El gobierno de Venezuela anunció la reapertura de sus misiones diplomáticas en Estados Unidos en el marco de la reanudación de las relaciones con Washington impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y Norteamérica, Olivier Blanco, el 29 de marzo de 2026.
Simultáneamente, en Caracas la Embajada de Estados Unidos reanudó formalmente sus operaciones ese mismo día, según anunció la propia legación y confirmó el Departamento de Estado. Desde 2019, Venezuela se gestionaba a través de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela (VAU) en Bogotá. La ruptura de relaciones y el cierre de embajadas tuvo lugar en 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump en el marco de lo que fue su, entonces, política de “máxima presión” en contra del régimen de Maduro.
Tres días después, el Departamento de Estado reportaba en Washington el levantamiento de sanciones que pesaban sobre Delcy Rodríguez, acusada de socavar la democracia también en los años de la primera administración Trump.
Petróleo venezolano se redirige a India
Las exportaciones de petróleo venezolano alcanzaron en marzo de 2026 su nivel más alto desde 2019, superando el millón de barriles por día (1,09 millones bpd), con un fuerte repunte que tiene otra cara: el desplazamiento de China como principal destino y el auge de las ventas a India.
Según datos de seguimiento marítimo y reseñas periodísticas en la capital venezolana, los envíos a refinerías indias se multiplicaron por cuatro, alcanzando 343.000 barriles diarios en marzo, superando incluso los volúmenes dirigidos a Estados Unidos. India se consolidó como el mayor comprador de crudo venezolano, llenando el vacío dejado por China, cuyas importaciones se redujeron drásticamente tras los controles establecidos por Washington sobre el petróleo de Venezuela.
El peso de las remesas
Por primera vez el chavismo ha publicado cifras oficiales sobre las remesas, y el Banco Central de Venezuela (BCV) ha revelado datos que hasta ahora eran un tema usualmente tabú desde el inicio de la migración masiva bajo el gobierno de Nicolás Maduro en 2015.
El 8 de abril el economista y profesor universitario Hermes Pérez, exfuncionario del BCV, comentó las cifras difundidas la víspera, por el ente emisor marcando un punto de inflexión en la política de opacidad oficial durante los años en el gobierno de Nicolás Maduro (2013-2025).
Las remesas recibidas por Venezuela se elevaron de apenas 11 millones de dólares en 2015 a un promedio anual cercano a los 3.000 millones entre 2018 y 2025, alcanzando picos de 3.631 millones en 2021 y 3.627 millones en 2022. Entre 2015 y 2025, el flujo acumulado superó los 25.000 millones de dólares.
Analistas destacaron que estos flujos han sostenido el consumo interno y atenuado parcialmente la crisis humanitaria, aunque subrayaron que no sustituyen una recuperación productiva sostenible. De esa forma, la diáspora, estimada en más de 7 millones de personas, se ha transformado en un actor económico clave para Venezuela.
La difusión de cifras como ésta, según Pérez, forma parte de la estrategia del gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de publicar datos oficiales actualizados en el marco del acercamiento técnico con los multilaterales ubicados en Washington: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. El 21 de abril de 2026 se oficializó el restablecimiento de relaciones de Venezuela con el FMI, y acto seguido se unieron los otros multilaterales.
Ley de Minas aprobada pese a objeciones de ONG´s
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 9 de abril de 2026 la Ley Orgánica de Minas en segunda discusión, al dar luz verde a un bloque adicional de artículos que regula aspectos clave como las regalías, los tributos y el marco normativo para la explotación minera. Con mayoría calificada del bloque oficialista —aunque el presidente de la Asamblea Nacional afirmó luego que la votación fue unánime— se aprobó el texto presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Voces del chavismo crítico aseguraron que la iniciativa, que tuvo aprobación rápida, responde a presiones de Estados Unidos para abrir el sector minero al capital extranjero.
La ley, que debe ser promulgada por la presidenta interina, garantiza el control estatal sobre recursos estratégicos como el oro, los diamantes y las tierras raras, pero establece un esquema de explotación y comercialización que permitirá la participación de privados, con facilidades tributarias y garantías operativas. Sigue básicamente el mismo esquema ya establecido en hidrocarburos.
Organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos advirtieron sobre el impacto negativo en el Arco Minero del Orinoco, una zona de alta biodiversidad con presencia indígena.
477 presos políticos tras dos meses de ley de amnistía
La organización Foro Penal denunció el 19 de abril de 2026 que, dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, aún permanecían 477 presos políticos sin liberar. Según el informe de la ONG, de ese total 432 son hombres y 45 mujeres, entre ellas un menor de edad.
En el registro de esta reconocida ONG, 290 son civiles, 187 militares y 43 extranjeros o con doble nacionalidad.
La ley, anunciada a principios de enero y aprobada el 19 de febrero de 2026 como una medida general para el período 1999-2025, «se ha convertido en un embudo para ralentizar o paralizar la libertad» de estas personas, señaló Foro Penal.
El Gobierno ha asegurado haber excarcelado a «miles» de detenidos, pero no había publicado ninguna lista oficial de liberados al cumplirse dos meses de aprobación del instrumento legal.
Inédito pacto entre Caracas y Bogotá
Los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, anunciaron el 24 de abril de 2026, tras su reunión en el Palacio de Miraflores un giro histórico en la cooperación bilateral: una acción conjunta militar, policial y social para desmantelar las redes criminales que controlan la porosa frontera común de más de 2.200 kilómetros, incluyendo el ELN, disidencias de las FARC, traficantes de cocaína, oro y personas.
Petro confirmó a las puertas del Palacio de Miraflores que ambos gobiernos implementarán «acción militar», «acción policial» y «también acción social» para «liberar al pueblo de la frontera».
«Atacar frontalmente a las mafias y grupos criminales que actúan en la frontera será una manera de liberar al pueblo», declaró el mandatario colombiano.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez -quien asumió el poder en enero tras la caída de Maduro, con el apoyo de la Casa Blanca-, confirmó que se inicia «una nueva etapa» entre ambos países con el intercambio inmediato de información y recursos de inteligencia. «Acordamos planes militares», precisó, sin detallar si incluirán operaciones conjuntas en terreno.
Para observadores, el anuncio constituye un «giro radical» respecto a la política de tolerancia o colaboración que, según informes de Crisis Group e Insight Crime, caracterizó al chavismo durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
