Luis Ugalde
La justa rebelión contra los gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano fundamental. La justificación ética base de todo gobierno es su condición de medio necesario para lograr el bien común. Por eso, cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede con un gobierno de creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo que era clara la condición dictatorial del régimen imperante en Venezuela, pero las desvergonzadas decisiones de la semana pasada para impedir el revocatorio presidencial, ponen en evidencia un radical atentado contra la democracia social venezolana.
Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines de nuestra democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del Poder Judicial, Electoral y de la Fuerza Armada: ya no estamos en “un Estado democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el gobierno no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia”, sino a imponerse y mantenerse en el poder (Const. art. 2).
En consecuencia, este régimen atenta contra los fines esenciales del Estado democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Const. art. 3).
Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación: salir del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano fundamental, aunque no esté escrito en ninguna parte. Pero en Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (art. 350). En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (art. 333). Por si alguien tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de demostrarnos su condición dictatorial y recordarnos nuestra obligación de desconocer sus decisiones antidemocráticas y cambiar el régimen.
Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y valor para salir de la dictadura. Todos los demócratas y muy especialmente sus representantes de la Asamblea Nacional y los líderes políticos, deben caminar decididos y unidos al rescate de la democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las instancias democráticas. Que nadie espere que la Iglesia actúe con neutralidad equidistante entre dictadura y democracia.
Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto que incluya todas las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería un suicidio para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta hora de definiciones y de renacer de una democracia social que supere la pobreza y la exclusión.
