Por José Guerra
La situación económica y social de más siete millones de trabajadores, entre activos y pensionados, es de extrema precariedad. Después de trabajar por más de treinta años y haber alcanzado los sesenta años de edad, ese grupo de personas hoy en Venezuela, no pueden ni siquiera alimentarse decentemente. Y es que el salario mínimo y, consecuentemente la pensión del Seguro Social, han sido pulverizadas por la hiperinflación que azota a Venezuela desde octubre de 2017. Usando cualquier patrón de comparación, es claro que el monto recibido por los trabajadores es insuficiente. Si tomamos en cuenta salario más el ticket de alimentación, la remuneración integral alcanza a US$ 7,0 que, comparado con el valor de la cesta alimentaria, cifrada en US$ 150 para una familia de cuatro miembros, deja en evidencia la vulnerabilidad de la gran mayoría de las familias venezolanas.
La porción más sensible en todo este cuadro es la de los más de cuatro millones de pensionados y jubilados, no solamente porque ya en la etapa postrera de sus vidas no pueden comer adecuadamente, sino también porque no pueden adquirir las medicinas esenciales en esa fase tan exigente que es la vejez. En el caso de los trabajadores activos, se trata de un grupo conformado por personal de la Administración Pública situados en la parte más baja de los escalafones, a quienes el salario mínimo más el ticket de alimentación, no les alcanza para comprar ni el 10% de los alimentos esenciales para tener una dieta balanceada de proteínas, grasas y carbohidratos. Esta situación constituye un verdadero drama humanitario.
La explicación de fondo del problema descrito, estriba en los efectos de un modelo disfuncional que liquidó la actividad económica de Venezuela, acabó con los incentivos para producir y crear empleos y además, por la incidencia de una especie de mafia que actuando coordinadamente, saqueó los recursos de la nación. Como ha sido manifiesto que no podían resolver el problema del abastecimiento con producción interna, esa cofradía en el poder optó por dolarizar la economía de manera informal, mediante la autorización de importaciones libres de impuestos de toda clase de productos traídos desde los Estados Unidos y puestos a la disposición de consumidores pudientes en los llamados bodegones, que han proliferado como hongos por los cuatro puntos cardinales de Venezuela.
Esos productos se expenden localmente a un poco más del doble de su valor en Estados Unidos, con lo cual, con una remesa mensual de US$ 100 que puede recibir una familia venezolana, podría comprar algo menos de la mitad de lo que se compra en el exterior. De ese consumo en bodegones está excluido más del 80% de los venezolanos y así, privada de consumir la mayoría, es imposible reactivar la economía. Abogamos por una política salarial que permita mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, y si el régimen escogió dolarizar los precios de los bienes, entonces que se dolarice el salario también.
