La crisis institucional y educativa que actualmente atraviesa Venezuela ha tenido profundos efectos negativos en la cultura ciudadana de los venezolanos, trascendiendo, incluso, las fronteras del país. Con más de dos millones de migrantes movilizados al vecino país de Colombia, el encuentro con nuevas instituciones que funcionan y hacen respetar el marco legal del Estado de acogida, puede constituir un reto para el migrante venezolano.
Por Anderson Guerrero
Durante los últimos siete años, Venezuela ha vivido una de las diásporas de mayor impacto en el continente suramericano debido al desequilibrio económico, la falta de oportunidades, la crisis política y la fragmentación social del país, generando que miles de venezolanos hayan decidido dejar a sus familias, casas y empleos, para incursionar en otras tierras en la búsqueda de un mejor futuro.
En un primer momento, el destino más llamativo para la migración venezolana fue Panamá pero, debido al alto índice de personas que migraban hacia este país, el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela ordenó la solicitud de visa para el ingreso de venezolanos, medida que restringió, en cierto modo, el flujo migratorio. Seguidamente, otros países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos fueron, o siguen siendo, lugar de recibimiento para los venezolanos pero, poco a poco, también estos países comenzaron a emplear medidas para contener la desproporcionada ola migratoria.
Ante las medidas tomadas para afrontar la avalancha de migrantes venezolanos, el ingreso ilegal al territorio de estos Estados fue aumentando, lo que generó que las personas con planes de salir de Venezuela buscaran otras alternativas que, además, fueron creciendo progresivamente. Debido al agudizamiento del desequilibrio económico, el alto costo de los aranceles para la obtención del pasaporte y los precios elevados para la adquisición de boletos aéreos, los venezolanos se enfrentaron a la necesidad de caminar largos trayectos, desde distintas regiones del país, hasta estados como Táchira, Zulia y Apure, zonas limítrofes con Colombia.
Estos grupos de caminantes conformados por jóvenes, adultos y niños, incluyendo bebés en brazos de sus padres, llegan a localidades de San Antonio del Táchira, Maicao, El Nula, entre otras, para partir hacia otros países. Debido a que no poseen la documentación legal necesaria para migrar, transitan por la Selva del Darién, se aventuran en embarcaciones ilegales del archipiélago de San Andrés, cruzan el río Bravo y atraviesan los pasos irregulares denominados “trochas” —hoy en día controlados por grupos al margen de la ley—, arriesgando sus vidas con el fin de llegar a su destino.
Para el año 2018, Migración Colombia reportó que 1.032.016 inmigrantes venezolanos residían en el país, y en agosto del año 2021 se conoció que esta cifra había aumentado a 1.840.000, siendo Bogotá una de las ciudades con mayor número de venezolanos, con un aproximado de 393.700. Asimismo, un estudio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) colombiano, en febrero de 2022, indicó que en el departamento Norte de Santander residían 315.210 venezolanos, representando el 14,3 % de la cifra nacional, es decir, de los 2.207.990 migrantes que se encontraban en el vecino país.
Debido a la poca demanda de empleo del área Metropolitana de Cúcuta, la economía informal ha ido creciendo en este eje fronterizo, viéndose a San Antonio del Táchira como una ciudad dormitorio donde pernoctan tanto ciudadanos colombianos como venezolanos, pero que trabajan en la capital nortesantandereana.
Son deplorables las condiciones en las que viven estas personas. Algunas comparten una habitación entre cinco y seis individuos, otros duermen en plazas y calles, donde se ve comprometida su salud. Niños y adolescentes también duermen a la intemperie. Los derechos de estos grupos de personas están siendo vulnerados en estas precarias condiciones, y las autoridades no atienden las necesidades que emanan de ellos. Así, pues, Venezuela está sumergida en un deterioro en el que las oportunidades de desarrollo son cada vez menores y donde el sistema político se encuentra armonizado hacia los intereses de un sector particular que desplaza al colectivo. Todos estos escenarios han llevado a que estos grupos de personas decidan emprender largos caminos en búsqueda de un futuro esperanzador y próspero que les permita desarrollarse, donde sus sueños y metas no se vean truncadas, sino alcanzadas. A las medidas que los países han implementado para contener la migración de venezolanos, se suma el deseo de muchos de no alejarse completamente de Venezuela, por lo que optan por asentarse en la frontera colombo-venezolana, especialmente entre el estado Táchira y Norte de Santander, siendo esta una de las fronteras más transitadas de América Latina.
Debido a que el fenómeno de la migración se ha profundizado, y la necesidad de salir del país por parte de un numero considerable de venezolanos fue aumentando, la situación se convirtió en un caldo de cultivo propicio para que la trata de personas se hiciera presente. Grupos delincuenciales, valiéndose de la penuria por parte de quienes quieren migrar y no cuentan con los recursos para hacerlo, les “ofertan” oportunidades de empleo en otro país, garantizando su alimentación, hospedaje y remuneración económica; sin embargo, al cruzar alguno de los puntos fronterizos, estas personas son maltratadas e incluso sometidas a la explotación sexual; en estos casos, son las mujeres las más vulnerables ante estas organizaciones criminales.
La Asociación Civil Mulier, en marzo de este año, publicó un informe llamado Libres y Seguras, donde establece que, en el año 2022, 1.390 venezolanas —entre ellas 284 niñas y adolescentes— fueron rescatadas de redes de trata de personas. Así lo menciona el diario Tal Cual. En el caso de las cifras de las niñas y adolescentes, este número se duplica en comparación con el año 2021, en el que se registraron 138 víctimas de trata. En octubre del año 2022, se rescataron a 189 niñas y adolescentes venezolanas sometidas a la trata de mendicidad ajena en Colombia, siendo este un delito que está afectando a los migrantes, especialmente a los menores de edad.
Más allá de las limitaciones que los países han implementado para tener un control migratorio, pues es claro que este fenómeno fue aumentando aceleradamente, hay otros factores que están afectando a los migrantes, especialmente los procedentes de Venezuela. La xenofobia, entendiéndose esta como “rechazo a los extranjeros”, es uno de ellos, pues se han presenciado casos de maltrato que han recibido algunos venezolanos por parte de ciudadanos del país de destino. En lo laboral también se han visto afectados, pues en algunas fuentes de empleo como restaurantes, almacenes de ropa, cafeterías, entre otras, reciben una remuneración por debajo del salario integral establecido, sin distinción alguna por tener o no los documentos legales.
Durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999) hasta el actual mandato del presidente Nicolás Maduro, según el periodista Carlos Murillo, se han promulgado 350 leyes que representan el 75 % del ordenamiento jurídico del país, lo que quiere decir que gran parte de la normativa jurídica actual es estructurada en la llamada revolución bolivariana, acoplando un sistema gubernamental en beneficio del oficialismo. Un sistema de leyes que no se cumple por quienes lo promueven y adaptando a la población al no cumplimiento de la normativa legal.
El suministro de las bolsas CLAP, el pago de bonos de la patria, los obstáculos para realizar un trámite ante las oficinas del gobierno, etcétera, han servido para alimentar el paternalismo en el país —donde los ciudadanos dependen del Estado—, donde la economía pasa a manos de los gobernantes y se excluye, en gran medida, la participación del sector empresarial, promoviendo así la centralización económica. Un sistema de centralización de las instituciones del Estado en el que progresivamente se va sesgando la participación ciudadana, colocando por encima de los intereses de los ciudadanos, los beneficios de un número reducido de quienes ostentan el poder político en el país. Un accionar que ha generado el quebrantamiento en el sistema educativo venezolano y, grosso modo, ha conllevado a la fragmentación social en Venezuela.
Una sociedad golpeada por las políticas erradas de sus gobernantes, donde los derechos humanos de los venezolanos cada día están siendo vulnerados directa o indirectamente. Un país donde el Estado de derecho se encuentra fisurado. Un Gobierno que dice caminar con los barrios, pero los criminaliza. Una sociedad en la que ante el referente de incumplimiento de leyes por parte de quienes las promulgan y donde no se induce a la población a cumplirlas, se ha ido fomentando el descontrol social.
Una cultura del no respeto a las leyes, que ha tomado mayor consistencia en el transcurrir de los años, promoviendo un espectro de entretenimiento donde el ciudadano se distrae mientras el Gobierno nacional implanta un sistema a su imagen y semejanza. Este incumplimiento de las leyes ha creado un imaginario en la mente del venezolano en el que “Si la autoridad no la cumple, ¿por qué la debo cumplir yo?”. Esto ha ocasionado que el ciudadano de este país, al momento de emigrar a otra nación, lleve consigo esa mentalidad y, al encontrarse en un país donde las leyes se cumplen tanto por las autoridades como por los ciudadanos, deberá asumir consecuencias jurídicas que van a generar en él un choque cultural, pues ya está acostumbrado a un sistema normativo frágil, donde gran parte de las leyes son letra muerta, donde la figura de la autoridad es invisible, donde nuestra carta magna, a quienes tienen las riendas del país, nos les pareciera importar.
¿Por qué hay un impacto cultural en la frontera colombo-venezolana?
Tomando el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, lugar donde habitan ciudadanos de ambos países, los venezolanos logran apreciar las diferencias que hay con su país de origen, pues existe un orden en las calles, un constante patrullaje policial, las normas de tránsito se cumplen, entre otras. Por ejemplo: si un conductor no respeta una luz roja del semáforo, este obtendrá una multa de alrededor de 700.000 COP. Si el infractor los cancela en los primeros cinco días, podrá obtener hasta un 50 % de descuento de su cancelación. Esto evidencia un país donde las normas se cumplen y las autoridades hacen cumplir su ordenamiento jurídico. Debido a esto, cuando un venezolano ingresa a Colombia, sufre un impacto cultural al no poder llevar a cabo acciones que en Venezuela estaba acostumbrado a hacer, como el ejemplo anteriormente descrito.
Nos encontramos ante una frontera con dos visiones distintas de hacer país, marcada por la migración de ambas naciones, pero en momentos diferentes. Una frontera llena de gente trabajadora que busca un mejor porvenir, llevando el tricolor nacional tatuado en su mente y corazón.
