¿Y… el proceso de cambio?
Como en los mejores tiempos de los gobiernos dictatoriales, ayer cientos de efectivos policiales reprimieron brutalmente a mujeres, niños, ancianos y hombres indígenas que protagonizaban desde hace 41 días la marcha “Por la Defensa del Territorio, la Dignidad y la Vida”. Una represión de un gobierno indígena, con un presidente indígena, a los pueblos indígenas.
El Comité de Comunicación de la Marcha reportó que falleció un bebé indígena de tres meses, a causa de los gases lacrimógenos utilizados en la represión policial, 37 personas están reportadas como desaparecidas, entre ellas siete niños, dos centenas de detenidos fueron liberados por acción de la población solidaria y algunas columnas de marchistas se rearticulan para continuar su avance hacia La Paz, sede de gobierno de Bolivia.
Los indígenas de la Confederación del Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) iniciaron la marcha el 15 de agosto, recorriendo en 41 días 310 kilómetros y aún les faltan poco menos de 300 kilómetros para cumplir su objetivo.
“Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Éste gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación, pero en estos cinco años de gobierno nada de eso ha ocurrido. Los efectivos policiales nos han reprimido y pateado como si fuéramos animales, esto ya no lo podemos tolerar”, señaló el principal dirigente indígena, Adolfo Chávez.
El campamento de los marchistas indígenas fue saqueado y quemado por los efectivos policiales, varios dirigentes fueron golpeados y maniatados, otros lograron huir al monte y algunos se encuentran aún desaparecidos; los periodistas que cubrían la acción represiva fueron atropellados y se incautaron sus equipos de trabajo e incluso los médicos de las poblaciones aledañas fueron golpeados.
“A un médico lo enmanillaron, lo golpearon, él ahora está internado, se hizo una radiografía para descartar que no haya una fractura de costillas”, aseveró el director del Hospital de San Borja, Javier Jiménez.
Crisis de gobierno
Mientras el gobierno trata de justificar la violenta represión policial contra los marchistas, la ministra de Defensa Nacional Cecilia Chacón renunció irrevocablemente a su cargo.
En una carta enviada al Presidente Evo Morales Ayma, le expresa: “Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo”.
“íNo así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera”, agregó.
Como ocurría en los gobiernos neoliberales, el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti manifestó que se procedió a “evacuar” a los marchistas para preservar su integridad física.
La intención gubernamental radicaba en conducir por la fuerza a los marchistas indígenas a sus comunidades de origen, ese intento fue impedido por masivas movilizaciones y el bloqueo de caminos y aeropuertos que se produce en diferentes poblaciones del oriente del país.
Representantes de la Iglesia Católica y de otras religiones, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos y otras instituciones criticaron el accionar gubernamental afirmando que lo ocurrido en la represión a los indígenas no es democracia.
“Exigimos a las autoridades nacionales renunciar al camino de la represión, la persecución y la violencia que no soluciona los problemas y demostrar con acciones coherentes el discurso de escucha y defensa de los derechos de los bolivianos, especialmente de las poblaciones más pobres y vulnerables”, dijo el Secretario General de la CEB, monseñor Oscar Aparicio, a manera de llamado de los pastores episcopales en el mensaje con el título “La violencia niega la dignidad de las personas”.
La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, denunció que los marchistas incluso estuvieron privados del acceso al agua y ayuda humanitaria.
Conciencia nacional
Ante la brutalidad policial, en diferentes puntos del territorio nacional se llevan adelante medidas de presión en apoyo a las demandas indígenas y en contra de la política gubernamental.
La Central Obrera Boliviana (COB), máximo órgano de los trabajadores de éste país, declaró un paro nacional.
Desde el primer día de la marcha, el gobierno trató de criminalizar a los indígenas acusándolos públicamente de estar manipulados y financiados por Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones, por empresarios madereros y ganaderos, por la embajada norteamericana y USAID, por los partidos de la derecha y la extrema izquierda; pero, ninguna acusación fue comprobada.
Cada una de las acusaciones lo único que hicieron fue fortalecer los pasos de los marchistas.
La principal demanda indígena está referida al rechazo de la construcción de una carretera que atraviese el núcleo o corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Los indígenas defienden lo que dice la nueva Constitución Política del Estado, el gobierno lo pisotea.
Lo cierto es que en el país ubicado en corazón del continente latinoamericano, la represión policial contra los marchistas ha colocado una gran interrogante en el denominado “proceso de cambio”, en el “gobierno indígena” y en el “gobierno de la revolución social”.
El proceso de cambio tiene como pilares fundamentales la cultura del diálogo, la cultura de la paz y la cultura de la vida, pero ayer esos pilares se invirtieron por la cultura de represión, la cultura de la violencia y la cultura de la muerte.
Y, los pueblos indígenas, históricamente se convirtieron en otro de los pilares en lo que significa la estructura de apoyo al gobierno nacional.
Diferentes sectores sociales que lucharon durante años por el proceso de cambio, claman una reconducción y/o profundización de éste proceso; caso contrario nos espera un peligroso abismo…
*Periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.
