20 de marzo de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias:
La Resolución 39/1 pidió un informe oral de actualización sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional.
Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país. Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.
Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados.
Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.
Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales.
Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.
El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.
Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto.
La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas.
Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación.
También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información.
Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras. Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.
Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección. Esas personas necesitan que se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación. Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio.
Excelencias:
La polarización está agravando una situación ya de por si crítica. Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país. Y quiero insistir en el compromiso permanente de mi Oficina de trabajar con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela.
Muchas gracias, señor Presidente.
Fuente: Naciones Unidas
