Jesús Vasquez
Hoy 22 de marzo se celebra el día mundial del agua. Celebración que desde el año 1993 promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de que fuese aprobada durante la Conferencia de Río de Janeiro en 1992. Cada año se elige una temática distinta sobre la cual reflexionar. En el 2016 la celebración gira en torno a la relación que se genera entre el agua y el trabajo, aludiendo que, con mejor calidad y disponibilidad de agua las personas tienden a tener mejores empleos. Sin embargo, Venezuela recibirá este día atravesando una profunda crisis del sector agua y saneamiento, propiciando que la conflictividad social por problemas de escasez del recurso aumente cada día.
Hablar de la relación entre agua y trabajo en Venezuela, se traduce en que todavía queda mucho por lo que trabajar. Y aunque hay que reconocer los importantes esfuerzos que el gobierno nacional ha venido emprendiendo desde el año 2003, con la creación del viceministerio del agua y las importantes reformas institucionales y legales que se originaron a partir de entonces, el modelo de gestión del agua en Venezuela aún no logra garantizar acceso al agua potable para todos los venezolanos, especialmente a los grupos más vulnerables.
El gobierno nacional no ha reconocido oficialmente la crisis del agua que padece el país, sin embargo, ha implementado fuertes programas de racionamiento en todo el territorio nacional, pero gracias a las quejas de la población, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA) tuvo que aceptar que tiene dificultades para garantizar el abastecimiento continuo de agua potable, aunque acusa que la causa del problema se debe al fenómeno el Niño. Es importante destacar que este evento Niño es el segundo más grande registrado en la historia documentada de este fenómeno (50 años). No obstante, ante los embates de la naturaleza debido al cambio climático, el ser humano ha tenido que adaptarse para prever sequias e inundaciones, normalmente mejorando y creando nueva infraestructura. Al hacer un análisis histórico de las construcciones realizadas en el país, se observa que 97 de las 99 presas existentes fueron construidas entre los años 1860 a 2000, las últimas dos represas construidas y puestas en marcha en el país en estos últimos 16 años fueron el Diluvio y Caruachi. Ninguna de ellas para abastecimiento de agua potable, lo que nos hace más vulnerables a las sequías generadas por El Niño, al no construir infraestructura necesaria para adaptarnos a los fenómenos climáticos y el aumento de la demanda.
Pese a no haber construido obras importantes de infraestructura para abastecimiento de agua, el MINEA asegura que el porcentaje de cobertura de agua potable es del 95%. Entendiendo como cobertura, de acuerdo a la observación general N°15 de la UNESCO, el tener acceso al servicio de agua potable dentro del hogar. Sin embargo, esta cifra no pudo ser ratificada de manera independiente en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2014, en la que destaca la participación de las Universidades: Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB). En este estudio concluyen que el 83,6% de la población tiene acceso al agua potable a través de conexión al acueducto, mientras que el resto debe acudir a pilas públicas, camiones cisternas, acarreo u otros medios, lo que contrasta con los datos oficiales. De la misma forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la UNICEF publicaron en el año 2014 un estudio llamado Progress on Drinking Water and Sanitation, donde analizaron el progreso de los países en el cumplimiento de los objetivos del milenio, específicamente en los sectores agua potable y saneamiento. En este caso la información que suministró el gobierno venezolano para la realización del estudio fue insuficiente o no pudo ser computada para su análisis. Cabe mencionar que fue el único país suramericano que no pudo ser estudiado. Nuevamente nos queda mucho trabajo por hacer.
La legislación venezolana ha sido progresiva en cuanto al respeto a los derechos del agua, por ejemplo, La Ley Orgánica sobre la provisión de agua potable y servicio de saneamiento aborda el principio de asequibilidad. De esta forma los usuarios con rentas bajas tienen el derecho a disponer de estos servicios. Sin embargo, en la práctica y pese a los intentos del gobierno, existe una gran injusticia en cuanto a las tarifas que deben pagar los usuarios para tener agua potable en sus hogares. Mientras un grupo es privilegiado con tarifas bajísimas y servicio continuo de agua. Otros, los que más sufren, viven en asentamientos urbanos informales que pueden pasar semanas sin agua en los acueductos, por lo que deben contratar los servicios de camiones cisternas que, dependiendo del lugar y la urgencia, pueden cobrar entre 7.000 y 15.000 bolívares por viaje. Si consideramos que cerca del 80% de las familias venezolanas cuentan con un presupuesto menor a 35 mil bolívares mensuales, contratar un camión de cisterna podría representar cerca del 43% del presupuesto familiar. Sobre este punto la ONU recomienda que la tarifa por los servicios de agua y saneamiento no debería exceder del 5% del presupuesto familiar.
El día mundial del agua de este año no pudo tener mejor temática para nuestro país, son muchas las aristas del problema hídrico que hay que resolver. Pero sobre todo, muchísimo el trabajo que hay que adelantar, y las soluciones no solo dependen de construir infraestructura o la ejecución de políticas públicas, también dependen del grado de compromiso que podamos tener para hacer un uso racional del agua. Afortunadamente los incentivos para sacar al país adelante están allí, el talento y la experiencia también, solo necesitamos darle prioridad a un problema que cada día se hace más grande.
