Después del 3 de enero de 2026 fueron aprobadas nuevas leyes de hidrocarburos y de minas, siendo un propósito atraer inversiones privadas admitidas por el Gobierno de Estados Unidos. Para aprovechar oportunidades y contribuir a mejorar el poder adquisitivo en el país, dos propuestas han sido reiteradas en medios de comunicación venezolanos y en redes sociales: la eliminación del bolívar y el incremento del salario mínimo. Lamentablemente, las propuestas se discuten sin disponer de importantes datos oficiales. A partir de 2013 comenzó a interrumpirse la actualización de series estadísticas, llegando a retirarse información histórica de páginas web de distintos órganos y entes del sector público. Datos aislados en discursos oficiales no permiten conocer detalles sobre evolución en el tiempo, relación con otras variables y nivel de desagregación posible. Estos vacíos son caldo de cultivo para prejuicios, muchas veces repetidos aunque no siempre verificados. Consideremos tres de estos prejuicios.
- “Es normal que la gente quiera dolarizar, después de 40 años de inflación”
Eliminar el bolívar para detener la inflación ha sido una propuesta recurrente en Venezuela, al menos desde 2014. Se ha argumentado que la historia de inflaciones, depreciaciones, devaluaciones y controles de precios y cambios iniciada en 1983 prueba que hace falta una “camisa de fuerza” para subsanar la presunta incapacidad de los venezolanos para tener moneda nacional. Las implicaciones de tal afirmación son múltiples, teniendo en cuenta que la inflación y las devaluaciones no fueron problema durante los primeros 83 años del siglo XX. Durante esos años ocurrieron hiperinflaciones en Europa y América Latina, y la relación entre inflación y desempleo fue uno de los temas centrales de investigación macroeconómica en Inglaterra, Estados Unidos y otros países del mundo, donde había interés en comprender los efectos de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. En estos países, comenzando obviamente por Estados Unidos, adoptar el dólar como moneda no era una solución. Reconocer la importancia de las instituciones e, incluso, de la democracia, hizo de la historia y de la psicología fuentes indispensables para explicar problemas económicos.
Proponer la dolarización como solución de problemas que no tienen otros países con moneda propia deja sin respuesta muchas preguntas. ¿Por qué “los venezolanos” no tuvieron problemas inflacionarios antes de 1983, cuando otros países los tenían?, ¿qué hubiera pasado en Venezuela si en lugar de devaluar se hubiera eliminado el bolívar en 1983?, ¿por qué países que tuvieron hiperinflaciones, incluyendo a Venezuela, pudieron mantener una moneda nacional al terminar la hiperinflación?, ¿por qué las propuestas de dolarización toman fuerza cuando, justamente, caen los ingresos en dólares por exportación de petróleo?, ¿por qué se supone que una dolarización mejora el poder de compra de los trabajadores e incrementa su capacidad de ahorro, cuando esto depende de los ingresos y gastos que tengan… en cualquier moneda?
- “Más ingresos al trabajador, realizados sin respaldo, disparan la inflación y destruyen su poder de compra”
Es inaceptable atribuir la inflación exclusivamente al pago de remuneraciones del sector público, sin dar a conocer el presupuesto nacional y su rendición de cuentas. En 2016, según la última Exposición de Motivos publicada del Presupuesto de la República, el gasto en remuneraciones pesaba cerca de 18 % del total de gastos de la República. (Ver cuadro 9.3 – Resultado Financiero de la República)
Una Exposición de Motivos para 2022 circuló sin confirmación oficial. En ella puede observarse un gráfico que muestra, durante la hiperinflación registrada entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020 por el Banco Central de Venezuela, un incremento relativo de gastos de capital e inversión financiera y una caída relativa del gasto en remuneraciones. En 2021 ambas partidas habrían representado el 46,7 % y el 7,1 % del total, respectivamente. (Ver gráfico 3-2 Comportamiento de las asignaciones presupuestarias).
El 8 de abril de 2026 la presidente encargada vinculó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), aprobada el 7 de mayo de 2012, con unas exportaciones de US$ 97.669 millones, sugiriendo que su caída a US$ 26.785 en 2025 haría la Ley actualmente insostenible. Sin embargo, no mencionó que la LOTTT conservó elementos del cálculo de prestaciones sociales ya incorporados en la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aprobada tras la severa crisis financiera de 1993 a 1994, el levantamiento de los controles de precios y de cambio y el segundo acuerdo entre un gobierno venezolano y el Fondo Monetario Internacional. Tampoco hizo mención de los impuestos ordinarios en bolívares, ni de los recursos recaudados en cumplimiento de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista del 8 de mayo de 2024. ¿Cómo discutir sobre estos asuntos sin conocer el impacto sobre el presupuesto nacional de la LOTTT y del sistema de bonos actualmente utilizado para sustituir salarios, pensiones y jubilaciones?
- “No es posible aumentar el salario sin un aumento de la productividad, bajo amenaza de mayor desempleo e informalidad”
El 8 de abril de 2026 la presidente encargada también informó que hay 3,1 millones de trabajadores en el sector público y 2,2 millones en el privado, bajo relación de dependencia, y también que el sector público tiene 554 mil jubilados y 5,7 millones de pensionados. No hay información disponible sobre su composición por edad, género, actividad, ocupación, nivel educativo, remuneración, localización en el país ni posición dentro del hogar. La insuficiencia de información impide contrastar hipótesis relevantes en economía laboral, reconocidas con los premios Nobel otorgados en 2021 y 2023 a David Card y Claudia Golden por sus trabajos sobre salario mínimo y brechas de género, respectivamente. Sin embargo es importante hacerse preguntas: ¿No es posible que el aumento de salario mínimo incremente la productividad del trabajo?, ¿no es posible que el aumento del salario mínimo incremente el empleo formal?, ¿no es posible que el aumento del salario mínimo incremente la participación femenina en la fuerza de trabajo? Las respuestas son negativas cuando se supone que se parte de un equilibrio de mercado en un modelo estático de competencia perfecta, según libros de texto básicos. Pero, ¿es este el caso de Venezuela en todas las regiones del país y todas las ramas de actividad económica?
Conclusión
Los prejuicios comentados en estas páginas suelen enunciarse como verdades absolutas, libres de cualquier duda, como obviedades que no admiten discusión. Dada la importancia de los temas tratados, es preferible plantear los problemas reconociendo conflictos de intereses y requiriendo suficiente información estadística para proponer alternativas. Sobresimplificar es contraproducente cuando la transparencia y la búsqueda de soluciones compartidas son objetivos institucionales esenciales en la permanente construcción de una democracia.
