Por Carlos Lusverti
El pasado 25 de enero Venezuela atendió a su tercer Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El EPU es un mecanismo de revisión integral y periódica de las obligaciones en materia de derechos humanos en el que participan todos los Estados que integran las Naciones Unidas. Al ser un mecanismo establecido en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –donde participan los Estados– existe un grado de politización, por cuanto no se trata de un órgano técnico ni sus integrantes actúan como órganos independientes, sino como embajadores representantes de sus países y por ende de sus intereses.
El proceso se basa en un informe nacional que prepara el propio Gobierno, una recopilación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las obligaciones internacionales del país y su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y un tercer documento que resume de las comunicaciones de la sociedad civil. Sobre estos documentos el resto de los estados miembros de la ONU presenta sus preocupaciones y formulan recomendaciones al Estado examinado.
Según reporta la organización Alerta Venezuela, para este tercer ciclo hubo un total de 174 contribuciones, lo cual contrasta con las 519 presentadas en el segundo ciclo y las 579 del primer ciclo. Esta caída en las comunicaciones de la sociedad civil es atribuida a:
Una caída muy significativa de participaciones por parte de organizaciones vinculadas al Gobierno, tanto dentro como fuera del país. Mientras en los dos primeros ciclos las organizaciones pro Gobierno representaban cerca de dos tercios de las contribuciones, en esta ocasión solo alcanzan a un 16 %.
En esta oportunidad, tanto el informe nacional de Venezuela como su presentación oral se concentraron en explicar cómo las medidas coercitivas unilaterales (MCU) –o sanciones internacionales– impidieron el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos y, lo que es peor, ofreciendo datos falseados en muchos casos, que resultan imposibles confirmar en vista de la constante violación del derecho de acceso a la información y la falta de transparencia en la gestión pública.
Las preocupaciones respecto de la situación en Venezuela
Durante la sesión hubo dos posturas claramente diferenciadas. Mientras aliados del Gobierno de Maduro dedicaron sus intervenciones para felicitar los supuestos logros del Gobierno, el resto de los países presentaron críticas y recomendaciones específicas relacionadas con las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.
Entre las recomendaciones más recurrente se pidió a Venezuela mayor cooperación con el sistema de derechos humanos de la ONU, garantizar la independencia del sistema judicial, proteger la libertad de expresión y el espacio cívico, así como la labor de defensores, periodistas, activistas, militantes políticos y trabajadores humanitarios; respetar al derecho a la libre asociación y a reunión pacífica, elecciones libres y la urgente necesidad de buscar una solución pacífica de la crisis.
Igualmente, varios Estados recomendaron garantizar los derechos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, la violencia de género; prevenir y combatir la trata de personas, tomar medidas para la protección del medio ambiente en el contexto de la destrucción ambiental producida del Arco Minero del Orinoco, así como recomendaciones respecto a grupos vulnerables, como niños, personas con discapacidad, privadas de libertad y LGBTI. Desafortunadamente, hubo pocas recomendaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mientras que no se mencionó la situación de derechos de personas mayores, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, entre otras.
¿Pero finalmente de qué sirve el EPU?
Pese a que expertos como el profesor Héctor Faúndez han señalado en términos muy duros la poca utilidad del EPU, por cuanto
Compite con otros procedimientos similares previstos en tratados de derechos humanos, debilita la labor de otros órganos de control -de carácter técnico y no político- que también examinan informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos, evita llamar a las cosas por su nombre, y no ofrece una respuesta apropiada a situaciones de violación de derechos humanos que requieren corregirse. Desde que fue establecido, en marzo de 2006, este mecanismo no puede ofrecer ningún resultado tangible.
Si bien no le falta razón al profesor Faúndez en cuanto a sus críticas, me parece que el EPU tiene aspectos positivos, y quizá la utilidad varía según el criterio o expectativas con que se analice. Así, por ejemplo, si se esperan condenas contra Venezuela o su Gobierno o que sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos, el EPU no es el lugar para eso por su carácter de órgano político compuesto por Estados y no por técnicos. Pero, si en cambio el interés es visibilizar la situación de derechos humanos del país, elevar el costo político de la situación de derechos humanos, medir el nivel de apoyo internacional, identificar el nivel de interés o los temas de preocupación de los Estados respecto a la crisis en Venezuela o la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros aspectos, la evaluación resulta positiva.
