Por Alfredo Infante, SJ*
Cada año esperamos con sumo interés los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Hay que resaltar que, en un país desinformado y censurado, este estudio –promovido y desarrollado desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB– se ha convertido en línea base para el trabajo de activistas sociales, periodistas, ONG de derechos humanos, iglesias y otras instituciones que trabajan por el bien común. Ojalá sea también un referente para los partidos políticos y candidatos que se preparan para el evento electoral de las municipales y regionales, y, por qué no, para quienes ostentan el poder y han conducido a nuestro país a la debacle.
Para ENCOVI, ser data que da cuenta de nuestras condiciones socio-económicas de vida, en un país donde la ciudadanía no tiene acceso a la información pública, implica no sólo un desafío científico en la producción de información, sino, sobre todo, desde el punto de vista ético, una gran responsabilidad ciudadana en la creación de confianza. Lo que menos pretenden los investigadores es ser profetas del desastre; por el contrario, intentan retratar la realidad, de manera rigurosa y lo más fiel posible, y orientar el diseño de políticas públicas para superar, a largo plazo, nuestro empobrecimiento.
En esta oportunidad, como observador social, quisiera dar modestamente algunos elementos de análisis para la discusión, sobre uno de los hallazgos del estudio de 2021. A propósito del empleo, la encuesta concluye: “La destrucción de empleo público y privado ha significado un aumento de 20 puntos en los trabajadores por cuenta propia. Hoy 1 de cada 2 trabajadores está autoempleado”, reseña El Ucabista en su nota de prensa. “La dimensión de la crisis es de tal magnitud que, entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo. De los empleos que desaparecieron, 70% eran del sector público; el restante del sector privado…De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, esto se traduce en que, solamente en el año 2021 versus el periodo 2019-20, la disminución del empleo formal (tanto público como privado) fue de 1,3 millones de puestos de trabajo. Además, solamente 40% de los ocupados están en el sector formal de la economía”.
En una sociedad que medianamente funcione debe haber cabida para diversas modalidades de empleo: público, privado, autoempleo y otros, siempre y cuando los mismos estén enmarcados en las leyes y respeten los derechos humanos. Lo propio es que la fuerza laboral sea capitalizada por la empresa privada –grande, mediana y pequeña–, el Estado y sus instituciones, las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, cooperativas, iglesias, etcétera, y que en ese abanico, una porción participe en otras modalidades de trabajo (entre los que se contaría el autoempleo) y, como es lógico, exista un porcentaje de desempleo no mayor de un dígito. La proporción por ente empleador dependerá del modelo de sistema que prevalezca, bien sea de mercado o estatista. En Venezuela, hasta hace poco, el Estado había sido el máximo empleador, hecho que tampoco es sano. En contraste, el dato en cuestión arrojado por ENCOVI señala que hoy en Venezuela el trabajo por cuenta propia ocupa a 50 % de la fuerza laboral y su tendencia es ascendente, mientras el empleo público, respecto al año pasado, ha caído un 14 % y el privado 6 %, ambos con tendencia a seguir cayendo.
¿Cuál es el impacto de estos números en la vida cotidiana del venezolano? Lo primero que se evidencia es que estamos ante un nuevo modelo económico en el que el Estado ha dejado de ser el principal empleador y la fuerza laboral que ha emigrado de las instituciones públicas se ha ido del país, mientras la que se ha quedado no ha sido absorbida por la empresa privada, porque la misma se encuentra estrangulada y sin incentivos para su despliegue.
Lo segundo es que, dada la hiperinflación, el poder adquisitivo de la moneda se ha pulverizado y el salario ha perdido su atractivo; por lo regular no hay salario, por muy bueno que sea, que cubra la canasta familiar. En este sentido, vivir como asalariado equivale a resignarse a sobrevivir bajo la línea de la pobreza, pues los salarios no llegan al monto de 1,9 dólar por día estipulado por Naciones Unidas como indicador de pobreza. Por otro lado, la destrucción del aparato productivo privado deja al trabajador sin alternativa donde canalizar y desarrollar sus capacidades. Así, los que no huyen a otras latitudes, no tienen más alternativa que buscar el sustento por su cuenta, muchas veces invirtiendo parte de las remesas que envían las familias del exterior, ingresos que con la pandemia han disminuido.
Cuando contrastamos este fenómeno del autoempleo con el dato que da cuenta de las razones por las que la gente migra – si bien nos encontramos en una crisis sistémica que expulsa por múltiples factore – 86 % de los emigrantes alude como razón principal la búsqueda de un trabajo que garantice unas mínimas condiciones de vida. Esto pudiera indicar que el autoempleo es una “huida hacia adentro”, es decir, un esfuerzo creativo para no irse del país; iniciativa que, en algunos casos se convierte en emprendimiento exitoso, sin embargo, en la mayoría de los casos solo rinde para sobrevivir en condiciones de alta vulnerabilidad. También, muchos servidores públicos como educadores, médicos y enfermeras combinan su empleo institucional con servicios privados o “rebusques” para poder subsistir.
La alta vulnerabilidad en que se encuentra la mayoría de las personas “autoempleadas” es una clara señal de ausencia de Estado de derecho, pues el trabajador por cuenta propia carece de las garantías y derechos laborales mínimos. Y esta desprotección laboral, de manera paradójica, profundiza la dependencia del Estado, a través de los bonos y las llamadas bolsas CLAP. De esta manera, el autoempleo, que en teoría conferiría autonomía a la persona respecto al Gobierno, reconfigura una nueva dependencia menos costosa para el Estado y, dolorosamente, políticamente rentable para la élite dominante.
Concluyo, pues, citando el tuit que publicó el sociólogo Luis Pedro España (@luispespana), uno de los coordinadores de la ENCOVI, el día de la presentación de este informe: “si me pidieran un resumen, concluiría que tenemos un país lleno de personas con capacidades, pero ausente de oportunidades. Las oportunidades no regresarán hasta que se estabilice política e institucionalmente el país”.
*Sacerdote jesuita. Educador. Maestro en Espiritualidad. Experto en DDHH, Derecho Humanitario y Migración. Coordinador de DDHH de la Fundación Centro Gumilla.
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco del 24 al 30 de septiembre de 2021/ N° 117: mailchi.mp
