Comunicado de CODEVIDA
De acuerdo con declaraciones públicas de voceros del gobierno y de representantes de la MUD, así como de cancilleres que facilitan de buena fe la negociación entre ambos actores, durante la reciente reunión del 15 de diciembre de 2017 en República Dominicana se lograron tratar todos los temas propuestos en el texto de discusiones que se lleva adelante, incluyendo la emergencia que atraviesa el país en salud y nutrición.
Sobre este tema CODEVIDA quiere insistir en la necesidad de acelerar la puesta en práctica de un método de trabajo para la implementación imperativa y urgente de los mecanismos concretos de asistencia y cooperación internacional al alcance del Estado venezolano como miembro de las Naciones Unidas y presentados por nosotros a las partes el 2 de diciembre, en nombre de miles de personas afectadas y de organizaciones de la sociedad civil independientes.
Reiteramos la existencia de una emergencia en Venezuela que se caracteriza por una afectación masiva y de graves daños a la salud y al estado nutricional de la población venezolana, con un ritmo acelerado de extensión y velocidad que pone en inminente peligro las vidas y la integridad física y mental de millones de personas en breve tiempo, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad debido a una escasez prolongada de medicinas, insumos médicos y alimentos, la incapacidad de los servicios de salud para prestar una atención mínima adecuada y el acentuado deterioro de las condiciones económicas.
Su carácter humanitario no radica en los supuestos principales del derecho humanitario internacional ni proviene de políticas extranjeras injerencistas. Las circunstancias humanitarias también se encuentran previstas en el derecho internacional de los derechos humanos y existen los mecanismos para que puedan ser atendidas por el Estado venezolano con el apoyo de las Naciones Unidas.
Al respecto, recordamos que la propuesta presentada por CODEVIDA el 2 de diciembre consiste en la utilización de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), los cuales se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de afecciones de la salud, transmisibles y no transmisibles. Igualmente comprende la adquisición de la cantidad necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia para atender a 10.000 personas durante 3 meses y la intermediación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a fin de recibir y distribuir insumos nutricionales y terapéuticos para el tratamiento de la desnutrición global aguda, severa o moderada, no contenidos en el Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia.
Asimismo, destacamos que los derechos a la salud y la vida no le pertenecen a ninguna de las partes en este proceso de negociación, sino única y exclusivamente a las personas y, como derechos humanos, pueden exigirse al gobierno nacional en el cumplimiento de sus obligaciones a garantizarlos de forma inmediata para proteger sus vidas y reducir al mínimo los riesgos de daño, sin exclusiones, obstáculos, excusas o demoras, usando el máximo de los medios y los recursos disponibles, incluidos los de asistencia y cooperación internacional, con los cuales cuenta el Estado venezolano por ser miembro de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.
En este sentido, la población venezolana tiene derecho a acceder a estos mecanismos de manera expedita, adecuada, transparente, no condicionada a los tiempos de las negociaciones de carácter económico o político y con la participación plena de la sociedad civil. Ante la emergencia, insistimos nuevamente en proceder a la rápida conformación de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, integrado por funcionarios del Estado venezolano, responsables de agencias de las Naciones Unidas, especialistas de las áreas de salud y atención alimentaria y organizaciones de la sociedad civil independientes, para la implementación inmediata de los mecanismos concretos que ofrecen los organismos de asistencia y cooperación internacional antes mencionados, no habiendo ningún tipo de impedimento para que el Estado acceda a su uso. Sus autoridades son directa e individualmente responsables de los daños causados a las personas si se rehúsan a ello.
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