Ante la incapacidad estatal para garantizar derechos indígenas, el Estado debe implementar las recomendaciones de la ONU para pueblos y comunidades originarias venezolanas
(Caracas, 10.10.15) La conmemoración de un nuevo 12 de octubre, calificado por el Ejecutivo Nacional como “Día de la resistencia indígena”, el balance de garantías de los derechos de los pueblos y comunidades originarias en el país presenta escasos avances. A pesar de las diferentes iniciativas impulsadas por la gestión del presidente Hugo Chávez para materializar los derechos presentes en el capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las diferentes normativas legales, los resultados son precarios, fragmentados y alejados de una política pública que, de manera integral, genere condiciones para mejorar la calidad de vida de las y los indígenas venezolanos y reducir de manera sostenible sus índices de pobreza, mejorando sus condiciones de salud y asistencia sanitaria.
Para las diferentes organizaciones e iniciativas que suscribimos el presente comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene en las diferentes recomendaciones realizadas recientemente por Naciones Unidas, como resultado de sus exámenes sobre el nivel de cumplimiento de los pactos suscritos en materia de derechos humanos, una agenda de trabajo inclusiva que cumplir para mejorar la preocupante situación de los derechos de los pueblos indígenas.
Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), como el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) coincidieron en que ante la profundización de una economía extractivista en el país, el Estado debe garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura, “particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, derecho presente en nuestra Carta Magna. La ONU recomendó para ello, específicamente, la necesidad de agilizar y aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre e Informada, asegurando la participación activa de las propias comunidades en su elaboración, lo cual queda como una tarea a asumir por la próxima Asamblea Nacional. Como recuerda Naciones Unidas, las decisiones de los pueblos indígenas sobre aspectos que los afecten deben ser respetadas “por todos los agentes tanto gubernamentales como privados en condiciones de completa seguridad”.
Una segunda medida consensuada por ambos comités es relativa al proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Carta Magna establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.
Los hechos de violencia contra poblaciones originarias también fueron objeto de atención en Naciones Unidas. Al respecto señalaron que se debe “proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y velar por que los autores de tales actos sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados, y por que las víctimas obtengan una reparación adecuada”. Los diferentes comités recibieron información sobre abuso de poder por parte de los funcionarios militares destinados a territorios indígenas, así como la presencia de grupos armados irregulares. Asimismo, sobre las diferentes situaciones de violación al derecho de libre reunión y asociación, mediante la progresiva sustitución de las organizaciones tradicionales indígenas por figuras asociativas impuestas por el Estado, carentes de independencia y autonomía.
Exhortamos al Estado venezolano a la pronta disolución del estado de excepción en territorios ancestrales; y la pronta y progresiva desmilitarización de sus territorios.
Ante las limitaciones oficiales en diseñar una plan integral destinado a los pueblos y comunidades indígenas, implementado sin discriminación por razones políticas, las recomendaciones del Comité DESC y el Comité DCyP constituyen una oportunidad para promover una agenda inclusiva que tenga como protagonistas a las propias comunidades originarias, pero también a todos los sectores aliados comprometidos en la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a su hábitat y sus modos tradicionales y ancestrales de vida.
Suscriben
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Foro Penal Venezolano
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes
Justicia y Paz de La Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela
Laboratorio de Paz
Observatorio de Derechos Humanos de la ULA
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
Revista SIC del Centro Gumilla
Servicio Jesuita a Refugiados
Una Ventana a La Libertad
Venezuela Diversa A.C.
