La Conferencia Episcopal Venezolana publicó el pasado viernes 23 de junio una Exhortación Pastoral memorable, como lo fue la anterior, que puede leerse completa en el número 857 de la Revista SIC.
No repetiremos lo que ya dicen los obispos con toda claridad y para todo entendimiento. Solo haremos un par de comentarios:
Primero, los obispos recogen el cansancio popular con lo que ya parece un proceso demasiado largo, demasiado lento dada la pavorosa situación en que se encuentran las mayorías populares en materia de ingreso, educación, sanidad, agua y luz. En ello los obispos coinciden con alguna encuesta que ha circulado ampliamente por las redes.
La solución de algunos de estos problemas constituye antes que nada un asunto político, como indican los mismos obispos. No sería sensato convocar elecciones sin tener un CNE y un TSJ que ofrezcan garantías objetivas de que no habrá inhabilitaciones ad hoc, de que los votos se contarán exactamente y de que se publicarán con todo detalle. Una reinstitucionalización básica es precisa antes de votar, para que la voluntad popular no sea torcida y el gobierno adveniente cuente con una legitimidad genuina basada en las urnas. Las prisas en torno al nombramiento del nuevo TSJ, previsto para mediados del próximo diciembre, parecen ir en esta línea. Ojalá resulten en un poder judicial fiable para todos, y no en una nueva frustración.
Sin embargo, parte de los problemas que más afectan a la población admiten un ponerse en camino administrativo que las autoridades encargadas pueden ir asumiendo. Hay daños tan estructurales a los servicios públicos que no estarán resueltos antes de la reinstitucionalización política básica requerida para unas elecciones libres y justas. Pero eso no significa que no deba comenzarse ya a abordarlos. Los obispos mencionan un pacto educativo nacional, por ejemplo, que no necesita esperar a elecciones. El gobierno puede llamar a todos los actores presentes en la vida educativa venezolana para encontrar términos de un acuerdo que ir implementando ya, sin esperar meses a que otros aspectos estén resueltos.
Algo semejante puede decirse de las inversiones requeridas en luz, agua y sanidad. Sea cual sea su posición política, nadie se quejará de que, yendo al alza el ingreso petrolero, ello se traduzca en la m´`áxima inversión posible para que en el interior del país la luz no se vaya horas cada día, y en todo el país el agua corriente no falte días cada semana. No hay que hablar, la gente ya no cree las palabras: hay que hacer. Es un hacer administrativo que corresponde al Estado y no necesita esperar los tiempos de los procesos políticos. Otro asunto que no necesita esperar es el de los presos políticos: si se han podido liberar físicamente cientos y cerrar muchos procesos sin cambiar las instituciones judiciales, se puede acabar el trabajo y liberar plenamente a todos de una vez.
El segundo punto que queríamos comentar se refiere a los diversos roles que los obispos asumen para la Iglesia católica en estas circunstancias. Sean cuales sean las debilidades y limitaciones de la institución eclesial en Venezuela, lo cierto es que ninguna otra organización de carácter no-político (que no es Estado ni partidos) tiene presencia en todo el territorio nacional con vocación y voluntad de servicio público.
Los apartados a, b, d, e, f, g y h del punto 13 de la Exhortación contienen misiones que involucran a toda la institución eclesial en Venezuela o a parte de ella, como protagonista directo o en apoyo del liderazgo laico.
La Iglesia católica ha desempeñado un papel importante en los procesos de reconciliación de muchos países latinoamericanos con grandes conflictos políticos. Una parte de ese rol puede entenderse como mediación para el acuerdo a petición de las partes enfrentadas. No parece ser el caso en Venezuela, donde la mediación está realizándola una potencia que declaradamente tiene intereses gepolíticos y económicos en el juego. Quiera Dios que salga bien. Sin embargo, contar con alguien que, sin pretender poder político ni económico, llevara las voces plurales de la población tal como se escuchan por todas las parroquias católicas país, constituiría un añadido importante para que los acuerdos políticos reflejaran sentires más allá de los políticos y fueran luego mejor recibidos.
Pero no es ese el objeto de este segundo comentario, porque la mediación política requiere la voluntad de todas las partes, y si no la hay, no la hay. Queremos centrarnos más bien en los puntos 13.a y d. He aquí algo que va a tener que ser realizado, por una vez, de manera seria y completa, para que el proceso político no cojee en el futuro. Hay que escuchar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, y también a los victimarios arrepentidos de haber causado sufrimiento ilegítimo.
Este es precisamente un asunto en que el protagonismo no lo pueden llevar ni el Estado ni los partidos. Se levantarían los fantasmas del miedo y la manipulación política, que fácilmente darían al traste con los efectos sanadores de la reconciliación sobre el tejido social y el futuro de la convivencia. El rol de la Iglesia, presente en todo el país, interesada más en las personas que en otros aspectos, puede ser decisivo.
En la Exhortación de los obispos se encuentran los elementos básicos (vicarías episcopales, parroquias) para ir organizando la escucha y documentándola con vistas al momento en que se lance un proceso formal de verdad y reconciliación. Y luego en ese proceso, los diversos agentes de pastoral, clero, religiosas, catequistas, laicos comprometidos…, deberán ofrecerse por la vía de sus diócesis para que no quede un rincón del país, no importa lo pobre ni lo alejado, en que falten las oportunidades para la escucha y la reconciliación.
Este será un gran servicio, a la vez humanitario y cristiano, de la Iglesia católica al futuro de Venezuela.
Raúl González Fabre, SJ.
Director de SIC.
