Revista SIC 795
Junio 2017
El Gobierno venezolano ha conducido al país a un desastre nacional que se expresa dramáticamente en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Si el Ejecutivo nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, sigue empeñado en imponer su proyecto político-económico a contra vía del marco constitucional y del sentir de todos los sectores del país, este desastre se profundizará hasta convertirse en una catástrofe humanitaria con epicentro político: “la dictadura”. Estamos ante un sistema que no solo niega las mínimas condiciones de vida a la población, sino que la reprime salvajemente cuando esta expresa su malestar y descontento; por ello, desde nuestra fe, cabe señalar este hecho de “pecado estructural” o “pecado institucional”.
En lo económico, según datos de Ecoanalítica, Venezuela vive la mayor depresión sufrida por cualquier país de América Latina con un crecimiento económico cercano a cero. Los indicadores son alarmantes: una acelerada inflación y pulverización del poder adquisitivo de la moneda; por ejemplo, desde enero de 2014 hasta enero de 2017 la inflación (subyacente) se ha incrementado en 1.240 %, lo que indica un fracaso rotundo en la política de control de precios. En tiempos de las vacas gordas se quebró el aparato productivo y se vivió de importaciones y ahora ante la depresión de los precios en el mercado petrolero, nos encontramos con el aparato productivo desmantelado y con un fuerte recorte en las importaciones; pero en vez de rectificar, en el marco de los reiterados e inconstitucionales decretos de emergencia económica, se ha procedido a la liquidación de activos; es decir, se ha ido desmantelando y vendiendo parte de la musculatura productiva, especialmente en el sector petrolero.
Esta realidad económica se expresa en la realidad social en una vertiginosa depresión en la calidad de vida de los venezolanos. Nos hacemos eco aquí de los resultados del estudio sobre pobreza hecho por las universidades en 2016, el cual señala que el 81,8 % del total de hogares se encuentra en situación de pobreza de ingresos, el 51 % del total de hogares se encuentra en situación de pobreza extrema y la pobreza estructural (que combina ingresos + condiciones de vida) alcanza el 31 %. Esto en la vida cotidiana se expresa en una situación de hambre que está afectando a gran parte de la población donde los más vulnerables son los infantes, adolescentes y adultos mayores. Ante esta hambruna, el Gobierno ha respondido militarizando el pan a través de los CLAP que, más que una alternativa, es un arma de chantaje y extorsión política para desmovilizar a la población. En cuanto a esta táctica alimentaria, cabe destacar que si bien el 50 % de potenciales beneficiarios declara no haber comprado la caja o bolsa de comida en los CLAP en los últimos treinta días, esta política de chantaje funciona cual efecto lotería; es decir, “algún día me tocará”. Sin embargo, en medio del chantaje, encuestas recientes señalan que casi siete de cada diez entrevistados dice que el Gobierno no está haciendo nada para resolver los problemas.
Por otra parte, en el área educativa, tan fundamental para la rehabilitación de nuestro país, hay más de 1 millón de niños y adolescentes entre 3 y 17 años desescolarizados. Todavía la educación inicial está fuera del alcance para casi la mitad de la población de 3 a 5 años, en el quintil más pobre. En las edades de 12 a 17 años es más intenso el rezago escolar. Llega a 15 % el grupo en rezago escolar severo.
Lo más grave de todo es que dada la pauperización de la calidad de vida del docente, las escuelas de educación en nuestras universidades han venido cerrando sus puertas pues nadie quiere estudiar educación. Recordemos que la hora de trabajo de un docente no alcanza para comprar una cebolla en el mercado. La depresión es general, los niños y jóvenes no encuentran incentivos para estudiar en un país que les va cerrando el futuro y donde el empleo honesto y productivo no es rentable. Todo tiende a la informalización e irregularidad de la subsistencia.
También en el sector salud se evidencia una grave crisis en la infraestructura hospitalaria; en la falta de insumos y equipos médicos; en el abastecimiento de medicinas; en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la salud; en la seguridad del personal en los hospitales y centros de salud; en la muerte de neonatos y mujeres parturientas; en la clara política de desinformación por parte del Estado al suspender los boletines epidemiológicos con la pretensión de ocultar la realidad y montar sus propagandas de Estado.
Y si nos adentramos al área de seguridad ciudadana, nos encontramos que para el 2016, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registró 28.479 muertes violentas, que equivale a una tasa de muertes violentas de 91,8 por cada 100.000 habitantes. Para 2017 todo señala un repunte en estos indicadores.
Esta crisis, que requiere de decisiones políticas sensatas y concertadas con todos los sectores, ha sido agudizada por el empeño del señor Presidente de atornillarse en el poder, desconociendo la voluntad popular y cerrando todos los canales democráticos; al cortar el hilo constitucional y dar un golpe de Estado continuado que se consuma en la Asamblea Constituyente inconsulta. Los datos de la encuestadora More Consulting, para el primero de mayo, después de un mes de protesta, son reveladores: el 79,9 % de la población evalúa negativamente la gestión del presidente Maduro; 72,9 % considera que estamos en una dictadura; 71 % dice estar de acuerdo con que el presidente salga de su cargo; y solo el 10 % está de acuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente en los términos propuestos por el Presidente.
La militarización, la pretensión dictatorial y la impopularidad del Presidente, han activado un proceso de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyo sujeto rebasa a la oposición política, lo que Provea ha caracterizado de rebelión pacífica. En ese movimiento convergen: las manifestaciones cívicas con dirección política y el accionar de grupos anarquizados que actúan por cuenta propia y declaran expresamente no responder a líneas partidistas. Pero el Gobierno, a quien le interesa el caos y la confusión, a través de una estrategia paramilitar ha venido protagonizando actos vandálicos a gran escala con el objeto de distorsionar la estrategia de la no violencia activa, única capaz de evidenciar las acciones criminales y violaciones sistemáticas a los DD.HH. por parte del Estado y el para-Estado. A raíz de esta caotización y ola represiva el país está de luto y hasta el momento se cuentan alrededor de 53 asesinatos políticos a causa de la represión, cientos de torturados, miles de heridos y centenares de civiles detenidos y procesados injustamente por tribunales militares.
En los últimos días, la estrategia represiva y paramilitar del Gobierno, ha encontrado sintonía en un sector extremo de la oposición que se autodefine como “resistencia” desmarcada de la conducción política de la Mesa de la Unidad (MUD) y de las organizaciones y redes sociales convencidas de la no violencia activa como camino de lucha. De tomar fuerza esta tendencia, este fenómeno nos coloca en un escenario de anomia y anarquía muy peligro, tal como lo ha venido señalando la fiscal general Luisa Ortega Díaz; quien ha asumido una posición constitucional al servicio del país. La violencia, venga de quien venga, es un camino ciego que solo nos conducirá a la autodestrucción como pueblo y profundizará las heridas y resentimientos entre hermanos, fortaleciendo este sistema y su dinámica de “pecado estructural”. Pero, queremos dejar claro, que cualquier desenlace violento y fratricida tendrá como responsables principales al señor presidente Maduro con su equipo de gobierno quienes se han empeñado en desconocer sistemáticamente la soberanía popular y, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el defensor del Pueblo; quien preside el Poder Ciudadano, imponen una Asamblea Constituyente antidemocrática y fascista por su carácter corporativo, excluyente e inconsulto.
