El pasado 13 de marzo la vicepresidente Delcy Rodríguez anunciaba los primeros casos de COVID-19, además de declararse el estado de alarma nacional. La reacción de la ciudadanía fue de pánico, ya que se veía venir una situación que genera más problemas a la ya compleja crisis
La pandemia generada por el coronavirus, también conocida como COVID-19 o SARS-CoV-2 (que es el causante original del virus y su denominación científica), se originó en la ciudad china de Wuhan el 1 diciembre de 2019. Su rápida propagación no solo preocupó a las autoridades de esa nación, también a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que en poco tiempo había múltiples casos en diferentes países, siendo los más afectados, además de China: Estados Unidos, Italia, España y Alemania. El 11 de marzo la OMS declara oficialmente la pandemia y, para el momento en que se redactaron estas líneas, ya había superado el millón de contagios en todo el mundo.
En Venezuela, al momento que se encendieron las alarmas por la rápida propagación del virus, no había mayor preocupación por parte del Gobierno; se tomaron algunas medidas profilácticas en los aeropuertos internacionales, como poner a los funcionarios que atendían a los que llegaban al país con guantes y tapabocas, sin realizar alguna prueba de despistaje para los viajeros.
Cuando se declara la pandemia las autoridades venezolanas, el día 12 de marzo, toman las primeras medidas para evitar la entrada y propagación de la COVID-19 al territorio nacional: cierre de fronteras y pruebas a quienes hayan llegado del extranjero y estén presentado algún síntoma del virus, así como el aislamiento obligatorio. Medida que llegó tarde, ya que cuando se anuncian los primeros casos, Delcy Rodríguez informa que se investigaba un vuelo que llegó de España el 5 de marzo pero, el domingo 29 Jorge Rodríguez habla del fallecimiento de una persona por causa del virus, que presentaba síntomas desde hacía un mes; esto genera dudas sobre en qué momento entró la COVID-19 a Venezuela.
Al escribir estas líneas, en todo el territorio nacional los contagios superan los 150, con siete fallecidos y más de cincuenta recuperados, según cifras oficiales. El Gobierno, ha sabido moverse durante la pandemia y posterior cuarentena, poniendo de manifiesto que ellos tienen el control formal del poder, dejando al interinato de Juan Guaidó desnudo ante la sociedad venezolana.
La respuesta de los sectores de la oposición ha sido muy tibia, ya que buscando desmentir los datos oficiales, no entran en aguas profundas para dar cifras extraoficiales. Guaidó habla en algunas entrevistas a medios internacionales de más de doscientos contagios, pero sin dar detalles al respecto. Incluso el equipo técnico que designó para atender y hacerle seguimiento a la enfermedad en Venezuela, trabaja en base a lo que informa el Gobierno.
Queda esperar por cuánto tiempo será la cuarentena y el estado de alarma ante la epidemia. Ya en muchos países se habla de varios meses para controlar la enfermedad, mientras los científicos trabajan a contrarreloj para buscar no solo la vacuna contra la COVID-19, sino también un tratamiento efectivo para los infectados.
¿Se pueden cumplir las medidas de prevención?
Hasta ahora no hay un tratamiento fijo contra la COVID-19, por eso desde la OMS han realizado una campaña de prevención para evitar la propagación del virus. Entre las medidas están: lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón, o gel antibacterial; saludarse a una distancia considerable o “codo con codo”, taparse con la fosa del codo al toser; así como el uso de guantes y tapabocas para las personas infectadas o el personal médico que las atiende. Se ha comprobado que, si se cumplen estas medidas, la posibilidad de contagio se reduce drásticamente.
Ante la aparición de los primeros casos, el Gobierno recomendó el uso de tapabocas y guantes para toda la población. De manera impresionante estos artículos comenzaron a agotarse y los pocos que había en el mercado eran ofrecidos a precios exorbitantes.
Lavarse las manos, como medida profiláctica, es una herramienta favorable para matar el SARS-CoV-2; el problema es que en Venezuela la población –en general– no cuenta con un servicio de agua constante, en muchos casos pueden durar periodos de meses sin el vital líquido. Un escollo que hace a la población vulnerable ante el virus.
Actualmente, el sistema de salud se encuentra en un estado deplorable. En muchos hospitales no hay los insumos básicos para atender a los pacientes y son recurrentes las fallas de luz, así como la falta del servicio de agua. Desde el sector oficial se acusa de estas deficiencias al bloqueo criminal, pero la realidad es que desde hace años no se realizan las inversiones y el mantenimiento necesario; sumado a los múltiples centros de salud y hospitales pendientes por construir…
Otro problema para la población es el de la subsistencia. Según datos de varias ONG, aproximadamente el 30 % de los venezolanos depende de una fuente de ingreso diaria, es decir, no cuenta con sueldo fijo y debe trabajar todos los días para lograr mantener a su familia. También se debe tomar en cuenta la cantidad de personas que reciben ayuda del exterior, cercano al 30 %, que por la pandemia mundial y la paralización económica ha dejado de percibir ese ingreso. La cuarentena termina poniendo en aprietos a millones de personas, y no se ve una solución que pueda solventar a largo plazo dicha situación.
Informes anuales
Llegamos a la etapa donde diferentes organizaciones presentan sus informes sobre el desarrollo de 2019, en las áreas que trabajan o investigan, para determinar si en el año que ha concluido hay retrocesos o avances en materias tan álgidas como los derechos fundamentales.
Como ya es costumbre, los datos presentados evidencian retrocesos en derechos humanos, libertad de prensa, acceso a la información, servicios básicos y un largo etcétera. Desde el Estado se sigue negando la compleja crisis que padecen millones de venezolanos, lo que ha obligado a muchos a abandonar el territorio en condiciones muy precarias.
Según afirma Amnistía Internacional, para 2019 la migración venezolana ya alcanzaba los 4,8 millones de personas buscando otras oportunidades, ya que en el país no hay condiciones para la seguridad alimentaria o personal. También informaron sobre el repunte de las ejecuciones extrajudiciales por parte del FAES, así como detenciones arbitrarias donde se violó el debido proceso.
Se destaca en los informes cuestiones como la falta de autonomía de los poderes públicos o la presión para sentenciar a disidentes políticos en juicios sesgados. Los problemas en los hospitales por la falta de insumos o el éxodo del personal médico, originan un aumento en las muertes por motivos de salud.
Provea quiso destacar la opacidad del Gobierno en la gestión social y la falta de información veraz para verificar los datos que se dieron a lo largo de 2019. Aun cuando desde el Estado se informaba de una alta inversión social, se evidenció la precariedad de los venezolanos, sobre todo los pensionados, uno de los grupos más golpeados por la crisis.
La criminalización de los defensores de derechos humanos es uno de los puntos más delicados, estos son objeto de persecución por parte de las autoridades y grupos irregulares. Algunos han sido sometidos al escarnio público, así como detenidos por las fuerzas de seguridad y sometidos a medidas cautelares.
Por su parte, el IPYS registró el aumento de la persecución y detención de periodistas, sumado al bloqueo de medios digitales y la suspensión de transmisión de canales internacionales. En el caso de las detenciones, se destacó el caso de Luis Carlos Díaz quien fue detenido por 24 horas y liberado con la imputación de instigación a delinquir, al refutar la versión oficial sobre el primer apagón ocurrido en el mes de marzo.
A canales internacionales como National Geographic, Antena 3, Caracol y 24 Horas le fueron suspendidas sus transmisiones en Venezuela. También fueron bloqueados los accesos a YouTube, Google, Bing y Facebook, cuando se daban mensajes de Juan Guaidó; desde Conatel se utilizó la medida de censura hacia diferentes medios por informar alguna situación específica.
Para el 2020, el panorama parece no ser distinto, más cuando no se divisa una posibilidad real de cambio de gobierno. A muchos medios, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general, les toca poner en práctica la creatividad para evitar caer en las garras de la persecución oficial.
El Gordo Mathías y el feminicidio
Venezuela se encuentra desde hace años, entre los quince países con más feminicidios en el mundo, según datos de la ONU. La crisis ha hecho a las mujeres más vulnerables, siendo víctimas fáciles para la explotación laboral y sexual; así como para el tráfico humano y el maltrato intrafamiliar.
Según el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), hasta febrero habían ocurrido 34 feminicidios en todo el país. Quiteria Franco, integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU-Mujeres, denunció que no existen cifras oficiales sobre feminicidios, ya que lo que se recoge es lo que se publica en los medios de comunicación o lo que denuncian los familiares de las víctimas.
El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y desde diversas organizaciones se denunció la politización de la lucha por la igualdad de género. A pesar de que el Gobierno se autodenomina feminista, en la práctica es machista y misógino, promoviendo la violencia con un piso institucional, tal como asegura Franco.
A toda esta grave información se suma la situación ocurrida en Maracay con Morella León López, quien fue víctima de Mathías Enrique Salazar Moure, conocido como el Gordo Mathías. Ella estuvo encerrada por 31 años, de los cuales 18 estuvo en un apartamento del conjunto residencial Los Mangos en Maracay. Este caso consternó a la opinión pública, no solo por lo dantesco, sino porque también se descubrieron dos víctimas más secuestradas por Salazar Moure.
También este caso puso en evidencia la poca preparación de los funcionarios públicos ante este tipo de situaciones, ya que cuando Morella León logró escapar de su captor, al llegar al Instituto de la Mujer de Aragua, fue ignorada por dos funcionarios, solamente una trabajadora del organismo le prestó atención y la ayudó a realizar la denuncia ante el Ministerio Público, así como a ponerse en contacto con sus familiares.
Actualmente, el Gordo Mathías se encuentra detenido en la comisaría de Poliaragua, imputado por los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual. Sus abogados manifiestan que él es víctima de un plan político y que en Venezuela no es delito tener tres mujeres. También se pronunció Ana María de Salazar, esposa del Gordo Mathías, quien desmiente haber estado secuestrada por su pareja y denuncia que la situación ha afectado la armonía de su hogar.
Fuente: Revista SIC N° 823
