Editorial Sic 715. Junio 2009
Recientemente apareció en los medios una declaración del dirigente gremial Pedro Rondón, miembro de la junta directiva de la empresa Sidor, quien aseguró que “la mayoría de los trabajadores de Sidor están arrepentidos de haber apoyado la estatización de la empresa.”
Sic, a lo largo de sus 70 años de historia, ha defendido con especial énfasis los derechos laborales. Entre ellos resulta vital citar el derecho a la libre sindicalización y la autonomía, el derecho a huelga, el derecho a la contratación colectiva, el derecho a la no discriminación en materia de beneficios y salarios. Resulta difícil entender, pues, cómo un Estado que pretende tener un gobierno socialista y que afirma fundamentarse en la clase obrera, agrede, entre otros, justamente esos derechos.
MONOPOLIO ESTATAL
El socialismo del siglo XXI funciona como una gran aspiradora estatal. Se trata de un proceso que está construyendo un monopolio económico, social, político y cultural. Progresivamente se ha ido incorporando al Estado todo el aparato productivo. Se nacionalizó la CANTV, el sector eléctrico, el sector cementero, las empresas básicas de Guayana y más recientemente los sectores conexos con la industria petrolera. Pero el Estado que absorbe no es productor, ni parece quererlo ser, sino que continúa en su pobre estructura rentista. Por eso varias empresas asumidas han dejado de ser productivas o continúan invariablemente en esa circunstancia. Las empresas que van entrando en el gran holding monopolizador del Gobierno funcionan desde parámetros ideológicos (la imagen del rojo rojito) que no toman en cuenta las competencias profesionales requeridas para la dirección de dichas industrias y su lógica de productividad. Así, el resultado final es la ineficiencia que es financiada por la renta petrolera.
El sobredimensionamiento del Estado, y el afán de convertirlo en el sujeto fundamental del proceso social y económico de nuestra sociedad, enajena la condición de sujetos a los verdaderos actores que no son otros sino los obreros, empleados y profesionales, e incluso los rebaja a la condición de peones. En esa dirección podemos decir que se abandonan las condiciones de posibilidad de construir una democracia participativa plural para establecer un régimen hegemónico, lo que significa la eliminación de cualquier otra variable que pueda poner en cuestión el control, primero fáctico y luego ideológico del Gobierno. Por eso la necesidad de absorber empresas que garanticen el control total sobre la economía del país y desde ella el control sobre cualquier otro aspecto de la vida de la sociedad.
En materia laboral el Gobierno funda y refunda (debido a los problemas de lealtad política) sindicatos patronales que están alineados con el proyecto de quien ahora detenta el capital. Así, para favorecer sus intereses incurre en una política de paralelismo sindical, acción condenada expresamente por el convenio Nº 98 de la OIT. Estos intereses cada vez más se alejan de los sectores laborales para asumir a los nuevos detentadores del capital. Se trata a fin de cuenta de la contradicción propia de una política que pretendiendo ser socialistas en realidad desarrollan un capitalismo de Estado. La clase política y en particular el alto Gobierno no hacen más que sustituir a la clase burguesa. Esto los lleva a desarrollar las conductas que antes desplegaba la burguesía que supuestamente pretenden superar, con varios elementos que agravan la situación de la clase trabajadora.
Este dueño del capital monopolizado, o en vías de monopolizarlo, utiliza al Estado y sus potestades públicas para someter cualquier manifestación de disidencia laboral: usa las armas del derecho penal para privar de libertad a quienes ejercen el derecho a la manifestación o a la huelga; desconoce las organizaciones sindicales que no le son afectas; no discute contratos colectivos o los que firma sólo han sido suscritos por los sindicatos patronales; establece condiciones leoninas con sus trabajadores donde desaparecen conceptos como estabilidad laboral, ascenso por méritos e incluso salario mínimo al establecer medias jornadas de trabajo, contrataciones a tiempo determinado, o mecanismos de tercerización a través de las cooperativas; no se discute, según lo prevé la legislación laboral, la cuantía del salario mínimo sino se decretan a arbitrio unívoco del gobierno.
GUAYANA COMO CENTRO TELURICO
El caso de Guayana, que destacamos en este número, sirve de ejemplo a lo que estamos señalando. Los trabajadores que en un primer momento apoyaron la nueva nacionalización de las empresas básicas, hoy se encuentran más limitados en sus derechos.
Ahora las bases obreras deben enfrentar el hecho de que las empresas están arrojando pérdidas. Por ejemplo, en Venalum las pérdidas estimadas son de 4.200 dólares por tonelada. Estas pérdidas están siendo financiadas por la renta petrolera que a su vez se ha visto afectada por la crisis económica global. Si bien la crisis de las empresas básicas implica componentes estructurales del modelo de desarrollo que se implementó (vinculado a una fuerte dependencia de la exportación de materia semi-elaborada), es innegable que existe un fuerte componente clientelar y político. Sostener una nómina de 25.000 trabajadores (cuando en los planes elaborados para 1998 hablaban de una fuerza laboral estándar menor a 7.000 trabajadores) con reivindicaciones que no guardan relación con la realidad productiva y económica de la empresa, no es otra cosa sino hacer inviable la industria y la misma región.
El hundimiento de las empresas básicas no sólo afecta a dichas corporaciones y a sus trabajadores, sino a toda la sociedad guayanesa, pues como es bien sabido, muchas empresas, cooperativas y otras formas de organización productivas, prestan servicios a las empresas básicas y dependen del pago de esos servicios. Tras el hundimiento de las empresas básicas y la falta de pago está el fantasma del desempleo y la recesión. El proyecto económico adelantado en Guayana, con base al capitalismo monopólico del Estado, está llevando al empobrecimiento. Esto no solamente por el problema del descenso de los precios en el mercado internacional y altos costos de producción, sino porque la misma productividad, tecnologización y diversificación han venido mermando.
En vez de un proyecto económico de corte monopólico estatal o liberal, se requiere un modelo donde puedan interactuar el Estado y el sector privado en condiciones de mutua confianza y diálogo. No habrá bienestar para los trabajadores y el país en general sino hay productividad y generación de riqueza. Las reivindicaciones laborales no pueden fundarse sino sobre la base de lo realmente producido. También implica confiar en la capacidad gerencial del personal profesional que ha laborado y labora en las empresas. De igual forma, no se garantizarán los derechos de los trabajadores si no hay organización autónoma sindical y se colocan como absolutos los derechos constitucionales.
