Felipe Pérez Martí*
Desde inicios del 2013 venimos advirtiendo sobre una crisis económica de dimensiones épicas. Nuestras predicciones se han cumplido ante la inacción del gobierno, como lo muestran los niveles de hiperinflación, alta devaluación real, desabastecimiento, y la contracción de la producción manufacturera y agrícola. La situación ha desbordado lo económico, y ha trascendido a lo político y lo social, pues la pobreza, la inseguridad y la conflictividad están a niveles nunca antes vistos, y la inconformidad en las encuestas sobrepasa el 80 % de la población. El resultado de las elecciones del 6D muestra claramente que no solo la oposición quiere cambio, sino que, buena parte del chavismo, con su abstención y voto castigo, clama también por una salida.
Desde el punto de vista económico, la crisis es completamente artificial, a pesar de lo grave, pues no se ha basado, incluso cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, como las crisis clásicas, en problemas de solvencia del país, ni de falta de liquidez en divisas. Con la baja del precio petrolero la situación se ha agravado notablemente, pues ahora se notan más las costuras del modelo. Pero es claro que la crisis se debe a graves errores de política económica, y también a errores político-ideológicos. En esta materia, el modelo de socialismo de capitalismo de Estado, con centralización administrativa y producción estatal, ha experimentado un fracaso más, como todos los experimentos sociales que tienen al estalinismo como paradigma. De hecho, la política económica ha sido muy racional para quienes se han beneficiado, y el estalinismo como ideología lo que ha servido ha sido para enmascarar a quienes han tenido capturados al gobierno y al país: los corruptos cadivistas, los contrabandistas y bachaqueros de todo tipo.
En lo social, luego de una mejora insostenible, que se debió a una muy mala administración del boom petrolero, la situación ha llegado a unos niveles absolutamente graves, de más de 75 % de la población en situación de pobreza, y de una hambruna en puertas, por desabastecimiento e hiperinflación, una situación mucho peor a la que había cuando el presidente Chávez llegó al poder.
Lo que está planteado es tomar las medidas de política económica, social e institucional que corrijan y reviertan drásticamente la situación, teniendo como norte una sociedad democrática participativa en la que se combinen virtuosamente el Estado, el mercado, y la solidaridad. Así, el costo del ajuste no puede pagarlo el pueblo pobre ni la clase media, que han sido los grandes perjudicados por la situación, sino los corruptos, los contrabandistas, y quienes se han enriquecido sin medida en todo este período a partir de la renta petrolera, y no de la producción. Entre los beneficiarios del ajuste se incluyen también, de manera natural, los empresarios productivos que quieren aportar su parte a este plan de amantes de la república, quienes similarmente han estado experimentando los impactos negativos de las políticas públicas erradas y del marco institucional de guerra que los ha mantenido perseguidos como si fueran enemigos del país, y no los ha dejado aportar todo lo que pueden.
Las medidas propuestas están orientadas no solo a resolver la coyuntura descrita, sino también a revertir los problemas estructurales que se han generado en todos estos años producto de los mismos errores, que se manifiestan en una inflación endémica y creciente (de 2500 % mientras en América Latina (AL) era de 105 %), un crecimiento acumulado real de solo 14 % (mientras en AL era de un promedio de 35 %, con solo Haití estando por debajo de nosotros), una desindustrialización notable (cuyo índice bajó a 13,9 en el 2012, por debajo del 20 % a que había llegado en 1986), y un acusado empeoramiento del rentismo petrolero. Sobre lo primero, tres elementos principales de los procesos hiperinflacionarios conocidos están hoy presentes en Venezuela: alto y endémico déficit fiscal, alta monetización del déficit, y disminución de la demanda real de dinero, manifestada en que la gente no quiere billetes, sino que prefiere reservas de valor como dólares, bienes raíces, automóviles, electrodomésticos y hasta bienes perecederos. Este elemento está caracterizado por las altas expectativas de inflación y devaluación.
La situación está tan desquiciada, que un mínimo de cordura hace milagros. De hecho, la solución al problema económico trasciende la política económica, pues se necesita, de manera imprescindible, establecer la confianza, además de la solvencia. Eso requiere el arreglo de lo institucional, y el clima de convivencia, y por tanto lo político, además de señales claras de un equipo económico capaz y honesto, a diferencia de los nombramientos recientes en esta materia. La solución requiere, pues, un acuerdo político nacional de gobernabilidad en que se involucren no solo el gobierno y la oposición, sino también las organizaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores.
De seguir la situación como va, o de tomarse medidas tímidas, sin cambios sustanciales, habría un claro y exponencial deterioro económico, social y político adicional, de consecuencias impredecibles, luego de transitar una emergencia alimentaria de estándares internacionales. Este entorno, típico de guerra de desgaste, coloca al gobierno en una situación en la que debe optar, si fuera racional y cuidara no solo los intereses de la población, sino los suyos propios, por tomar medidas económicas claras y sólidas, por un lado, y llegar a acuerdos políticos sustanciales que permitan una cohabitación con la nueva Asamblea Nacional que se traduzca en el nombramiento de personas de consenso en todos los órganos del poder del Estado, y revisar algunas leyes que se derivaron de un diagnóstico equivocado, como la de precios justos y la del trabajo.
El problema fiscal, de hecho, se resuelve fácilmente con una sinceración (que no devaluación) cambiaria, en un contexto de un programa comprehensivo, que unificaría el tipo de cambio de mercado entre unos 120 y 180 bolívares por dólar. Esto implicaría una recaudación cambiaria de cerca de $35 millardos, con lo cual la brecha fiscal actual, de alrededor de 18 % del PIB, se mejora en un 11 %. El aumento del precio de la gasolina, la revisión de Petrocaribe, cerraría por completo esa brecha, de manera que no habría necesidad de seguir imprimiendo billetes en el Banco Central.
Notemos que esto ocurre como por arte de magia, sin siquiera bajar el gasto, o subir los impuestos. Se trata de recuperar los dólares que el gobierno está regalando a los corruptos y contrabandistas, y a los países no-solidarios. Los pobres reciben muy poco de estas políticas desquiciadas. Es claro que el ajuste necesita la liberación de precios de las industrias no monopólicas (y de la tasa de interés, para eliminar la represión financiera). Esto, con el incremento del precio de la gasolina, va a traer, de acuerdo a nuestros cálculos, una inflación inicial de un 40 %, muy por debajo de los más de 200 % actuales. El impacto inflacionario de la sinceración cambiaria es básicamente nulo, pues si bien es cierto que algunos rubros suben de precio, la gran mayoría baja, pues el dólar libre, al cual se tasan los bienes transables (industria, comercio, agricultura) bajaría drásticamente. Por ejemplo un buen celular, en vez de costar Bs. 300.000, costaría unos Bs 35.000. Y así muchos otros rubros como los cauchos, baterías, repuestos, carros, electrodomésticos, computadoras, etc.
Claro que para que esto funcione de manera sólida, se necesita un nuevo equipo en el Banco Central, que sea capacitado y creíble, y con una legislación adecuada, que recupere el concepto de independencia de la autoridad monetaria.
Normalmente un ajuste macroeconómico implica apretarse el cinturón. Y quien se lo aprieta más es el más débil. La situación es muy distinta aquí, pues lo que pasa es que la gran mayoría de la población está con la soga al cuello, y el ajuste no es más que soltar la soga. Ahora bien: ¿hay que soltar la soga de a poco? ¡No! Lo que está planteado es dejar que la economía y la sociedad puedan respirar y salgan del peligro de ahorcamiento. Salir con toda la rapidez posible, pues los pulmones están preparados. Y el tránsito es del sótano ocho a la planta baja, por lo que el crecimiento va a ser de alrededor de 10 % por cinco años seguidos, ya que en estas condiciones de alta capacidad ociosa, recursos subutilizados, y grandes activos de venezolanos en el exterior, capital y cerebros, buscando la oportunidad de trabajo, implican que no es necesario ningún shock para revivir a un muerto: es impedir que alguien todavía vivo, a pesar de los intentos de muerte, resurja de su subyugación artificial, que salga y recupere plenamente, de una vez por todas, su libertad.
La solución estaría signada por la justicia social. De hecho, cambiando los subsidios indirectos a través de Mercal y Pdval, que implican unas redes de corrupción gigantescas, en las que, de 100 dólares de importaciones le llegan a la gente unos 10 solamente, y cuyos precios perjudican a la producción nacional, se recupera una gran cantidad de dinero que se puede transferir directamente a los ciudadanos. Junto con los ingresos adicionales producto del ahorro por la gasolina, una transferencia directa inicial de 30 dólares mensuales a cada venezolano el primer año del ajuste (4.350 bolívares mensuales, por ejemplo, si el tipo de cambio es de 145) cubre por completo el efecto negativo de la inflación mencionada sobre los pobres y la clase media. Nuestros cálculos dan que el salario mínimo, en términos reales, pasaría de unos 20 dólares, a unos 130 dólares mensuales. Por debajo de los 250 dólares mensuales de Colombia, es cierto, y a niveles de 2005, ante del boom petrolero. Pero muy superiores a los actuales en medio del abismo. Del cual podemos salir de manera bastante rápida.
Un asunto que debe ser afrontado es el tema del financiamiento externo en un año muy difícil para el país en términos de ingresos petroleros. A pesar de que las reservas internacionales están a un nivel apropiado para el ajuste (unos diez mil millones sirven como piso inicial apropiado), es necesario un plan de financiamiento para cerrar la brecha de flujo de caja en el año 2016, teniendo como norte un nivel de importaciones para garantizar la alimentación de la población, sea como productos finales, o como insumos para reactivar el aparato productivo. Esto se puede hacer perfectamente a través de los mercados financieros internacionales en un contexto en el que el riesgo país va a bajar sustancialmente, a niveles estándares latinoamericanos. No es imprescindible el FMI, pero, de ser atractivo, por sus bajos costos de financiamiento, habría que llegar a un acuerdo político nacional sobre esta materia, en el entendido de que no se compromete la soberanía nacional.
Finalmente, hablemos de una vez de la necesidad de aprovechar la crisis como una oportunidad, no solo para solventar los problemas coyunturales, sino para salir de los problemas estructurales de una vez por todas de la enfermedad del excremento del diablo, como la llamó Pérez Alfonso, y así enrumbarnos con confianza hacia el futuro productivo. Debemos librarnos de los tres síntomas de esa enfermedad, que son la enfermedad holandesa, la inestabilidad macroeconómica, y los altos niveles de corrupción, falta de democracia, centralización, y militarismo.
Para hacer esto, hay que diseñar un plan en el que cada quien tiene que aportar su parte. Sobre todo los políticos, y los empresarios, y la población acostumbrada a las dádivas (y los corruptos caza-renta lo perderían todo). La solución es el Fondo de Ahorro Intergeneracional (FAI), como en Noruega. Un fondo así resuelve el primer síntoma porque los dólares no entran al país para comprar bolívares, y no los sobrevalúan. Resuelve el segundo porque la volatilidad del precio petrolero afecta solo al fondo, y no pasa a la economía (resulta ser un Fondo de Estabilización Macroeconómica). Y resuelve el tercero porque lo que ingresa al fisco es solo las ganancias del fondo, y no sus ingresos, con lo cual no hay carne para los zamuros, por diseño.
Así que se necesita una reforma fiscal: mejorar sustancialmente la recaudación para aumentar los ingresos fiscales no-petroleros de manera progresiva, de 14 % a 23 % del PIB, como en Colombia, Chile y Perú. La idea es impedir la elusión y la evasión fiscal, con un mecanismo con los estándares de los países mencionados. Quien recibe los impuestos es el fisco, y no los fiscales cobra-vacuna, de una manera sencilla, centralizada y transparente. Paralelamente, se propone destinar un porcentaje diario inicial de 10 % de la oferta de dólares del BCV en el mercado cambiario a dicho fondo, con incrementos de 5 % en años posteriores. Esto, además de alimentar el fondo, subirá el tipo de cambio a niveles que se acercarán progresivamente al óptimo en términos de adecuación a la productividad interna no-petrolera, permitiendo el desarrollo productivo tanto para suplir la demanda interna de transables (industria y agricultura), como para exportaciones no tradicionales. Finalmente, se propone que los ingresos petroleros recibidos por el país cuando el precio está por encima de 45 pasen al fondo.
La propuesta hecha propicia una sociedad de inclusión, tolerancia, diálogo y convivencia, donde la diversidad es vista como una ventaja para todos, y no como un enemigo a derrotar por alguna de las concepciones o grupos. Donde puedan convivir gente con ideología liberal, socialista, comunista, con distintas confesiones religiosas, de género, raza, condición social, buscando siempre la justicia social, la armonía con la madre tierra, en que cada persona tenga sus medios de vida en lo económico, social y político. Teniendo como marco de convivencia la constitución del 1999, para salir del bache en que nos encontramos, y enrumbarnos de una vez hacia el futuro productivo y el desarrollo humano integral.
*Doctor en Economía.
Este artículo se basa en la propuesta de Qué hacer que actualmente se encuentra bajo discusión.
