Desde hace varios meses el Servicio Jesuita a Refugiados ha venido referenciando con preocupación la llegada de centenares de colombianos deportados de diferentes rincones de Venezuela. Según información de la Red Migrante hasta los primeros días de abril han sido deportados 868 colombianos durante el presente año, frente a 196 que recibieron esta medida el año anterior. 
Ciertamente la deportación es una medida migratoria contemplada en la legislación internacional, aplicada a los extranjeros que se encuentran de manera irregular, sin la documentación necesaria o excediendo los usos permitidos de la documentación otorgada por el estado receptor. Se trata de una medida legal siempre y cuando este procedimiento esté ajustado al debido proceso y no se violen los derechos humanos.
Sin embargo, a partir del trabajo humanitario que nuestra organización realiza en el territorio, hemos podido conocer varios casos que nos indican que no siempre estos procedimientos se hacen bajo la observación estricta de estos criterios. A continuación presentamos algunas irregularidades que consideramos deben ser condenadas y evitadas en lo sucesivo:
a. A un número importante de personas que adquirieron su documentación en jornadas amplias de regulación de extranjeros se les ha impedido realizar el proceso de renovación tras los diez años de vigencia que tienen estos documentos. Al parecer la falta de soportes en resoluciones o gaceta judicial se lo impiden pese a que la mayoría de estas personas ejercieron el derecho al sufragio para las elecciones legislativas y regionales.
b. Muchos de los colombianos deportados han residido por largo tiempo en el vecino país llevando su vida familiar y económica allí. La mayoría de estas personas han creado vínculos maritales con venezolanos y en muchos casos sus hijos también han nacido en ese país. Estas familias también han desarrollado su vida económica en Venezuela, adquiriendo propiedades y desarrollando actividades laborales. A pesar de ello, estas personas no cuentan con mecanismos jurídicos para formalizar su estancia en el país.
c. Un número elevado de personas deportadas han señalado que el procedimiento y traslado se está desarrollando en el marco de abusos de autoridad y tratos crueles y degradantes. Se han presentado casos de acoso sexual a mujeres y es usual la restricción de acceso alimentos y agua potable durante el tiempo que dura la captura y se completa el cupo del autobús para organizar el regreso a Colombia.
d. Paralelamente a las entregas formales con acto administrativo de la autoridad migratoria venezolana a las autoridades colombianas, se esconde un problema hasta el momento invisibilizado. Nos referimos a colombianos que luego de perder sus documentos de identidad son abandonados y expulsados de manera informal por las autoridades venezolanas, rompiendo no solo los protocolos exigidos para estos casos, sino dejándolos fuera de toda oferta de las autoridades migratorias colombianas. Esta circunstancia reconocida como deportación no administrativa hace parte de los sub registros que se están presentando sobre el fenómeno.
e. Las personas deportadas, en su mayoría hombres en edad productiva, refieren haber sido separados arbitrariamente de su cónyuge e hijos, padres, hermanos o abuelos, muchos de ellos quedando a la deriva y desprotegidos económicamente. Es importante resaltar que en ocasiones han quedado niños y niñas solos. Por otro lado, algunas personas señalan que sus familias están buscando la manera de vender sus enceres y venir a Colombia tras ellos, situación que se complejiza cuando se trata de mujeres de nacionalidad venezolana o de hijos de colombianos nacidos en Venezuela no nacionalizados.
f. Se registran también obstáculos hacia los colombianos que no cuentan con una cédula de identidad venezolana para acceder a bienes, alimentos y servicios de primera necesidad y el NO reconocimiento del documento provisional entregado por la Comisión Nacional para los Refugiados como documento válido para el expendio de este tipo de productos en algunos sitios.
g. Particular preocupación manifiesta el Servicio Jesuita a Refugiados en relación a las personas en necesidad de protección internacional, solicitantes o en situación de refugio, todas ellas víctimas del conflicto armado colombiano que huyeron del país hacia territorio Venezolano para salvaguardar sus vidas e integridad, quienes por todas estas medidas se exponen a ser nuevamente victimizados al llegar a territorio colombiano.
Las situaciones antes descritas ponen a los migrantes forzados ante tres escenarios de gran complejidad. Regresar a Colombia y poner en riesgo nuevamente sus vidas, exponerse a una medida migratoria de deportación y/o enfrentar toda suerte de infortunios derivados de la imposibilidad de acceder alimentos, medicamentos básicos y asistencia médica en el vecino país. Algunos de ellos han optado por regresar a Colombia buscando salir a un tercer país.
Fuente: Boletín de la Red Apostólica Interprovincial en la frontera Colombo-Venezolana
