Horizonte de trabajo
del sector social de los jesuitas
en Venezuela
Estamos de acuerdo en que hoy por hoy la democracia representativa con dosis prudentes de participación, sobre todo en las áreas locales, pero también en áreas de servicios como la educación y la salud, es el sistema menos inadecuado para conducir al Estado.
No creemos que sea viable una democracia basada en la participación directa de los ciudadanos, bien sea mediante constantes referendos, bien a través de un perpetuo asambleísmo. Creemos que la complejidad de los problemas exige la división de trabajo y, por tanto, la constitución de un cuerpo de políticos y funcionarios profesionales altamente cualificados.
Menos deseable nos parece aún la democracia sin intermediarios en la que líderes carismáticos se encargan de todo, entendiéndose directamente con el pueblo. Esto no puede ir más allá de la demagogia, que ya padecieron y teorizaron los griegos.
Creemos indispensable, tanto una burocracia cualificada que no dependa del mandatario de turno, es decir, un Estado bastante autónomo del gobierno, como de partidos profesionalizados. Nuestro problema es cómo lograr que tanto el gobierno como los otros poderes del Estado sean realmente representativos en su desempeño y no sólo en su origen, lo que para nosotros se traduce en que gobiernen conforme a la oferta electoral que hicieron a la ciudadanía y, sobre todo, que en su desempeño concreto puedan ser demandados penalmente por ciudadanos concernidos por sus actuaciones ante tribunales imparciales, es decir, que respondan administrativamente ante los ciudadanos.
En la democracia representativa la participación de los ciudadanos se da, sobre todo, siguiendo activamente el debate nacional, estadal y local, interviniendo a través de los massmedia, o en diversos foros y, más aún, en los comentarios capilares responsables que crean opinión pública. Se da también a través de la vocería de los diversos entes públicos no formalmente políticos (asociaciones de derechos humanos, de consumidores, vecinales, ecologistas, instituciones científicas, organizaciones de fomento económico y cultural, sindicatos, ONGs…).
En tiempos de normalidad, la participación se hace más intensa e incluso directa conforme se desciende a niveles más abarcables por los ciudadanos, es decir, al nivel estadal y, sobre todo, al municipal. De tal modo que el municipio debería ser llevado, hasta donde fuera posible, por los ciudadanos organizados que habiten en él. Aunque tendría que ser responsable ante los ciudadanos y ante el Estado.
Al menos en los sectores populares es deseable el establecimiento de consorcios entre el Estado, responsable último de servicios básicos, y los usuarios organizados. Esa corresponsabilidad en la planificación y gestión es el grado más intenso de participación.
Sin embargo, en coyunturas de crisis se hace conveniente e incluso necesaria la participación extraordinaria de los ciudadanos. En estos momentos es deseable la politización de la ciudadanía, en el sentido preciso de informarse asiduamente de la situación y encargarse efectivamente de ella. Esta politización consciente y responsable es el antídoto más eficaz a la fanatización sectaria de los grupos radicalizados. Para estas ocasiones son saludables los instrumentos de consulta contemplados en la constitución.
Respecto de los gobiernos, el problema de la representatividad comienza porque los partidos en las campañas electorales no se esfuerzan en interpretar las verdaderas necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y el papel que le toca al Estado para crear un marco en el que puedan dedicarse a satisfacerlas. En lugar de eso, prometen realizaciones que por un lado infantilizan a los ciudadanos al sustituirlos y por otro no tienen intención de cumplir ni capacidad para hacerlo. Creemos que nuestro país requiere partidos modernos que tengan canales para mantenerse en contacto orgánico con el electorado y, más en general, con la sociedad que representan; que tengan, más aún, plataformas técnicas para elaborar propuestas consistentes; que tengan, sobre todo, capacidad para llevarlas a cabo sostenida y flexiblemente. Estos tres requisitos: fundamento teórico, proyecto de país, programa de gobierno; organización no leninista sino realmente democrática y con implantación en todo el país; y capacidad gerencial y voluntad de incluir en el Estado e incluso en el gobierno a los más idóneos y no a los suyos, serían a nuestro modo de ver los ejes del tipo de partido que demanda el país.
Sólo la creación de estos partidos modernos, es capaz de contrapesar el papel que cada vez más desempeñan los massmedia, que no se limitan, como antaño, a informar con objetividad y a interpretar los acontecimientos según su línea editorial, sino que se han constituido en actores políticos, sustituyendo a los partidos y tratando de arrastrar a los ciudadanos.
El problema de esta función es que, por una parte, nadie les ha otorgado esa representatividad que se arrogan y, por otra, que niegan a la ciudadanía el servicio público de la información a que tiene derecho. Dicen informar y opinar, y para eso sintonizan los ciudadanos con ellos, pero, en realidad, crean noticias por objetivos privados. No vale decir que cada quien sintonice lo que desea, ya que no pocas veces el receptor sólo se encuentra con opciones radicalizadas y ningún medio cumple el servicio público de informar, que es indispensable en cualquier democracia. Reconocemos como legítima cualquier línea editorial, compatible con la democracia, pero no aceptamos que se hurte la información básica ni que no se distinga entre informar e interpretar por el modo tendencioso de presentar las informaciones.
Volvemos a insistir, también en este punto, que sólo una ciudadanía adulta puede desestimular a los medios de emprender aventuras irresponsables. Por su parte los partidos modernos ayudarán grandemente a la ilustración de la conciencia de la ciudadanía. Así como también unos massmedia realmente democráticos y adultos son la mejor escuela de ciudadanía.
