Yorelis J. Acosta*
Esta es una sucinta reseña de una investigación publicada en el primer manual de psicología jurídica coordinado por Mirian Ribas, de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela
Los trastornos mentales más frecuentes son de ansiedad –por uso de alguna sustancia– y los afectivos; los más discapacitantes son los neuropsiquiátricos como la esquizofrenia, los trastornos maniaco depresivos, el alcoholismo y la depresión
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de los trastornos mentales constituía, para 1998, quince por ciento de la carga de morbilidad en todo el mundo. Para 1990 se evidenció que 114 millones de personas sufrían algún trastorno mental, y en su informe 2010 reportan más de 450 millones de personas. A pesar de la relevancia del tema y lo que su incidencia en la población pueda significar, no se le ha prestado la atención debida y continúa siendo un asunto relegado en la salud pública.
No existe una definición única de salud y de enfermedad mental pero, desde la perspectiva psicosocial, ambas (la salud y la enfermedad mental) son tanto la expresión de problemas de tipo emocional, cognitivo y comportamental como realidades simbólicas, construidas cultural e históricamente en la propia interacción social (Álvaro y Garrido, 1996).
En relación a la definición de salud mental, la OMS la define como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2010).
Lo contrario, es decir, el deterioro de la salud mental se manifiesta como un estado subjetivo de malestar caracterizado por la depresión, la ansiedad y sus correlatos fisiológicos y emocionales. Los síntomas observables son muchos, tanto para la persona afectada como para su entorno: físicos (dolores, trastornos del sueño), afectivos (tristeza, miedo, ansiedad), cognitivos (dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria), comportamiento (conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias) y alteraciones perceptivas, entre otros.
Sawaia (1998) propone ampliar la definición de salud mental incorporando el elemento político, al plantear que una persona para ser sana requiere comunicarse de forma eficiente con el otro y tener democracia personal. Resalta la capacidad de tomar decisiones y hacerse responsable de ellas, así como respetar al otro por lo que es. Su visión de la salud incluye las dimensiones individual, social e institucional, identificando al Estado como proveedor y garante de los servicios de salud.
Visto desde esta perspectiva, la salud mental va de la mano con los derechos humanos; es decir, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la salud mental tiene varias connotaciones: por un lado las opciones de tratamiento y programas de prevención en salud mental; por el otro, la limitación en el disfrute del los derechos a la salud debido al estigma, la discriminación, violación o exclusión de los principios de igualdad social, igualdad de oportunidades e igualdad de atención.
Abordar el tema no deja de presentar dificultades; estas dependen de los enfoques teóricos y criterios de diagnóstico utilizados, las concepciones filosóficas, morales y psicológicas vigentes. Otros problemas surgen con la medición y el diagnóstico, porque tienden a confundirse la salud mental con la enfermedad mental y con los síntomas que caracterizan a los diferentes trastornos cognitivos y emocionales los cuales presentan, en muchos casos, solapamiento debido a que los criterios utilizados en su medición no son excluyentes entre sí. Otro problema se relaciona con los datos sobre la inversión en salud. Hay dificultades para obtener información sobre presupuestos y discriminar el aporte destinado a la atención en salud mental.
Factores sociales vinculados a la salud mental
Un elemento fundamental en los estudios de salud mental es evidenciar el trastorno psicológico, para ello se recurre a dos maneras fundamentales. En la primera, es el propio individuo quien refiere sus síntomas, respondiendo a escalas estandarizadas de sintomatologías como la Escala de depresión CES-D, BDI o ZUNG, el cuestionario de Salud General de Goldberg o el Perfil de Estado de Ánimo. En la segunda forma, el trastorno psicológico se valora a través de personal especializado o investigadores, siguiendo criterios como el DSM-IV o los sugeridos por la OMS-ICD-10.
En este trabajo se propone una tercera vía al recolectar información, a través de entrevistas estructuradas a personas, en relación a su percepción de salud o deterioro de ésta. El resultado fue un abordaje distinto y exitoso para la recolección de información en este tipo de problemas.
La violencia y los conflictos sociales, políticos y económicos se presentan como un obstáculo para la felicidad y el bienestar. Más aún cuando la violencia se nos ha naturalizado en la vida cotidiana y son múltiples sus caras; sin duda alguna, el enfrentarse a la criminalidad o al caos que generan los cierres de calle y las protestas, ha hecho mella en la percepción de tranquilidad y bienestar de buena parte de la sociedad venezolana.
Las personas que habitamos en Venezuela nos enfrentamos a una sociedad violenta. Hay una violencia evidente que nos impacta a diario, pero también una violencia simbólica, psicológica, que no percibimos porque la consideramos natural y está oculta; pero ambas nos influyen y nos limitan la posibilidad de ejercer nuestras libertades.
Libertades para disfrutar de espacios públicos, de caminar la ciudad, salir en las noches, compartir con otros; en fin, esta situación moldea también nuestro comportamiento social además de dejar una huella psicológica, no solamente para los que han sido víctimas directas de la violencia, sino para la colectividad en general.
Desde la psicología, los trabajos de Medina (1997), Martín Baró (1983), Franco (1997) y Arévalo (2009) entre otros, también nos presentan evidencias claras de los efectos de la violencia y de los ambientes altamente conflictivos en el deterioro de la calidad de vida y el bienestar psicológico, además de acarrear otro conjunto de consecuencias que impactan en los servicios de salud pública y en el tejido social del país.
Por último, los desastres naturales y las emergencias también afectan la salud mental. En Venezuela hemos estado expuestos a varias situaciones, en especial por efecto de las lluvias (en los años 1999, 2005, 2010 y 2011), llegándose a decretar emergencia nacional. Este tipo de situaciones requiere el fortalecimiento de los servicios de salud y la asistencia a las personas afectadas.
Los resultados de la investigación apuntan a demostrar una relación entre factores sociales negativos con aspectos psicológicos y físicos que deterioran la calidad de vida y el bienestar general. La relación es muy compleja y sus consecuencias van más allá del plano individual. Las consecuencias de los contextos violentos se expresan en diferentes dimensiones y se interrelacionan entre sí: individual, psicosocial, familiar e institucional como se evidencia en los datos que se obtuvieron en la investigación. Desde el punto de vista de los derechos humanos se está en deuda con la población: la inversión y estructura para ofrecer salud física y mental es insuficiente y de baja calidad. Hay violación del derecho a la salud cuando no hay acceso a servicios de calidad, cuando se violan otros derechos humanos y cuando no hay protección ante el sufrimiento debido a las estructuras económicas, políticas, legales y sociales.
* Investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de la UCV y profesora de la misma casa de estudios.
