Alejandro Álvarez
En días pasados sucedió un nuevo derrame petrolero, en esta ocasión en una localidad cercana al pueblo de Santa Ana, en el municipio Monagas del Estado Anzoátegui, en la Faja Petrolífera del Orinoco.
No hay información oficial sobre la fecha exacta, causas, magnitud y daños producidos por este nuevo evento. La que se tiene hasta el momento proviene de diferentes fuentes no oficiales, incluyendo el diputado por el estado Anzoátegui Antonio Barreto Sira, pero también de fuentes internas de PDVSA que no quieren ser identificadas. Las mismas reportan una fuga de crudo pesado por rotura del oleoducto de 36 pulgadas en el eje San Diego de Cabrutica – Jose. Igualmente hablan de una fuga entre 25 a 100 mil barriles que estarían afectando el río Aribi cuyas aguas finalmente llegan al Orinoco.
Asimismo, se ha informado de fuerte censura en la zona e incluso de decomiso de celulares y cámaras para intentar evitar que se filtren imágenes del caso.
En Venezuela, tanto la Ley Orgánica del Ambiente como la Ley Penal del Ambiente exigen que todos estos casos de afectación del ambiente sean investigados y que los causantes del mismo sean sancionados. En Venezuela estamos acostumbrados a que exista una enorme impunidad y que para mucha gente estos sucesos sean lejanos a sus preocupaciones y centros de interés. Pero todos ellos generan daños que van finalmente a afectar no solo la calidad de vida de los venezolanos y su posibilidad de desarrollarse de manera sustentable, sino que afecta derechos humanos consagrados universalmente, por lo que estos crímenes ambientales serán investigados y se producirán sanciones a su debido tiempo.
Por otra parte, este es uno más de los sucesivos eventos de daño ambiental que incluyen fugas, derrames y otras situaciones lo que revela las condiciones precarias de inseguridad en que está trabajando la industria petrolera nacional.
Un elemento de alto riesgo de esta situación, es que a medida que se suceden eventos de este tipo, aumenta la probabilidad de ocurrencia de uno de tipo catastrófico, es decir de gran magnitud que produzca pérdidas de vidas humanas y daños extensos y permanentes en el ambiente, incluyendo el deterioro irreversible de ecosistemas de enorme importancia como ríos y otros cuerpos de agua, agroecosistemas y bosques. La opacidad con que se está manejando esta situación unido al silencio, negligencia y apatía de los organismos oficiales que deberían estar actuando en este momento hace temer lo peor.
