“¿Qué sentirían ustedes si fueran despreciados, denigrados y agredidos moralmente durante años por unas personas cada vez más zafias y ensoberbecidas, en la certidumbre de que cualquier acción legal que la víctima emprenda, en el mejor de los casos, se saldará con una multa que podrán pagar sin despeinarse, para seguir ejercitando su abominable e inhumano pasatiempo con renovado placer?” Lorenzo Silva, escritor español
Carlos Patiño
En la última década, el movimiento sindical y las organizaciones de Derechos Humanos han sido testigos de la creciente discriminación laboral por razones políticas en Venezuela, el acoso a empleados públicos para que se abstengan de participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y elecciones promovidas por el partido oficialista.
Sin embargo, desde el pasado 17 de julio de 2017, la ONG Provea ha registrado un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de al menos 80 organismos de la Administración Pública Nacional, en el marco de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las consecuencias para quienes no acataron dichas órdenes van desde el escarnio y las desmejoras, hasta las remociones, destituciones y despidos.
Si bien desde la época de Hugo Chávez funcionarios de diverso rango han hostigado a trabajadores que laboran en organismos del Estado, con acciones concretas en entes específicos, como el despido masivo de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA (2003), y la aplicación de la “Lista Tascón” para decidir la incorporación o no de un aspirante a cargo público (2004); en la actualidad la persecución laboral se ha convertido en la norma que rige las dependencias oficiales. Ya en el año 2016 Provea asumió el caso de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del fallido referéndum revocatorio promovido por la oposición, y a la fecha, ninguna de ellas ha sido reenganchada.
Entre el 17 de julio y el 05 de agosto de 2017, Provea recibió más de 260 denuncias de hostigamiento a empleados públicos por negarse a votar en la ANC, para un promedio de 15 denuncias diarias provenientes de Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas del Estado y hasta hospitales y entes educativos. Cabe resaltar casos en los cuales una sola denuncia abarca, no a una persona, sino a un grupo de trabajadores públicos, por lo que la cantidad de denuncias implica un número mucho mayor de empleados afectados.
Antes de la elección, se les conminaba a reportar ante sus superiores un listado “1 X 10” donde debían señalar las 10 personas que llevarían a votar ese domingo. Asimismo, debían informar dónde y a qué hora votarían, tomar fotografías e informar la identificación de sus cuentas de redes sociales. De no hacerlo, se les comunicaba que serían despedidos. En otras denuncias se les solicitó la tramitación del denominado “Carnet de la Patria” antes de la fecha de la elección, y se les intimidaba con quitarle el “CLAP obrero”. Posterior a la elección del 30 de julio hasta el 05 de agosto se materializaron 9 despidos del total de amenazas reportadas y a la fecha se reciben denuncias de presuntas “listas” que se estarían elaborando de aquéllos empleados públicos que no demostraron su participación y que serían despedidos bajo alguna causal inexistente para simular la justificación del despido.
En los casos registrados por Provea se constata una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando no solo su estabilidad en el empleo, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. La Constitución vigente y la legislación laboral venezolana prohíben cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohíben la discriminación laboral basada en opiniones políticas. La propia OIT considera que hay Acoso Laboral o “Síndrome de Mobbing”, cuando existe hostigamiento o acoso psicológico a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores que afectan su salud mental garantizadas en el Convenio N° 155.
La dictadura en Venezuela pretende forzar a funcionarios y funcionarias, contratados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional a no expresar libremente sus opiniones políticas, atentando contra la dignidad de cada uno de ellos; se les somete y se les coarta su libertad de decidir conforme a su conciencia y a hacerse cómplices del abierto proselitismo político en las instituciones del Estado y convalidar eventos como la fraudulenta Constituyente consumada el 30 de julio. El gobierno de Nicolás Maduro, radicalizando las políticas discriminatorias que iniciaron durante el período de Hugo Chávez, viola Derechos Humanos al implementar conductas represivas y discriminatorias contra empleados públicos que manifiestan sus opiniones políticas.
Urge la necesidad de adopción de medidas urgentes y eficaces para obligar al Estado venezolano a detener el acoso laboral en todas sus formas y la discriminación por razones políticas.
Fuente: https://www.derechos.org.ve/opinion/acoso-laboral-y-discriminacion-politica
