Mario Villegas
Es obvio que los resultados “oficiales” de las elecciones de mandatarios regionales deben tener muy contentos al gobierno, a la cuarteta pesuvista del Consejo Nacional Electoral y a los promotores del abstencionismo opositor. Todos frotándose las manos en un ritual de curiosa coincidencia.
Desde que el chavismo asumió el poder, el ventajismo electoral y el uso abusivo e ilegal de los recursos públicos en favor de sus candidatos ha sido moneda de uso corriente en todos y cada uno de los procesos electorales. Solo que, con cada elección, los ilícitos electorales oficialistas superan con creces a los anteriores. Me atrevo a afirmar que, en la historia política venezolana, jamás hubo tanta obscenidad en el comportamiento electoral de ningún gobierno como la que hemos presenciado en los últimos años.
Así que, para estas elecciones regionales, todo el aparato y los recursos del estado, desde Miraflores para abajo, se volcaron abierta y descaradamente para empujar y financiar las campañas de los candidatos oficialistas a las gobernaciones. Algunos, incluso, hicieron sus campañas con visible apoyo material de la Fuerza Armada Nacional.
Por su parte, el CNE ejecutó un conjunto de maniobras destinadas a obstaculizar y disminuir las posibilidades electorales de la oposición. Con más descaro que nunca, desplegó su arsenal de 6-T (tropelías, truculencias, trastadas, trapisondas, trapacerías y trampas) y retrasó largamente los comicios regionales, separó la elección de los gobernadores de sus correspondientes consejos legislativos, impidió la sustitución de candidatos para confundir y desviar votos opositores, clausuró numerosos centros de votación en zonas históricamente adversas al gobierno, reubicó a última hora a cientos de miles de electores, se hizo de la vista gorda ante el ventajismo y delitos electorales oficialistas y, como de costumbre, cerró el paso a una observación internacional confiable e imparcial.
La campaña abstencionista también hizo de las suyas. ¿Dónde están los 7 millones y medio de votantes de oposición que apenas tres meses atrás acudieron al referendo popular convocado por la Mesa de la Unidad Democrática y de los cuales 3 millones dejaron de votar en las elecciones de gobernadores? ¿Y dónde los 6 millones y medio que en diciembre de 2015 le dieron a la alternativa democrática mayoría calificada en la Asamblea Nacional? Aún restando al electorado opositor del Municipio Libertador, el cual no es parte del registro para la elección de gobernadores, sigue en pie la pregunta: ¿Dónde carrizo está el resto de los votos? Hay circunscripciones claves en varios estados, entre ellos Miranda, donde el nivel de abstención es significativamente mayor al promedio nacional.
Pero aparte de la nociva actuación del gobierno, del CNE y de los promotores de la abstención, también la dirigencia opositora tiene en su haber serias responsabilidades que no debe evadir a la hora de evaluar este proceso y sus inesperados y desastrosos resultados. Aquí van algunas: subestimar y no reconocer al chavismo-madurismo como una realidad política en el país, impulsar ilusorias políticas y acciones cortoplacistas en detrimento de la vía electoral, menospreciar olímpicamente los comicios regionales para luego convocar a la gente a votar en ellos, asumir confusas posturas respecto a la necesaria negociación política con el gobierno, suplantar la conducción unitaria de la MUD por un anillo cuatripartito sectario y exclusionista, entre otras.
Los resultados son, en consecuencia, producto de una combinación de ventajismo gubernamental, parcialización del árbitro electoral, campaña abstencionista e importantes desaciertos políticos.
Por supuesto que no se trató de unas elecciones justas, pues la oposición compitió en condiciones claramente desventajosas. Pero siempre lo ha hecho así con este CNE de inclinación roja-rojita y este gobierno que carece de escrúpulos.
Si, pese a ello, la MUD tiene cómo mostrar que obtuvo los votos para ganar otras gobernaciones a las ya adjudicadas, tiene todo el derecho y el deber de presentar sus alegatos y los soportes que lo fundamenten, tal como lo viene haciendo Andrés Velásquez en el estado Bolívar. Quienes ya aceptaron su derrota, como Henri Falcón, de Avanzada Progresista, y Alejandro Feo La Cruz, de Voluntad Popular, lo hicieron conforme a su responsabilidad de dirigentes políticos serios.
Por cierto, no es verdad que el chavismo siempre ha aceptado el veredicto popular sin arrojar dudas sobre los resultados que da el CNE. No olvidemos que en 2007 el propio presidente Hugo Chávez puso en duda el del referendo constitucional al afirmar que él lo ganó, pero como la diferencia era muy pequeña, prefirió que la autoridad electoral le diera el triunfo a la oposición.
