Carlos F. Lusverti P.
Una reciente decisión de la Unión Africana la ha alineado con el presidente de Sudán, Omar al Bashir, al negarse a cooperar con la Corte Penal Internacional, la cual dictó el pasado 4 de marzo, una orden de detención por los hechos ocurridos en Darfur. La Unión no reconoció la orden de detención emitida por la Corte en su 13ª Cumbre de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno la Unión Africana.
Desde 2003 Darfur vive un conflicto armado entre el gobierno de Sudán, varios grupos armados de oposición y grupos armados por el propio gobierno (milicias conocidas como los yanyawid). Según información de Amnistía Internacional así como de Naciones Unidas y otras agencias humanitarias presentes en Darfur, a consecuencia del conflicto en Darfur, han muerto 300.000 personas y más de 2.4 millones han sufrido desplazamiento y viven en campos para personas internamente desplazadas en diversos lugares del país, donde las personas más afectadas son las mujeres y niños víctimas del conflicto.
Esta decisión es incomprensible, considerando el decidido apoyo que los estados africanos dieron a la creación de la Corte en 1998, e igualmente con el hecho que tres de ellos (República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda) hayan remitido casos a la Corte. Esta decisión así mismo quebranta las obligaciones previstas por el propio estatuto de Roma que obliga a los estados partes a cooperar con la Corte. Es igualmente incomprensible considerando que es la Unión Africana una de las organizaciones presentes en Darfur para atender a la crisis humanitaria, quizá la atención debe dirigirse en criterio de algunos analistas en cuanto a que los países africanos estarían considerando a la CPI como un intento de occidente de intervenir en sus asuntos internos.
La negativa a cooperar con la Corte Penal Internacional, se traduce en un apoyo a las personas requeridas, con lo cual los estados y sus gobiernos, debilitan la autoridad de la Corte como institución y contribuyen a la impunidad de los graves crímenes contra los derechos humanos, que termina por vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia.
