de Caracas.
Con mucho respeto a Rubén y a quienes fuimos sus abogados las fiscales que actuaron en el caso y la Jueza garantizaron en todo momento el debido proceso, no sabemos si en algún momento recibieron presión por parte de integrantes del gobierno para que nuevamente se condenara a Rubén. Pero quedó tan evidenciado en el juicio que no había nada porque inculparlo que las fiscales y la jueza hicieron justicia.
Así como hemos sido críticos en señalar hechos de corrupción en la administración de justicia, debemos reivindicar la otra cara de la moneda. Es verdad que nos referimos a un caso específico pero que por lo emblemático no puede pasar desapercibido.
La justicia en esta ocasión mostró el rostro que siempre debería tener.
