Editorial Sic 693. Abril 2007
En reiteradas ocasiones a lo largo de las décadas pasadas, hemos vuelto sobre el tema de la cartelización de la cadena alimentaria que ponía al pequeño e incluso mediano productor en manos del transportista y el mayorista. La rosca más paradigmática, la rosca de las roscas, es precisamente la rosca de la carne. Hemos clamado en vano a los sucesivos gobiernos porque se ponga coto a este abuso que desanima a los productores y encarece tremendamente el producto final en perjuicio de los consumidores. Tenemos, pues, que aplaudir que el gobierno se proponga con toda resolución acabar con ellas.
Es cierto que en no pocos renglones la productividad está muy por debajo de la media mundial, y que se impone un esfuerzo de asociación de los productores, las universidades y el Estado, para incentivar la productividad con inversiones en investigación de suelos, semillas y razas, y para perfeccionar los métodos de cultivo y mejoramiento de la cabaña, y para la gerencia de las fincas. No hay que olvidar que hay esfuerzos sostenidos muy meritorios en todos esos renglones; pero también hay que reconocer que no dan aún el tono de nuestra producción primaria. En este sentido las proclamaciones del gobierno sobre una política de seguridad alimentaria tienen su razón de ser y sería bueno que se implementaran lo más sostenida y razonablemente posible, partiendo desde luego de nuestras ventajas comparativas, que desaconsejan ciertamente la autarquía en esta época de mundialización. Por ejemplo, aunque nuestra población lo consuma, no tiene sentido que nos pongamos a producir trigo.
Sin embargo, aunque hay que mejorar sustancialmente la productividad, con todo todavía podríamos comer bastante más barato, si la cadena hasta el consumidor no aumentara tan escandalosamente los precios. Por eso se impone sincerar los costos y tratar de abaratarlos al máximo para que los productos finales no absorban como hasta hoy la mayoría del salario familiar.
¿Cómo debería actuar el gobierno?
En primer lugar, como hemos insistido, asistiendo al empresario privado para que aumente su productividad. En segundo lugar, sobre la base de la productividad promedio, debe poner precios máximos, de manera que los productores eficientes ganen y los ineficientes tengan que repotenciarse o abandonen el campo a favor de otros más capaces. Debe aplicar en tercer lugar este mismo esquema a los intermediarios y a los expendedores. Siempre aplaudiremos medidas de esta índole. Porque aunque lo deseable es que el mercado se autorregule libremente, sin embargo dejado a su dinámica se carteliza en perjuicio de la productividad y de los consumidores.
Pero nunca estaremos de acuerdo con que el gobierno, en vez de implementar estas medidas, que requieren conocimiento, sinceridad y precisión, y de mantener esa ayuda de base y a largo plazo, incurra en el expediente efectista de la competencia desleal recurriendo a la importación subsidiada. Nos parece mala fe vender carne subsidiada por debajo del valor del costo. El que en nuestro país no podamos producir, por ejemplo carne, a ese precio es un problema de los venezolanos, también del Estado venezolano. Si en verdad quiere llegar a la seguridad alimentaria, debe emprender el camino arduo que hemos señalado, colaborando y premiando a los productores eficientes y ayudando a que los ineficaces se hagan eficientes o salgan del gremio. Pero no es digno de un Estado nacionalista exponer al escarnio público a unos conciudadanos por no hacer algo que nadie es capaz de hacer en el país. También es muy malo para los consumidores acostumbrarlos a vivir por encima de la productividad del país, en vez de incitarlos y ayudarlos a que se hagan más productivos.
Pero lo que de ningún modo puede llegar a suceder, porque el remedio sería peor que la enfermedad, es que el Estado se haga cargo de la cadena de comercialización de los alimentos. Eso, en ningún caso, porque la tarea del Estado no es sustituir a los ciudadanos, impedir que sean sujetos económicos responsables y rebajarlos a la condición denigrante de empleados suyos. El papel del Estado es, por el contrario, poner las condiciones legales y de infraestructura para que este ejercicio responsable de la libre iniciativa pueda desarrollarse como emulación que optimice las capacidades de todos y no como una guerra salvaje que deshumaniza a todos, como ahora sucede a nivel mundial. Los correctivos al capitalismo salvaje, del que tanto habla con razón el gobierno, van por la línea de acabar con los oligopolios y las roscas (monopsonios) a todos los niveles y por la colaboración con la iniciativa privada en investigación de base y con incentivos a pequeños y medianos empresarios para que compitan en condiciones de igualdad, así como en exploraciones de otros modos de llevar la comunidad empresarial, que han de ser muy bien calibradas.
Pero si ningún Estado puede sustituir a los ciudadanos (aunque concedemos que en algunos servicios públicos, por ejemplo municipales, el Estado lo haga tan eficientemente como una buena empresa privada y a menos costo y para toda la población), menos aún éste que tenemos, que no lleva contabilidad de la correlación entre gastos y logros, que no tiene ningún control, que da irresponsablemente y que por eso es inauditable. Un Estado que a pesar de la bonanza petrolera ha desbordado tan escandalosamente sus gastos que está endeudando a Pdvsa y comprometiendo su futuro, y además con las medidas que está tomando contra el empresariado está comprometiendo a futuro sus ingresos por impuestos no petroleros. Un Estado así no tiene autoridad moral para asumir las funciones de la empresa privada. En un plazo muy cercano lo pagaría toda la población, como ya está empezando a pagarlo con el consuetudinario desabastecimiento de los Mercales y con las colas denigrantes en los operativos.
El hecho es que, la lectura del “decreto con rango y fuerza de ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios” genera la sensación de que la sociedad civil se ha vuelto enemiga del Estado y éste le ha declarado la guerra. Tal sociedad civil no son los grandes propietarios del capital, sino el bodeguero, los dueños de camioncitos, los carniceros, los pescadores, los agricultores, ganaderos, etc. En fin cualquier productor, vendedor, transportista, etc. es un potencial enemigo del Estado y por lo tanto susceptible de ser castigado.
Incluso como una suerte de alquimia convierte a los Consejos Comunales en policías sociales, augurando con ello serios conflictos en la convivencia comunitaria, pues dejaran de ser órganos de búsqueda de consenso en las comunidades, para convertirse en órganos de supervisión social. Ello nos parece muy peligroso.
El Estado no tiene derecho a montar una película de buenos y malos arrogándose él el papel de salvador de la patria. Bastante haría si cumpliera a cabalidad su papel, con inteligencia y con probidad, administrando la abundancia con criterios de escasez, como dijo Carlos Andrés que haría, y no con escasez de criterio, como lo hizo y se sigue haciendo. El Estado es el representante de todos los venezolanos y está a su servicio. Su papel es propiciar su desarrollo personal y encauzarlo de modo que resulte lo más simbiótico posible. Se desvía totalmente de su objetivo y se convierte en un problema para el país, si pretende sustituir a los ciudadanos rebajándolos al papel de empleados suyos.
El grave problema que confrontamos es que esto no sólo no lo ve el Estado, sino sobre todo que los ciudadanos parecemos olvidar nuestro papel de protagonistas y aceptamos el de colaboradores del Estado o sufridores resignados de sus políticas omniabarcantes.
