Rafael G. Curvelo E.
El discurso de violencia y de odio y la falta de diálogo son el caldo de cultivo de atrocidades como ésta.
Desde el Foro Cambio Democrático entregamos una carta al Defensor del Pueblo Tarek William Saab en la cual aplaudimos su interés en que se inicien las averiguaciones, por parte del Ministerio Público, ante los terribles hechos ocurridos el pasado 1° de julio en Mérida en contra de un grupo de seminaristas que fueron robados, humillados y desnudados por grupos irregulares de la entidad.
Pero a la vez consideramos que desde la Defensoría del Pueblo debe hacerse las investigaciones a que manda la ley y abrir los procedimientos necesarios para que se esclarezcan tales hechos, tal como lo establece el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
No basta con declarar en contra y pedir a otras instituciones que investiguen. La Defensoría tiene el deber de abrir una investigación propia que concluya con una resolución defensorial y recomendaciones.
En efecto, el artículo 14 señala entre sus competencias “Iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia”. Y el artículo 25 de la ley establece que el Defensor debe “Pronunciarse sobre la actuación de las personas involucradas en las investigaciones llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo”.
Esta investigación debe concluir con un informe final rubricado por el Defensor, cuya copia debe ser entregado a todas las partes interesadas y, cuando se acuerde con las víctimas o con sus familiares, podrá ser divulgado a la opinión pública a través de los medios de comunicación social.
Una investigación de esta acción fascista por parte de grupos afectos al gobierno, tendría que concluir en que el discurso de violencia y odio y la falta de diálogo genuino son el caldo de cultivo de atrocidades como las ocurridas contra un grupo de seminaristas en Mérida el 1 de julio pasado.
