Félix Gerardo Arellano*
Diversas circunstancias hacen parte de la complejidad del caso venezolano, entre otros, problemas en la formulación y aplicación de la estrategia, la deficiente coordinación de todos los actores involucrados en el esfuerzo del cambio y, por otra parte, no podemos menospreciar la acción del gobierno bolivariano, que, recurriendo a la clásica fórmula de la división de los contrarios, tanto en el plano interno como internacional, está logrando su consolidación en el poder.
Sin pretender realizar una evaluación exhaustiva y concentrando la atención en las principales acciones que sobre el caso venezolano se han adoptado en el contexto multilateral, debemos remontarnos a la aplicación de sanciones individuales por parte de varios gobiernos democráticos, concentradas en funcionarios del gobierno bolivariano, por la violación de los derechos humanos y que, en algunos casos, ha incluido a familiares o miembros del entorno más cercano de los sancionados.
Sobre las sanciones
Tales sanciones, por lo general, contemplan el congelamiento de cuentas y bienes, la confiscación de bienes y la prohibición de viaje al territorio del país sancionador. Estas se inician durante el gobierno del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, quien las adoptó contra un reducido grupo de militares encargados de los organismos de seguridad del Estado, por la violación de los derechos humanos (2015).
Pero la estrategia de las sanciones fue escalando progresivamente en el número de sancionados, y para finales de la administración del presidente Donald Trump la lista alcanzaba unos ochenta individuos y unos setecientos que fueron objeto de revocación de visas. Por otra parte, el presidente Donald Trump, en el marco de su estrategia de máxima presión y aislamiento del gobierno bolivariano de Venezuela, incorporó las sanciones económicas en el año 2018, y se calculan unas 150 empresas sancionadas, en particular la empresa petrolera oficial Pdvsa.
La Unión Europea (UE) y los países asociados se sumaron a la aplicación de sanciones individuales en enero de 2018 y, para el 2021, se estiman 55 individuos sancionados. Por su parte, el Reino Unido, luego de su retiro de la UE, decidió la aplicación de sanciones individuales utilizando la lista aprobada en el marco de la UE. Otros países también se han sumado a la aplicación de sanciones individuales, ha sido el caso de: Canadá desde el 2018, la Confederación Suiza que a tales fines ha utilizado la lista adoptada por la UE. En la región latinoamericana, solo Panamá decidió aplicar sanciones individuales a una lista de 55 individuos, en marzo de 2018.
El papel de las organizaciones internacionales
Paralelamente, en el ámbito de los organismos internacionales, en particular los encargados de la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática, la presión sobre el gobierno bolivariano se fue incrementando progresivamente. Ahora bien, conviene tener presente que tales organizaciones cumplen un papel de alerta temprana, una labor fundamentalmente persuasiva, a excepción del Consejo de Seguridad de la ONU, que jurídicamente tiene capacidad coercitiva, sujeta a la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia).
Desde el marco de las Naciones Unidas, y en particular en el Consejo de Seguridad, el tema venezolano ha estado en la agenda y se ha abordado en cuatro oportunidades (2019), en dos de las sesiones China y Rusia han aplicado el veto contra proyectos de resolución promovidos por la delegación de los Estados Unidos.
En el marco de las Naciones Unidas también destacan, por una parte, los exhaustivos informes sobre el progresivo deterioro de los derechos humanos en Venezuela, presentados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por otra, los detallados debates sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y, desde su creación en el 2011, el gobierno bolivariano ha sido objeto de evaluación en tres oportunidades en los años 2011, 2016 y 2022.
Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una de las decisiones más contundentes que permite su normativa, al aprobar la conformación de una Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, adoptada inicialmente en el año 2019 y renovada tanto en el 2020, como en el 2022, que ha presentado unos informes lapidarios sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), también ha abordado la grave situación del sector sindical y empresarial en Venezuela y, luego de varios años de profunda discusión, decidió aprobar la conformación de una comisión de investigación (2018), que constituye el mecanismo más fuerte que contempla en su normativa, y que se ha utilizado solo en doce oportunidades desde la creación de la OIT en el año 1919.
En el contexto internacional no podemos dejar de mencionar que el Sr. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en el cumplimiento del Estatuto de Roma, anunció la apertura de una investigación sobre Venezuela, por presuntos delitos de lesa humanidad, contra varios funcionarios de alto nivel del gobierno bolivariano (3/11/2021).
Desde la perspectiva hemisférica y regional
En el marco hemisférico, el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido relevante. En esta organización el caso venezolano ha estado en la agenda del Consejo Permanente desde el 2016 y se han adoptado diversas resoluciones, además de los cuatro informes que presentó Luis Almagro, secretario general de la OEA, para la eventual aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana a Venezuela.
Por largo tiempo no fue posible la aplicación de la Cláusula, debido a la imposibilidad de lograr el número de votos necesarios en el Consejo Permanente (dieciocho votos). Luego, cuando las condiciones políticas del hemisferio cambiaron y se aprobó la aplicación de la Cláusula (junio 2018), el gobierno bolivariano decidió retirarse de la OEA. Por otra parte, en el ámbito hemisférico también se recurrió al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para incrementar la presión sobre el gobierno bolivariano.
En el plano regional, la crisis venezolana ha sido objeto de especial atención por sus profundas repercusiones, entre otras, la creciente diáspora de migrantes venezolanos a los países de la región y otros temas de seguridad como grupos irregulares e ilícitos. En este contexto, destaca la creación del Grupo de Lima, inicialmente integrado por dieciséis países del hemisferio, constituido el 8 de agosto de 2017. Un grupo informal orientado a incrementar la presión sobre el gobierno bolivariano, a los fines de lograr una salida pacífica y democrática a la crisis.
Adicionalmente, en el marco de la Unión Europea se conformó el Grupo Internacional de Contacto (febrero 2019), con la participación de varios países de la región, para incrementar la presión internacional por la salida pacífica y democrática.
Otra acción de presión desde la comunidad internacional ha sido la aplicación, por parte de los países miembros del Mercosur, de la Cláusula Democrática (Protocolo de Ushuaia) en agosto de 2017, lo que conllevó la suspensión política de Venezuela de la organización, pero manteniendo vigentes los compromisos económicos y comerciales hasta que Venezuela recupere la institucionalidad democrática.
Adicionalmente, debemos resaltar los diversos esfuerzos de mediación que se han propiciado desde la comunidad internacional para promover una solución negociada y pacífica a la crisis venezolana; al respecto, destacan: la mesa de dialogo propiciada por el Sr. César Gaviria secretario general de la OEA en el 2002; el intento de mediación del Estado del Vaticano (2016), la mesa de diálogo promovida por el gobierno de Republica Dominicana (2017) y, más recientemente, el sistemático trabajo de mediación que está desarrollando el Reino de Noruega, al que se ha sumado el gobierno de México como anfitrión de una nueva mesa de negociación entre el gobierno bolivariano y la mesa de la unidad democrática (2021).
En este breve inventario debemos destacar que una de las acciones más novedosas adoptadas por la comunidad internacional frente a la crisis venezolana, ha sido el desconocimiento, de más de cincuenta gobiernos democráticos, de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela (2018), y el posterior reconocimiento de Juan Guiado como presidente interino (5/1/2019), designado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015. También debemos incluir el reconocimiento del gobierno interino por el Consejo Permanente de la OEA y algunas instituciones financieras internacionales.
Perspectivas
Como se ha podido apreciar, la comunidad internacional ha desarrollado una intensa labor para recuperar la democracia en Venezuela; empero, el gobierno bolivariano ha trabajado para lograr el apoyo de gobiernos autoritarios (China, Rusia, Irán, Turquía), a los fines de evadir las sanciones y consolidarse en el poder. Ahora bien, su estrategia más efectiva ha consistido en propiciar la división de la oposición democrática venezolana.
La realidad internacional es muy dinámica; son múltiples los desafíos, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias globales que está generando, circunstancias que pueden afectar la atención sobre el caso venezolano; empero, el tema se mantiene en la agenda, entre otros, por la crisis humanitaria compleja o el papel estratégico de Venezuela en materia energética.
Como parte de los cambios, el presidente Joe Biden ha asumido una visión más estratégica de las sanciones privilegiando la persuasión sobre la presión y, nuevos actores están asumiendo un papel más activo frente a la crisis venezolana, es el caso del reciente electo presidente de Colombia, quien ha sumado esfuerzos con los gobiernos de Francia, Argentina y Noruega (Foro por la Paz, París 11/11/2022) para impulsar la mesa de negociación en México.
En este escenario de renovado interés de la comunidad internacional por la salida pacífica de la crisis, resulta fundamental avanzar en una coordinación más eficiente de todos los actores para superar errores del pasado y hacer más efectiva la presión y la persuasión que permita lograr resultados concretos, tanto en materia humanitaria como política, en la mesa de negociación.
*Internacionalista. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor Titular (UCV). Coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Globales de la FaCES- UCV.
