Por Alexander Medina | Radio Fe y Alegría Noticias
Carolina Jiménez Sandoval, directora de investigación de Amnistía Internacional conversó con Radio Fe y Alegría Noticias sobre una realidad que ha despertado la indignación de muchos en Venezuela. Y tiene que ver con la campaña que desde el Ejecutivo nacional se ha desplegado en los últimos días contra los migrantes venezolanos que han decidido regresar a su país utilizando, algunos de ellos, los caminos ilegales.
Desde la vocería oficial se les ha bautizado como “trocheros” y “bioterroristas”, sujetos a ser procesados penalmente. El término “trochero”, desde la perspectiva de los derechos humanos, forma parte sin lugar a dudas de una estrategia de estigmatización de las más altas autoridades del gobierno venezolano.
Para Jiménez estos señalamientos, que califica como ataques, no son nada nuevo contra las personas venezolanas que han decidido retornar. Esta estigmatización se comenzó a constatar en el mes de abril de este año cuando se empezó a notar un regreso mayor de migrantes.
Figuras del Ejecutivo como la Ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, “atacaron a través de sus redes sociales con epítetos muy lamentables”.
Jiménez refiere que estos descréditos generaron un repudio de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendando detener cuanto antes este proceso de estigmatización.
El gobierno venezolano ha sostenido la tesis de que los casos de coronavirus han aumentado sustancialmente en el país a raíz del reingreso de migrantes que han decidido retornar, poniendo énfasis en quienes lo hacen por los caminos irregulares.
Momento de una escalada
En este momento se observa una especie de escalada “porque ahora proviene del propio Presidente de la República y la Vicepresidenta Ejecutiva”.
La representante de Amnistía Internacional sentencia que esta es una narrativa de humillación que termina generando una criminalización de las personas que retornan “porque cuando se les está pidiendo a las propias comunidades de recepción que denuncien, no solo se genera un proceso de estigmatización sino una cosa que es muy peligrosa…y es que se activen acciones penales en su contra como la que anunció la vicepresidenta de llevarlos a la cárcel El Dorado”.
Intencionalidad de parte del gobierno que Jiménez rechaza, al ser totalmente condenable y repudiable. “Y así lo queremos dejar claro públicamente desde las ONG de derechos humanos”.
¿Qué riesgos corre una persona en esta condición cuando se desarrollan procesos de estigmatización?
La activista es precisa al responder esta interrogante señalando que las consecuencias de este tipo de “campañas” dependen, en gran medida, de los voceros que las incentiven.
Por eso le pone el peso a que, en este capítulo de Venezuela, lo que han dicho las altas autoridades nacionales tiene grandes efectos sociales. Y a esto hay que prestarle mucha atención.
Entonces, una primera consecuencia es que desde esa narrativa gubernamental se desencadena un rechazo social muy grande. “Es muy probable que comencemos a ver un incremento del rechazo en las comunidades de recepción e incluso de las familias que están recibiendo a los retornados”.
Apunta que, una de las principales preocupaciones que manejan en Amnistía Internacional, es que el uso de las estrategias de estigmatización en lugares donde existen muchos incidentes de violencia pueden terminar generando otros mayores que son necesarios prevenir.
Aspiran que desde el gobierno se diseñen políticas públicas acordes a las necesidades de la implementación de protocolos sanitarios en medio de una pandemia “pero no a costa de la dignidad de estas personas”.
Jiménez también ayuda a recordar que el derecho humano a emigrar, a salir de su país, no puede ser criminalizado. “Pero el derecho a retornar a él tampoco puede ser criminalizado”. Si se cometen ambas acciones discriminantes constituirían flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Destaca que no existe ninguna base legal para criminalizar o penalizar a quien retorna. Y así lo establece el artículo 50 de la Constitución Nacional “que estipula el derecho que tiene cualquier venezolano a volver a su país”. E insiste en que no existe ningún basamento legal para calificar a una persona de bioterrorista cuando quiera regresar a su patria.
Jiménez reconoce que la pandemia ha vuelto mucho más difícil la situación de estos venezolanos en países como Colombia “donde el 90 por ciento de ellos vivía de la economía informal”.
Y hace esta acotación para también mencionar las razones generales por las cuales han decidido regresar a Venezuela miles de migrantes. “Muchos han perdido hasta su techo… y han quedado en las calles… y ante la posibilidad de estar en las calles muchas de estas personas decidieron regresar a Venezuela… y lo han hecho con mucho sacrificio”. Por esto propone, al contrario del gobierno, desarrollar una estrategia de bienvenida.
Desde Amnistía Internacional han confirmado que siguen recibiendo, lamentablemente, denuncias constantes no solo de las campañas de estigmatización sino desde los centros llamados PASI por parte del gobierno.
Refiere que en estos “albergues” no existen las condiciones mínimas necesarias para recibir a quienes vuelven.
¿Por qué algunas personas están prefiriendo utilizar los pasos ilegales en vez de los autorizados?
Para la directora de investigación de Amnistía Internacional “la respuesta parece estar muy clara”. La gente está prefiriendo utilizar los pasos ilegales porque se está dando cuenta que los legales son completamente ineficientes.
Destaca que, en primer lugar, el gobierno ha limitado el número de ingresos por semana. Y esto origina que se vaya quedando retenida una mayor cantidad de personas que no pueden regresar.
Esto origina que la frontera “legal” termine siendo un lugar donde cientos de personas van quedando a la intemperie y sin el mínimo distanciamiento físico establecido por la OMS. “Estamos hablando de familias enteras sin dinero, sin poder alimentarse…”.
Los pasos fronterizos se han convertido en “cuellos de botella”, dice Jiménez, donde no existen ningún protocolo sanitario para evitar la propagación del nuevo virus. Ante este escenario “cualquier familia desesperada busca alternativas para volver al país”.
El mensaje que, desde Amnistía Internacional, remarca Carolina Jiménez, es que no se olviden que estas personas son sujetos de derecho. Está consiente que en medio de estas condiciones de desesperación “muchas de estas personas viven situaciones humillantes pero ningún funcionario público de ningún país tiene el derecho de abusar de ellos”.
La segunda recomendación está dirigida a las comunidades que están recibiendo a los retornados. Y es que, a pesar de estar padeciendo esta situación de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, hay que activar los principios de solidaridad que tanto han caracterizado a las personas de la frontera venezolana.
Hace recordar que fue una decisión muy difícil para las personas cuando se fueron en términos económicos y afectivos, pero también ha sido muy duro decidir devolverse.
