Por Alfredo Infante s.j. | Boletín n° 54 Signos de los Tiempos.
En los últimos cinco años, producto de la emergencia humanitaria compleja, Venezuela ha vivido la crisis migratoria más dramática que haya existido en la región. Según el Centro de Derechos Humanos de la UCAB¹, con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Migración Colombia, suman 5.093.987 las personas que han salido del país de manera forzada, buscando protección y mejores condiciones de vida bajo el amparo de otro Estado. Se trata de un aproximado de 5.000 personas al día, desde 2015 hasta antes de que la pandemia del Covid-19 tocara nuestra puerta.
Ante este fenómeno, los países de la región se vieron afectados, sin la capacidad institucional para asimilar tal avalancha de migrantes. Gran parte de la última oleada huyó a pie y se asentó en plazas, calles y zonas periféricas de las grandes ciudades, viviendo día a día del comercio informal, de la mendicidad y siendo presa fácil de las mafias de explotación sexual y laboral. También muchos otros lograron integrarse y establecerse en los países de acogida.
Hoy, en el contexto de la cuarentena, ante la crisis de salud interna que viven todos los países, los migrantes se han convertido en carga social y amenaza para la salud pública de los Estados receptores. Por otro lado, la actividad económica del inmigrante ha quedado estrangulada por completo, ante la recesión económica global que afecta a todos los Estados de la región -que en algunos, como el nuestro, es parálisis-.
El cruce de todas estas variables ha suscitado brotes de xenofobia en las sociedades de acogida y en las políticas de los Estados receptores, razón por la que muchos están regresando a Venezuela. Este retorno cada día va en ascenso y, dada la crisis global, podría convertirse dentro de poco en un fenómeno masivo, tal como lo prevé el Servicio Jesuita de Refugiados de Venezuela, que advierte que 1,5 millones de nacionales podrían regresar al país durante este año².
La Venezuela que los recibe es un país sin combustible, con los servicios de electricidad y agua potable colapsados, con la red de salud pública por el piso, sin la capacidad institucional de enfrentar la pandemia y sumido en una crisis política en la que los actores en pugna no terminan de priorizar la vida antes que sus intereses de poder.
El Estado venezolano, irresponsablemente, mientras se anunciaba la tendencia del Covid-19 a convertirse en pandemia, mantenía como política la negación y no previó planes de contingencia para responder, tanto a la situación interna como al retorno de los migrantes que hoy se encuentran en situaciones infrahumanas en nuestras fronteras.
Como consecuencia, las poblaciones fronterizas, presas de un temor fundado, han visto como amenaza el ingreso de los miles de retornados. Las protestas y acciones de rechazo, por parte de varias comunidades hacia el ingreso al país de nuestros hermanos, son profundamente dolorosas por su expresión inhumana³.
Nuestros compatriotas también han sido maltratados, chantajeados y robados por funcionarios de la fuerza pública. “Cuando pasé la frontera por las trochas me robaron todo, la ropa, la comida, todo lo que traía, mis documentos. Y cuando pasé por los guardias que están ahí cerca, me quitaron el teléfono. Como no tenía documentos, me dijeron que si quería irme, les tenía que dejar el teléfono”, dijo a Radio Fe y Alegría Alquimaris Colina, quien regresó de Colombia por Táchira⁴.
De igual manera, ahora están siendo recluidos en refugios, hacinados. Estos albergues, sin condiciones mínimas, amenazan con convertirse en campos de concentración ante la violencia del virus. Varias ONG, incluidas Provea y Laboratorio de Paz, publicaron un informe en el que solicitan la activación de protocolos claros de atención sanitaria, “con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana” y señalan que “las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a la frontera y controlar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades”⁵.
En una conversación que sostuve con monseñor Pablo Modesto, obispo salesiano de Guasdualito en Apure, nos manifestó su preocupación ante lo que ha visto en estos espacios. “Estoy llegando de visitar los albergues de Guasdualito, son 16, y es fuerte la situación porque esta pobre gente salió con muchos problemas, enfrentó muchos problemas y tiene que regresarse y se encuentra con una fobia de parte de su misma gente. Hay que tener cuidado y guardar los rigores de la prevención, pero no podemos permanecer indiferentes”.
En este contexto, como Iglesia, seguimos haciendo un llamado a los decisores políticos para que pongan en marcha, con urgencia, un “acuerdo social humanitario por la vida”, antes de que la maldita obsesión por el poder nos conduzca a todos al despeñadero de una catástrofe humanitaria.
Estamos en Pascua, abandonemos los instintos de poder y muerte, hagamos posible la vida, especialmente la de nuestros hermanos retornados y de todos los que se encuentran en situación vulnerable.
Referencias:
1 https://migrantesyrefugiadosven.org/
2 https://www.radiofeyalegrianoticias.com/un-millon-y-medio-de-migrantes-podrian-retornar-al-pais
3 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/frontera-venezolana-sumergida-el-caos-n4196767
Fuente: https://mailchi.mp/b0d5cd7f3e04/signos-de-los-tiempos-n-54-10-al-16-de-abril-de-2020
