Por Luis Ugalde, s.j.
La actual derrota educativa de Venezuela es abrumadora y alarma la falta de respuesta gubernamental para volver a poner en marcha la educación de 10 millones de niños y jóvenes. El profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB, nos presenta hechos y cifras deprimentes: más de 100.000 educadores abandonaron la docencia porque su miserable sueldo no les permite vivir; otros continúan, pero con trabajos para complementar sus ingresos básicos; 60 % de niños tiene solo dos días de clase a la semana; 44 % de las escuelas están en malas condiciones físicas, 72,2 % no cuenta con servicio de internet, 48 % carece de servicios sanitarios y 46 % tiene muy lamentables servicios de luz y de agua; las universidades de financiamiento oficial solo reciben 10 % del presupuesto que necesitan y por ello trabajan a media máquina con docentes en situación económica, también, lamentable.
Este cuadro catastrófico desanima la posible vocación educadora de los jóvenes y vacía los pedagógicos y las facultades universitarias de educación. Todo ello golpea fuertemente la calidad educativa. El profesor Calatrava cita un estudio (SECEL) de la Escuela de Educación de la UCAB, según el cual, en 2022, los estudiantes de educación media lograron en promedio 8,11 puntos en habilidad numérica y 8,62 puntos en habilidad verbal, es decir, el promedio de los jóvenes no llega a la nota mínima aprobatoria de 10 puntos.
Sin embargo, en el pasado tuvimos éxitos, la educación venezolana en la segunda mitad del siglo XX dio un salto impresionante con la siembra de escuelas primarias y secundarias por todo el país; el número de universitarios pasó de unos mil en 1935 a cerca de dos millones en 1998. No faltaron grandes maestros inspiradores de la prioridad educativa, florecieron los pedagógicos y escuelas de educación y se formaron miles de normalistas.
Del Estado docente a la sociedad educadora
Este formidable salto educativo fue financiado y controlado por el Estado con abundante renta petrolera. La siembra educativa se hizo prioritaria en todos los niveles y las universidades también se convirtieron en importantes palestras de formación política, debate y captación de militantes de partidos.
Al mismo tiempo, en esas décadas se desarrolló la llamada “educación privada”. Con gran esfuerzo y creatividad de familias en alianza con congregaciones religiosas, de experiencia educativa internacional, se desarrollaron emprendimientos pedagógicos de educadores laicos.
Esta “educación privada” creció hasta representar ¼ del total de instituciones educativas del país. Esta, a veces, es tachada de “negocio” o incluso vista como intrusa en actividades defendidas por algunos como exclusivamente estatales. Pero con el tiempo se superaron los prejuicios. Y a la luz de las realizaciones, se logró una buena convivencia, aprecio y complementariedad, comprendiendo que toda educación es un servicio público y contribuye a formar ciudadanos.
La gravedad del momento actual va más allá de la lamentable negligencia del Gobierno y su impotencia en la conducción educativa y en su financiamiento. El Estado que apalancó con ingresos petroleros públicos el desarrollo de la sociedad (con infraestructura, educación, empresas productivas) está quebrado y para resurgir necesita una activa toma de conciencia de familias y empresas. Es la hora de la sociedad educadora con capacidades y dinamismos que no tenía hace 60 años; esto mientras que el Estado está gravemente endeudado y cargado de vicios.
Queramos o no, tenemos que sustituir en la educación la abundante renta petrolera con la productividad creciente de millones de venezolanos, dotados y potenciados para una educación y capacitación más adaptadas y funcionales que lleven a Venezuela a salir de la ruina actual e increíble pobreza productiva y avanzar con éxito en pleno siglo XXI. Es necesario que esta sociedad más compleja y desarrollada asuma el florecimiento educativo y redefina las características y el tamaño del Estado a uno reducido, sostenible y de mayor eficacia, concentrado en las áreas realmente prioritarias. Todo un reto.
Para eso, Venezuela necesita millones de familias cada vez más convencidas de que el futuro de sus hijos no les lloverá de la escuela estatal a la que entregan los hijos, sino de la Alianza Educativa que renace del encuentro de las familias, de los educadores y de las empresas con un Estado redefinido, sostenido y orientado por la sociedad. Esto es imposible sin elevar la productividad económica y educativa de esta misma.
Son inseparables la renovación educativa y la producción de vida ciudadana y económica. Tenemos que descubrir las insospechadas potencialidades de la sociedad, poco utilizadas, pues esperábamos que llovieran del Estado. En esta crisis se ha visto con más claridad que son las familias las que sostienen la llamada educación privada y las que exigen y apoyan a educadores eficientes y mejor remunerados y, también, que las empresas requieren y apoyan a trabajadores con más y mejores valores productivos.
Este nuevo diálogo entre sociedad y producción transforma al Estado y lo libera en buena parte del peso clientelista; nos libera también del anticuado debate ideológico entre estatismo e individualismo, y cultiva el desarrollo de personas en sociedades donde el interés individual y el social se dan la mano en beneficio de ambos.
