Por Félix Arellano
La intensa ola de protestas del sector agrícola que se ha extendido por gran parte de los países miembros de la Unión Europea (iniciaron en Francia y se han expandido por Alemania, Bélgica, Países Bajos, España y Polonia) pareciera que, luego de complejas negociaciones con los gobiernos, se están calmando. Ahora bien, tanto el proceso de las protestas y sus argumentos, como las soluciones que se están adoptando; evidencian las contradicciones y debilidades de la globalización, de la institucionalidad económica internacional y de la integración europea.
Los productores agrícolas europeos, pero también el mundo en su conjunto, están enfrentando condiciones difíciles. Todavía se sienten los perversos efectos de la pandemia del covid-19, que golpearon fuertemente los sectores más vulnerables; luego, la invasión de Putin a Ucrania, una guerra que se extiende y las sanciones a Rusia; más recientemente, la nueva crisis en el Oriente Medio y, no podemos dejar de mencionar, los ataques de los hutíes en el Mar Rojo por sus implicaciones al comercio internacional. Todo un conjunto de factores que promueven inestabilidad en la economía mundial, generando inflación e incremento de los precios, en particular de la energía.
Obviamente, entre los argumentos de las protestas destacan los incrementos de los costos generados, en gran medida, por la interdependencia compleja y asimétrica que vivimos a escala mundial. Más específicamente las protestas resaltan los costos del diésel, la lentitud y burocratismo en las instituciones comunitarias encargadas de los temas agrícolas, la incertidumbre por los incentivos y subvenciones en el sector.
Un argumento recurrente que se plantea en las protestas tiene que ver con el cuestionamiento de las importaciones agrícolas proveniente de países fuera del bloque y los acuerdos de libre comercio suscritos comunitariamente. Se destaca con insistencia la competencia desleal contra la producción nacional.
En el caso de Francia se plantea la competencia desleal contra las exportaciones españolas, pero el mercado comunitario está armonizado, en consecuencia, pudiera ser un caso de competitividad entre socios en condiciones muy similares. En el caso de España se cuestiona la competencia desleal desde Marruecos, y se asume que en pocos años puede acabar con la producción nacional española.
La mayoría de los productores agrícolas de los países de la Unión Europea (UE) cuestionan la competencia desleal de las importaciones agrícolas provenientes de fuera del bloque. Resaltan las fuertes críticas contra Egipto, Turquía y Marruecos; pero también, contra los países del Mercosur, una de las razones de fondo para rechazar el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Una negociación de dos décadas, que parecía culminada en el 2019, pero el acuerdo aún no ha sido firmado y Francia lo ha rechazado públicamente.
El tema de la competencia desleal resulta complejo y contradictorio. Luce desproporcionado calificar las importaciones provenientes de América Latina, concretamente del Mercosur, como desleales cuando los productores agrícolas de la UE reciben una diversidad de incentivos y las subvenciones comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC); por el contrario, los productores de nuestra región enfrentan diversos obstáculos para exportar. Pareciera que en el fondo nos encontramos con un caso de calidad y competitividad.
Otro argumento que empieza a resaltar en las protestas, tiene que ver con el malestar que están generando en los productores agrícolas los nuevos compromisos ecológicos comunitarios, que estiman rígidos y costosos en su aplicación. Factor que suman en la tesis de la competencia desleal, pues aprecian que el bloque promueve una aplicación rigurosa de los compromisos, por ejemplo, el reglamento sobre los pesticidas o las limitaciones en la producción ganadera por la emisión de óxido de nitrógeno; empero, no observan un comportamiento similar en el producto importado.
Los necesarios cambios ecológicos conllevan costos y los gobiernos deberían trabajar simultáneamente, tanto en la aplicación de las normativas, como en la adopción de los incentivos y equilibrios para atenuar sus efectos, en particular en los grupos más sensibles, como puede ser el sector agrícola.
Pero lo que se aprecia en estos momentos desde Europa es que se recurre a la solución fácil, pero no la más conveniente, como suspender la aplicación de las nuevas normativas ecológicas.
Tanto la argumentación que fundamenta las protestas, como buena parte de las soluciones que se están planteando para superarlas, tienden a contribuir en el proceso de desglobalización de la economía mundial, deterioran aún más la frágil institucionalidad económica internacional, en particular la Organización Mundial del Comercio (OMC), introducen mayor incertidumbre en la estabilidad de los compromisos ecológicos y estimulan las narrativas populistas, radicales y euroescépticas.
El sector agrícola plantea complejos desafíos en las negociaciones internacionales y pretender resolver los problemas atendiendo exclusivamente los aspectos locales genera ininteligibles distorsiones a escala global. Recurrir de nuevo a las soluciones simplistas de cerrar mercados afecta, entre otros, a la economía global, a los consumidores y no estimula una competitividad eficiente en los productores. La eliminación de los subsidios directos a las exportaciones es una obligación en el marco de la OMC, que beneficia el comercio global.
Por otra parte, no podemos desconocer que la crisis agrícola europea se inscribe en el proceso electoral en puertas. Un descontento social que arremete contra las instituciones, en buena medida por el interés de los grupos populistas y radicales que se encuentran en campaña para las próximas elecciones del parlamento europeo, previstas del 6 al 9 de junio. La crisis agrícola se manipula para fortalecer la narrativa euroescéptica que promueven tales grupos.
Se resaltan las debilidades y limitaciones de la integración europea, pero se menosprecian sus beneficios, entre otros, la Política Agrícola Común, los fondos estructurales, los millonarios programas comunitarios de apoyo a los gobiernos en los casos de las crisis financieras o en pandemia del covid-19.
Los radicales y populistas con sus narrativas apasionadas cargadas de falsas promesas, xenofobia y exclusión que apasiona, pero no soluciona los problemas; por el contrario, agrava la situación, como bien se ha podido apreciar con el fracaso del retiro del Reino Unidos de la UE (el llamado Brexit).
Fuente:
TalCual Digital
