Javier Contreras
La innecesaria e ilegal obstinación de Nicolás Maduro y sus cercanos colaboradores para convocar y llevar adelante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente es, a todas luces, otra muestra de la dificultad que tiene el gobierno para aceptar la realidad. Un mecanismo de esta naturaleza no es solución alguna a los problemas que aquejan al país, al contrario, amenaza con profundizarlos todavía más.
Discursivamente invitan a los gremios, las iglesias y a las fuerzas vivas de la sociedad a participar con propuestas y observaciones, pero al mismo tiempo declaran que el fin último del emprendimiento desesperado al que están acudiendo será la confección de una Constitución más chavista. Pretender que los individuos y las instituciones que legítimamente adversan el autoritarismo, la corrupción, la ideologización exacerbada, la exclusión sistemática, la impunidad y la violencia como modo de ejercer el poder político, participen de la farsa que representa esta constituyente no es más que una trampa.
Es una trampa porque de hacerlo, cosa a la que coherentemente se han negado, estarían legitimando un acontecimiento que, entre otros aspectos, tiene como horizonte reducir o eliminar el rasgo electoral que debe acompañar a toda democracia, siendo este precisamente uno de los puntos por los que amplios sectores de la vida nacional, mucho más allá de las organizaciones partidistas, están actualmente manifestando en las calles. Y es una trampa, también, porque de negarse a asistir querrán instalar la idea de que la “oposición”, término que no describe en toda su magnitud y complejidad a los factores que rechazan la forma de actuar de quienes hoy detentan el poder, se cierra al diálogo y el encuentro.
Hay que diferenciar los momentos históricos y políticos. No haber participado de las elecciones para la Asamblea Nacional en el 2005 ciertamente fue un gran error, del que hoy se pagan buena parte de las consecuencias. Aquella desatinada decisión representó renunciar a un espacio que, con todo y las críticas, tenía un funcionamiento establecido y estaba dentro de la lógica democrática, cediéndolo tontamente a quienes se encargaron durante cinco años de formular leyes nocivas en todos los aspectos.
A lo que hoy se le está diciendo no es a un invento de última hora, con un fin no democrático, sin reglas claras y pensado para aumentar el control de un gobierno que se empeña en mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso el de vidas humanas (no exclusivamente las que se han perdido en esta reciente etapa de manifestaciones, se alude a las personas que mueren por falta de insumos médicos, por problemas relacionados a la desnutrición y por la violencia cotidiana que sigue siendo un gran flagelo nacional).
Si en algo se ha avanzado es en el consenso respecto a la necesidad de tener al país como centro de la discusión, en generar una serie de acciones en las que los protagonistas sean las personas concretas y no los partidos políticos, organizaciones importantes para la sociedad en tanto y en cuanto sepan acompañar los procesos sin eclipsar a los sujetos. Mantenerse en este camino es importante, camino que solo si se recorre con talante y modos democráticos conducirá a la democracia.
Toda noción democrática contiene el elemento de negociación y pacto, eso no se puede olvidar. En Venezuela es mucho sobre lo que hay que negociar sin que eso represente debilidad o traición, pero en este caso puntual del llamado a la constituyente de la que se desconoce incluso las bases comiciales, la respuesta debe ser no, ya que de fondo no hay nada que negociar en esta propuesta. Asistir es avalar un gigantesco fraude y desdibujar la posibilidad del diálogo real que pueda dar frutos concretos.
