Por Dorixa Monsalve y Anais López Caldera*
La zona de desarrollo estratégico Arco Minero del Orinoco, se traduce en la entrega de nuestros recursos minerales a bajo costo a las transnacionales y a los los buitres del sistema financiero internacional que se manejan en las principales bolsas de valores (New York, Chicago, Londres, Toronto). Sumergida en la lógica del sistema financiero internacional, Venezuela hoy evidencia el diseño y construcción de un nuevo régimen que presenta políticas similares al resto de los gobiernos de América Latina, tanto conservadores (Santos,Peña Nieto, Temer, Macri, Kuczynski) como “pseudo-progresistas” (Evo Morales, Ortega, Lenin Moreno), que actualmente aplican planes extractivistas completamente devastadores. Con la promulgación del decreto 2248, que crea dicha zona de desarrollo estratégico, se desató la vorágine depredadora de la naturaleza expresada en los 14 motores productivos del gobierno de Maduro. Dicho decreto crea y garantiza las condiciones para la explotación de minerales en todas las escalas: pequeña (pequeña minería y artesanal), mediana (pequeñas empresas nacionales y extranjeras) y grande (transnacionales). Es la lógica de exprimir la naturaleza al máximo hasta que no quede nada.
Desde el año 2013 Venezuela experimenta una crisis profunda, producida por una suerte de “tormenta perfecta” cuyos orígenes fácilmente se pueden rastrear hasta la profundización del rentismo durante las ya casi dos décadas del chavismo en el poder. Aunado a esto, la muerte del presidente Chávez y una caída estrepitosa y sostenida de los precios del petróleo por cuyo concepto le ingresa más del 90% de las divisas a la nación,han colocado al Estado venezolano en una encrucijada para diversificar las fuentes de ingreso de divisas que alimenten la demanda de consumo absolutamente dependiente de la importación. A ello habría que agregar que el Estado venezolano se ha visto obligado a cancelar los compromisos adquiridos por concepto de emisión de deuda a través de los bonos soberanos emitidos por PDVSA y la república. Cada año el servicio de deuda se ha tornado más engorroso debido al ingente endeudamiento de la república.
Desde entonces el gobierno venezolano, ha dado un giro de 180°, en la búsqueda de estrategias que le permitieran capear el temporal, esto es, buscar como fuera el acceso a nuevas fuentes de ingreso en divisas así como al financiamiento internacional. En este contexto y en medio de una severa crisis económica, política y social, desde el año 2014, sin prisa pero sin pausa, el gobierno de Nicolás Maduro ha acometido una serie de reformas al marco legal venezolano, preparando el terreno para “conceder” en “alianza estratégica con el capital privado nacional e internacional” la exploración y explotación de minerales y otros recursos naturales, para “diversificar” la matriz productiva. El primer objetivo fueron los minerales,especialmente los ubicados en el estado Bolívar,ubicado al sur del país, en donde se encuentran también las principales reservas de agua y energía del país.
Pero para avanzar en esta dirección era necesario primero desmantelar la institucionalidad ambiental. Es por ello que en septiembre de 2014, se decreta la fusión de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Hábitat (MPP para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo (MPPVHE). Así, el ministerio de Ambiente pasa a ser un vice-ministerio. En abril de 2015, se elimina el MPPVH, de restablece el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Ambiente que adscrito al nuevo Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Paralelamente, el gobierno venezolano recuperó eufóricamente su preocupación e interés por el ordenamiento territorial en el Sur del Estado Bolívar, especialmente en lo referido a la minería ilegal, así, en marzo de 2014 se crea la Comisión Presidencial para la protección, Desarrollo y en Promoción Integral de la Actividad Minera en la región Guayana.
En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro optó por alterar vía decreto presidencial, todo el entramado jurídico derivado de la constitución del 99, incluyendo la constitución misma, en la cual se restringen los términos de la inversión extranjera y prioriza la soberanía de la nación sobre sus bienes comunes. Sin los obstáculos legales y con un proceder abiertamente autoritario, del 24 de febrero de 2016 hasta la fecha se ha venido entregando territorio nacional, entregando soberanía y recibiendo y protegiendo a grandes transnacionales mineras como la Barrick Gold, así como a empresas pequeñas como Gold Reserve (gracias a que Venezuela perdió ante el CIADI la demanda interpuesta por esta empresa); además de otras empresas más pequeñas nacionales e internacionales de muy dudosa procedencia, neoliberalizando de facto y sin obstáculo legal alguno el 12% del territorio nacional. Tanto el contenido del decreto que crea el A.M.O, como el de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Productivo de la Patria (Ley de zonas económicas especiales) y la de creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), por citar algunos ejemplos críticos, aunque no únicos, contienen las bases jurídico-políticas principales para el desarrollo de la mencionada política de entrega del patrimonio nacional.
Todo esto se ha hecho con la promesa de ordenar el territorio al sur del país, que los últimos 10 de años bajo la mirada cómplice del Estado venezolano en todos los niveles, ha sido ocupado por fuerzas ilegales que desde los territorios mineros prefiguran el “orden” en la región. Asimismo, se ha prometido profundizar la inversión social y dignificar a los pueblos indígenas que habitan en esos territorios a quienes, por cierto, no se les consultó nunca si estaban de acuerdo con la implementación de un proyecto de mega extracción minera en sus territorios.
Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, el gobierno nacional está violando la constitución de manera flagrante, comprometiendo el futuro de las relaciones por venir y el abastecimiento a largo plazo de agua y energía para toda la nación, con y la promesa fallida y engañosa de que el viraje hacia el extractivismo minero impulsará el desarrollo y la diversificación productiva de la nación. De ninguna manera es aceptable que el Estado venezolano pretenda resolver sus problemas de liquidez inmediata a costa del sacrificio de uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, bastante malogrado ya por la expansión de la minería ilegal. Por donde se le mire, la zona de desarrollo estratégico Arco Minero del Orinoco es inconstitucional e ilegítimo.
*Dorixa Monsalve Dam. Bióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), vinculada a la investigación y conservación de los ecosistemas andinos del país, centrada en su especie más emblemática: El Oso Andino (Tremarctos ornatus).
*Anais López Caldera. Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su línea de investigación e vinculada a los estudios de género y las políticas públicas dirigidas a las mujeres, las formas de organización social de estas y su relación con el Estado en la Venezuela Bolivariana.
