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Los jesuitas ante los desafíos del país

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Queridos hermanos, jesuitas y laicos:

La gravedad de la situación actual venezolana nos exige un discernimiento permanente desde nuestra vocación de servicio al Pueblo de Dios. Nuestro compromiso con la gente en muchas comunidades populares, con jóvenes y profesionales, con organizaciones sociales, nuestro trabajo educativo y nuestro servicio pastoral, nos sumerge en las muchas angustias que sufre el pueblo venezolano.

Como compañeros de Jesús de Nazaret, al servicio de su misión, nos sentimos convocados al análisis del momento que vivimos y a dar nuestro mejor aporte para transformación de las estructuras de pecado y de muerte que golpean a nuestro pueblo. Desde este Espíritu, habiendo escuchado las inquietudes de muchos compañeros jesuitas y siguiendo las directrices del P. Provincial, convoque en mi carácter de Viceprovincial una “Consulta Ampliada” para el análisis de la situación actual del país y de sus exigencias para nuestra misión apostólica. A tal efecto, nos reunimos conjuntamente la Consulta Canónica de Provincia y el Equipo Apostólico el pasado 30 de septiembre. Esta carta, aprobada por el Provincial, expresa la reflexión y los lineamientos que creemos deben orientar nuestra acción en este momento que vive el país.

El momento presente

El presente es tiempo de tragedia para Venezuela. El país padece problemas que no habían sido conocidos por las últimas generaciones de venezolanos. La mayoría de la gente vive con gran esfuerzo en una situación de sobrevivencia que empuja a vivir en trance, en shock, perdiéndose todo sentido de normalidad en la cotidianidad.

La sensación con la que se vive es de rabia y frustración. El empobrecimiento es masivo. La escasez y la incapacidad de adquirir lo poco que distribuyen las redes comerciales se traduce en hambre y miseria para la gran mayoría. La inseguridad crece en una violencia diseminada e impune. El autoritarismo político y la hegemonía comunicacional pretenden imponer un mundo demagógico y falso. El tejido social se desvanece y la institucionalidad es sinónimo de corrupción, opacidad e impunidad.

Organizaciones internacionales y muchos Estados del planeta hablan de crisis humanitaria en Venezuela y de violación de derechos humanos elementales. Las encuestas señalan que el 94% de la población dice que el país está muy mal y que más del 70% está a favor del Revocatorio al Presidente de la República.

Venezuela es una olla de presión con las válvulas tapadas. La situación no sólo es insostenible, es insoportable. Los economistas a coro señalan que el desabastecimiento va a ser mayor y la inflación también durante los próximos meses. Es previsible que los saqueos y las protestas sigan en aumento, al tiempo que el discurso vacío de los voceros oficiales, la represión y las políticas erradas prosigan avivando el fuego.

La crisis venezolana es de carácter fundamentalmente político. Se ha roto la legitimidad del gobierno, quedando en minoría electoral pero detentando el control de casi todos los poderes públicos nacionales con excepción de la Asamblea Nacional, a la cual margina sistemáticamente. Mientras, la oposición ciudadana al gobierno representa la gran mayoría y la oposición partidista ocupa espacios muy restringidos dentro del Estado venezolano.

La crispación y la polarización entre gobierno y oposición partidista es cada vez mayor e imposibilita alcanzar los acuerdos básicos que deben existir entre la sociedad y el Estado para lograr los fines consagrados en la Constitución Nacional. Para contener la oposición, el gobierno actúa cada vez más ejerciendo una cruel y dura represión contra la disidencia, violando los más elementales derechos humanos, situación ésta denunciada por organismos internacionales de reconocida solvencia. Cualquier opción de diálogo y entendimiento se hace cada día más difícil.

Ante esta situación, la mayoría de la población venezolana, más allá de las identificaciones partidistas, cree que la opción de referendo revocatorio presidencial, puede ser el inicio de un proceso de transición política pacífica, democrática y constitucional eficaz. Como muy bien ha señalado el Episcopado Venezolano: “Ante la gravísima crisis política del país, el referéndum es la solución menos traumática y más conveniente… de no darse el referéndum la crisis se hará cada vez peor.” Somos conscientes que el revocatorio es sólo un paso (que consideramos necesario en la presente circunstancia) de un largo y complejo camino que requiere de muchos esfuerzos de negociación, acuerdos y consensos para la superación de la actual crisis, en donde todos los actores son necesarios.

Vemos con indignación como el Consejo Nacional Electoral (CNE), desde los inicios de la activación del proceso del revocatorio, ha jugado un papel claramente sesgado hacia los intereses del gobierno, retardando los lapsos, imponiendo normas no establecidas ni en la Constitución ni en las leyes respectivas y maltratando al pueblo venezolano al obligarlo a participar en condiciones de extrema dificultad.

La última decisión del CNE sobre el proceso de recolección del 20% de voluntades es inadmisible, ya que tergiversa el sentido literal del artículo 72 de la Constitución Nacional, estableciendo que este porcentaje no es sobre el total del registro electoral nacional sino proporcional a la población electoral de cada Estado. Además, prácticamente se establece como fecha para que se realice un eventual referendo revocatorio presidencial, el mes de marzo de 2017; amén de las condiciones operativas establecidas, que resultan muy desfavorables para la participación.

El convocante del referendo revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respondió que acudiría a la cita establecida para la recolección de las firmas, pero que no aceptaba las condiciones impuestas. Obviamente, el escenario planteado para los días 26 al 28 de octubre, fecha establecida para la recolección, será altamente conflictivo y profundizará la inestabilidad y la zozobra política.

Nuestros retos

La crisis del país es de carácter orgánico, toca todos los aspectos de la vida nacional. El cuerpo social avanza cada vez más hacia condiciones de vida menos humanas. Nuestra situación bien puede caracterizarse como de violencia institucionalizada y de pecado estructural. La dignidad humana, el don de la vida y de la paz están gravemente amenazados.

En este año centenario de la presencia de la Compañía de Jesús en Venezuela hemos renovado nuestro horizonte apostólico, que nos propone trabajar en la transformación superadora de esta dolorosa situación, desde lo que hemos aprendido en este tiempo de acompañamiento al pueblo venezolano, promoviendo la fe y construyendo la justicia que brota de ella. Es este un momento especial para el discernimiento vigilante y el compromiso con todos los venezolanos y entre ellos con los más pobres.

A nivel personal es tiempo de cultivar nuestra fortaleza espiritual, desde el silencio y la contemplación, dejar que el evangelio nos interpele directamente y nos dé el tono necesario para adoptar una actitud perceptiva ante la realidad y de apertura ante sus retos y exigencias. Es un tiempo para oír los clamores de nuestra gente y acogerlos para presentarlos al Padre a fin de responder a su voluntad de redención en la historia.

En nuestras comunidades es clave garantizar encuentros para el discernimiento y la deliberación sobre la realidad y de cómo esta situación nos afecta en lo personal, en lo comunitario, en lo apostólico y en nuestras relaciones familiares. Así cómo para el diseño de estrategias y acciones que nos ayuden a canalizar adecuadamente nuestras preocupaciones, desde los medios de que disponemos.

Como cuerpo de jesuitas y laicos, agrupados en obras, sectores y redes apostólicas, es necesario diseñar estrategias de incidencia en nuestros respectivos campos de acción, promover el análisis compartido, acompañar a nuestros equipos de trabajo y a la gente a quienes servimos y promover espacios de encuentro para la acción con otros actores que realizan tareas similares a las nuestras.

Una preocupación permanente que nos debe movilizar es el diseño de planes conjuntos como Provincia, en unión con la Iglesia y su jerarquía, así como con otras organizaciones sociales, para promover:

• La formulación de horizontes, sustentados en diagnósticos especializados y rigurosos que permitan la formulación de políticas públicas en diferentes ámbitos para viabilizar la orientación de nuestras grandes opciones apostólicas. Pensar este país y sus posibilidades es una responsabilidad apostólica propia de Compañía de Jesús para con la Iglesia y la sociedad venezolana.

• La defensa de los principios democráticos y de la institucionalidad consagrada en la Constitución Nacional de la República, en especial de los derechos humanos.

• La atención a las víctimas de la represión política. 

• La atención a la crisis alimentaria y de salud, que se concreta en el apoyo al corredor humanitario propuesto por la Conferencia Episcopal entre otras iniciativas.

• El fortalecimiento de la convivencia ciudadana frente a la viole diseminada en toda la sociedad.

• El acompañamiento a las organizaciones sociales, ONG, instituciones educativas, en cuanto actores relevantes en la construcción de alternativas para el país

• La participación en iniciativas tendientes a favorecer nacional, que promuevan el diálogo y la concertación, el reconocimiento de todos y la expresión soberana y democrática del pueblo venezolano.

El momento que vivimos nos llama a robustecer la relación con Dios nuestro Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, de quienes nos decimos sus seguidores y bajo cuya bandera nos hacemos constructores de su reino de libertad, dignidad y justicia. Que la fidelidad a nuestra vocación y misión nos guíen en este discernimiento permanente de lo que debemos hacer en esta tierra que tanto amamos.

Hermano en Cristo. 

Francisco José Virtuoso, SJ

Viceprovincial

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