Ismael Pérez Vigil
Desde el 29 de abril, durante dos semanas he publicado sendos artículos con relación a la necesidad de tender puentes hacia la “élite” del régimen dictatorial que nos gobierna para lograr que abandonen el poder al menor costo posible en sufrimientos y vidas humanas; y lo de vidas humanas no es un recurso retórico, todos conocemos, sufrimos y lamentamos la irrecuperable perdida de jóvenes venezolanos, asesinados en el último mes y medio.
El objetivo de ambos artículos era contribuir a la discusión, incipiente en ese momento, sobre el punto de la necesidad de negociar una salida con el actual gobierno que permita una transición sin más derramamientos de sangre. En las tres últimas semanas, desde que publiqué el primer artículo, ya son varios los que han opinado y se han referido al tema, varios analistas y algunos dirigentes políticos y diputados. Creo que el tema de una “negociación” ya está menos satanizado, aunque todavía hay algunos que no sé cómo se imaginan que se va a producir una salida a todo lo que estamos viviendo, como no sea a través de algún tipo de negociación, que implique ceder de parte y parte.
No se requiere de mucha imaginación para entender que las solicitudes de la oposición democrática que han animado las protestas de las últimas semanas (Fijación de un cronograma electoral, devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y apertura de un canal humanitario para socorrer a la población venezolana) conducen al fin del llamado socialismo del siglo XXI y a la salida del poder del actual régimen de una manera inexorable.
A esas razones, que ya eran suficientes, hay que agregar lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, en las cuales se ha hecho evidente la violación de otros derechos ciudadanos y humanos fundamentales, como el derecho a manifestar y la libertad de expresión, al no permitir manifestaciones y reprimirlas brutalmente; el derecho al debido proceso, al detener ilegalmente manifestantes y mantenerlos encarcelados, sin las debidas órdenes y procesos judiciales; el derecho a la vida, al reprimir brutal e inconstitucionalmente las protestas con un saldo de vidas humanas, heridos y lesionados.
De acuerdo a las encuestas y lo que hemos visto en las calles durante el último mes y medio, parece ser, además, el sentir y exigencia de la mayoría del país el que se encuentre lo antes posible una fórmula para salir de este gobierno, de este régimen dictatorial, que ha perdido toda legitimidad y se restituya el estado de derecho, el régimen de libertades y la democracia en nuestro país.
En otras palabras, lograr los objetivos que la oposición se ha trazado en este proceso de protestas y manifestaciones, implica concluir en un proceso de negociación, en el que se acuerden las formulas y condiciones para que la transición ocurra. Y esa negociación obviamente debe tomar en cuenta las fortalezas, debilidades y limitaciones de las partes en conflicto.
Esta negociación final, en el sentido de que ponga fin al conflicto y obligue a la salida del régimen del poder, a su renuncia, y ceder el paso a un proceso de transición, no es algo trivial y debemos estar preparados para su complejidad.
Vamos a estar claros en que la oposición carece de la fuerza física para obligar al régimen a ceder. Será una conjunción de presiones internas y externas las que convencerán a los personeros del actual régimen que su mejor opción es abandonar el poder, y para algunos de ellos, que están en posiciones de poder muy importantes, esta decisión no es sencilla.
Probablemente para el Presidente Nicolás Maduro y su entorno más íntimo, llegar a esa conclusión es más fácil que para algunos de sus “colaboradores inmediatos”, incluidos en esa categoría algunos miembros del gabinete, la Asamblea Nacional y la FAN. Algunos de esos “colaboradores inmediatos” del régimen de Maduro, sin contar con los delitos internos que puedan haber cometido, violación de derechos humanos o actos de corrupción, están acusados de narcotráfico a nivel internacional, por lo que, a estos últimos les va a ser mucho más complejo lograr alguna “garantía” o “inmunidad” que les permita dejar el gobierno. Esos se plantearán luchar hasta el final para mantener el poder.
La estrategia opositora, por tanto, debe ser aislar al grupo de esos “colaboradores inmediatos” de los demás funcionarios gubernamentales, hacerles entender a los segundos que para ellos hay una salida, una posibilidad de continuar en el país y hasta seguir con sus actividades políticas, pues si bien se pudieran considerar participes de políticas gubernamentales que han causado daños al país, al menos no son cómplices de haber cometido delitos graves contra los derechos humanos o actos de corrupción por los cuales deban pagar y mucho menos están incursos en delitos de narcotráfico, por los que puedan ser perseguidos internacionalmente.
Hace varias semanas propuse una alternativa: Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, e incluya a los funcionarios del actual gobierno no incursos en faltas graves. (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/15/tres-propuestas-polemicas-para-una-salida-2/)
Esta nueva ley debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía; en ese sentido creo que debe ser clara en incluir las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica y así mismo debe abarcar también algunos delitos cometidos por funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los de narcotráfico y contra los derechos humanos.
Este tipo de amnistías, que abarque a funcionarios del actual Gobierno, no es algo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder.
Creo que estamos en el momento de empezar a considerar a fondo este tema de la amnistía, de ofrecer garantías a los funcionarios del actual gobierno y comenzar a poner sobre la mesa fórmulas que le ahorren sufrimientos al país, violencia, destrucción, y evitar se siga derramando valiosa sangre inocente y familias enlutadas en el dolor y la desesperanza.
Esta vía es la única que permitirá construir la Venezuela de todos sobre la fuerza de la épica ciudadana desplegada durante las últimas semanas, que nos hará crecer como sociedad y forjar el futuro de progreso y bienestar que merecemos, por el que hemos luchado y han muerto tantos jóvenes.
