Carlos Valero
En nuestro país debemos tener cuidado al caracterizar la dinámica política y constitucional. Es fácil caer en la interpretación de que estamos frente a un conflicto de poderes, entre la Asamblea Nacional y los poderes públicos que actúan por delegación del poder ejecutivo. Esta versión de la realidad diluye las responsabilidades en relación a la crisis institucional y “libera” al TSJ, especialmente a la Sala Constitucional, de culpa en relación a la violación sistemática y cada día mayor de la Constitución de la República y del estado de derecho.
Trataré de explicar la distinción entre la noción de conflicto de poder y conflicto constitucional, sin caer en tecnicismos legales imposibles de construir para un político politólogo. Antes que nada el conflicto de poder es un choque entre intereses por la conquista o el mantenimiento de una situación de dominio, mientras que el conflicto constitucional es la confrontación entre quienes cumplen y quienes se colocan contra las normas que expresan fines consensuales de un Estado.
El problema entre el régimen decadente protagonizado por Maduro y la sociedad en su conjunto comenzó el 6D, cuando la oposición obtiene mayoría calificada de 112 diputados. Desde ese momento la moribunda Asamblea Nacional emprende la designación “express” de magistrados, muchos de ellos vinculados abiertamente al partido de gobierno, para usar la Sala Constitucional como punta de lanza contra el poder legislativo. La primera manifestación de este plan para desmantelar al Estado de Derecho fue la sentencia emitida para dejar sin representación al Estado Amazonas y a las comunidades indígenas de Apure y Amazonas, lo que constituyó la violación flagrante del artículo 200 de la Constitución según el cual los diputados gozarán de inmunidad desde el momento de su proclamación.
Como puede constatarse, en vez de un convencional conflicto de poderes, lo que ocurrió fue la violación de la Constitución y la adulteración de la decisión del pueblo que quiso darle a la alternativa democrática una mayoría contundente. No se puede, por tanto, presentar lo que es un fraude a la ley como si se tratara de opiniones encontradas entre dos poderes clásicos.
La verdad es que dos Salas del TSJ, violando normas constitucionales, convierten a otro poder, el legislativo, en víctima de una arbitrariedad, como ocurre a diario con todos los ciudadanos venezolanos que sufren un uso parcializado y partidista de la administración de justicia. He aquí en consecuencia la siguiente manifestación del desmontaje del Estado Derecho al declarar en desacato a la Asamblea Nacional y así tener carta blanca en la violación recurrente de la carta magna.
Los magistrados saben bien que ningún Tribunal puede allanar de facto la inmunidad sin cumplir con el requisito del antejuicio de mérito. Pero la Sala Electoral y la Sala Constitucional desacataron todo lo que nuestra Constitución establece y decidieron mandar al cesto de la basura el tan nombrado librito azul.
Lo que está sucediendo actualmente en Venezuela no es un choque de trenes sino la grave incursión contra la democracia, el estado de Derecho y la Constitución que está lamentablemente protagonizando la coalición entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. Si se permite que ella se afiance se agravará la inestabilidad y la crisis económica y comenzará la disolución inevitable de un gobierno que no podrá perdurar contra el pueblo, contra la Constitución y contra el derecho internacional del mundo civilizado.
Los demócratas estamos obligados a levantar un gran movimiento por el rescate de la democracia y la Constitución. Juntos tenemos que evitar que se siga prolongando y aumentando el sufrimiento del país. Es hora de luchar con firmeza.
