Por Víctor Álvarez R.
El Gobierno ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, pero la sumatoria de los votos de las oposiciones que se presentaron divididas es mayor que los votos que obtuvo el chavismo en todo el país. Esto quiere decir que el Gobierno no tiene la mayoría del voto popular y puede ser derrotado por una candidatura única y unitaria que capitalice electoralmente el descontento nacional.
Ni el Gobierno ni el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están dispuestos a correr el riesgo de que se desate una euforia electoral triunfalista, toda vez que sería barrido en un eventual referendo revocatorio o en la próxima elección presidencial.
Para prolongar la esperanza de vida del Gobierno, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitan candidatos ganadores de la oposición. Con la sentencia del TSJ que suspendió la proclamación del ganador en el estado Barinas y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) repetir las elecciones, una vez más se viola la independencia y autonomía del Poder Electoral y lo desprestigia como la autoridad que tiene la facultad de dirimir una controversia electoral.
El TSJ desconoce el Decreto Presidencial No. 4277 publicado en la Gaceta Oficial No. 6559 Extraordinario (31-08-2020) a través del cual se concedieron 110 indultos como parte de los acuerdos políticos entre el Gobierno y la oposición. Entre los rehabilitados se encontraba el candidato opositor que resultó ganador en el estado Barinas. ¿Cuál es la inhabilitación de la Contraloría en la que se basa el TSJ para desconocer la voluntad de los electores en Barinas? ¿Por qué el CNE autorizó la inscripción de una candidatura que supuestamente estaba inhabilitada? ¿Por qué la Contraloría permitió que el candidato compitiera? ¿Por qué el TSJ no lo advirtió oportunamente y solo actuó después de conocerse el resultado?
El exabrupto cometido deja en entredicho el compromiso del Gobierno en avanzar hacia una solución política y pactada del conflicto venezolano. Pero este no es un error del Gobierno, sino una maniobra ejecutada con premeditación y alevosía para empañar la recuperación de la confianza en el voto y manchar la credibilidad del árbitro electoral. Es una decisión pensada para exacerbar la abstención de quienes cuestionan que en Venezuela no hay Estado de derecho, ni separación y autonomía de los poderes públicos, ni respeto a la voluntad de los electores.
Para sobrevivir a la debacle electoral que pone en peligro la hegemonía del chavismo, el régimen necesita desacreditar el proceso electoral y exacerbar la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”, que “el CNE no tiene independencia ni autonomía”. Para estos fines, la intromisión del TSJ en los asuntos que corresponden al CNE resulta totalmente útil y funcional a las maniobras del Gobierno para desanimar el voto opositor.
Se impone recuperar la credibilidad en el proceso político venezolano. Las oposiciones tienen por delante el reto de acordar el mecanismo para elegir a un candidato único y unitario que permita capitalizar electoralmente la mayoría de los electores descontentos con el Gobierno.
¿Serán las oposiciones capaces de acordar una candidatura unitaria que permita capitalizar electoralmente el descontento nacional? ¿Estará el liderazgo opositor a la altura de este desafío histórico o con su división seguirá facilitando el triunfo del candidato oficialista? ¿Dejarán a un lado sus proyectos particulares, ambiciones personales, egos desmesurados y viejos rencores para presentar una candidatura unitaria con la que se identifique el elector descontento y opositor?
Nota:
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