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El 28 de julio Daniel Ortega tomó una de las decisiones más definitorias del modelo de partido único que está imponiéndole a Nicaragua al ordenar al Poder Electoral que despojara a todos los diputados opositores de sus escaños parlamentarios. Cinco días después anunció que será su esposa quien le acompañará como Vicepresidente buscando asegurar así la sucesión familiar de su modelo. Todas las decisiones de los últimos dos meses venían preparando esto: un proyecto dinástico.

La última de las decisiones pre electorales de Daniel Ortega la conocimos el 29 de julio. “Zarpazos” llama a estas decisiones en páginas siguientes el sandinista Víctor Hugo Tinoco, quien fue víctima de uno de ellos hace una década.

Un zarpazo contra la democracia representativa

Cuando aún no se asimilaba plenamente el zarpazo del 8 de junio -la resolución política de la Corte Suprema de Justicia que quitó la personalidad jurídica al Partido Liberal Independiente (PLI) y se la otorgó a una facción que la reclamaba, impidiendo así que el PLI, al frente de la Coalición Nacional por la Democracia, único grupo opositor, participara en las elecciones de noviembre- vino el siguiente.

Aquel 8 de junio el magistrado Rosales, al hacer pública la resolución afirmó categóricamente que los diputados del PLI y los dos diputados aliados del MRS no perderían sus escaños parlamentarios y los ocuparían hasta la nueva legislatura en enero de 2017. Los ocupaban, dijo, por el voto popular y eso no podía modificarse. Serían diputados hasta diciembre. Estos diputados han representado desde 2012 a la segunda fuerza política del país, contando, a pesar del fraude de aquellas elecciones, con el voto de casi 800 mil electores.

A pesar de la afirmación del magistrado Rosales, una simple solicitud de Pedro Reyes, el político al que le concedieron la personalidad jurídica del PLI, bastó para que, de forma expedita y sin respetar el debido proceso, el Consejo Supremo Electoral, que acata desde hace años todas las órdenes con las que Ortega ha venido diseñando la oposición que más conviene a sus intereses, despojara de sus escaños parlamentarios a 16 diputados propietarios y a 12 diputados suplentes, entregándolos a seguidores de Reyes, irrespetando así la voluntad de los miles de electores que en 2011 convirtieron con sus votos a estos hombres y mujeres en sus representantes.

Al arrebatarles sus escaños en la Asamblea Nacional Ortega eliminó el último vestigio que quedaba de oposición en la institucionalidad del país. ¿Serán destituidos también los 13 alcaldes que representan a la fuerza política atropellada por la resolución de la Corte?

“Es el tiro de gracia a la democracia”, “es un paso más en la ruta hacia la implantación de un partido único”, “es una ruptura del orden constitucional”, “es el fin del sistema democrático”, “es el golpe final al pluralismo”, “amerita la activación inmediata de la Carta Democrática Interamericana”, “es un golpe de Estado”… La noticia tuvo un eco internacional infrecuente. Y tanto nacional, como internacionalmente, se acumularon los calificativos críticos, sorprendidos y preocupados.

Ver más en el siguiente enlace: Nicaragua: No quedará piedra sobre piedra