Reconciliación. Justicia. Paz. Democratización. Palabras que resuenan con el caso venezolano. Aunque son escenarios que aún se perciben borrosos, conviene mirar al futuro y empezar a delinear escenarios deseables. ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad? ¿Qué base emocional e institucional es necesaria para emprender estos procesos? ¿Cómo afecta el perdón o la falta de él a las generaciones que no vivieron el conflicto, pero heredan sus traumas? ¿Es el perdón un material necesario como posibilidad ulterior de convivencia?
No nos topamos con un reto sencillo, pero tampoco inédito en la historia de los países. Habría que empezar por notar que hay una parte de los procesos de transición que mira hacia el pasado –con acciones como la restauración de las víctimas o el establecimiento de responsabilidades a través de comisiones de la verdad–, y otra que mira hacia el futuro, la posibilidad de quebrar la inercia y el determinismo, de asumir la composición de un relato compartido y la corresponsabilidad en la construcción de lo que vendrá. Ambas dinámicas, pasado y futuro, deben operar para que no se anulen, para que se enlacen armoniosamente en el presente gracias a la acción política. Eso que perfila una paz basada en la reconstrucción de la confianza cívica y la transformación de las relaciones, como apunta Mark Salter (2014): la restauración del vínculo horizontal entre individuos y grupos dentro de la sociedad, como del vínculo vertical, la relación entre el Estado y el ciudadano.
«La vida comienza al otro lado de la desesperación», escribía Jean-Paul Sartre en 1943. «La desesperación no es el final sino el momento en que se caen las ilusiones y podemos empezar una vida verdaderamente elegida». Concluye entonces que «no se trata de evitar la desesperación, sino de atravesarla». Transitar la vía de la reconciliación es proceso arduo, punzante, que ilustra ese llamado a “atravesar la desesperación”, a hacerse de destrezas para distinguir alternativas cuando aceptamos la responsabilidad absoluta sobre nuestra existencia; cuando, al enfrentar la náusea del absurdo, el individuo encuentra fuerzas para definirse a sí mismo a través de sus elecciones. Arriesgarse a cruzar ese umbral que nos retiene, que aprisiona en la adicción al rencor, constituye un punto de partida para superar la percepción de ser simple objeto de las circunstancias y convertirnos en sujetos políticos, protagonistas activos del cambio.
Del anhelo a la posibilidad
Si bien estos planteamientos podrían percibirse como mera abstracción, no faltan ejemplos de sociedades que encontraron modos concretos de franquear tales umbrales, reparar roturas y habilitar fórmulas para la convivencia democrática que respondieran a sus realidades. En ese sentido, dilemas como los de Sudáfrica en 1994 no son tan ajenos a los nuestros. Puestos a escoger entre soluciones extremas –recrear juicios tipo Núremberg, el castigo sin atenuantes para responsables de crímenes ligados al viejo orden; o apelar al “perdón y olvido”, una amnistía general que sepultase el horror del pasado sin adecuada elaboración del trauma– los sudafricanos optaron por el “dorado medio”, la tercera vía.
Sí: la amnistía a cambio de verdad plena conjuraba, por un lado, los riesgos de rebelión militar y la guerra civil; y por otro, el malestar causado por la omisión del sufrimiento de las víctimas, esa fragilidad que, en términos de confianza, aquello podía encajar a la democracia naciente. Lejos de un tribunal tradicional de justicia retributiva, la Comisión para la Verdad y Reconciliación (TRC) se constituyó así en un espacio de sanación nacional. Guiado por el “Ubuntu”, la idea de humanidad compartida, el «yo soy porque nosotros somos», Desmond Tutu logra explicar que la humanidad del opresor está ligada a la del oprimido. En términos políticos, esto facilitó la reinstitucionalización: no mediante la venganza o la purga masiva del sistema, sino de una transformación desde la conciencia, la verdad utilizada no como arma, sino como una base compartida. El objetivo no era eliminar al otro, sino integrarlo a una nueva nación. La Constitución de 1996 resultó así una de las más progresistas del mundo, blindando derechos de las minorías (incluida la blanca) para restaurar la confianza.
El caso de Chile ofrece contrastes en cuanto al manejo de condiciones políticas para la reconciliación. La reforma se dio bajo las reglas de la Constitución “pinochetista” de 1980. Una Concertación pragmática y triunfante tras aceptar jugar con esas reglas, optó por la reinstitucionalización gradual, no la ruptura total. En 1990, la Comisión que produjo el informe Rettig trabajó de forma más discreta para gestionar los crímenes de la dictadura; hizo recomendaciones para la reparación integral de las víctimas (programa PRAIS), y estableció la verdad histórica en relación a las desapariciones, aunque no tenía poder para otorgar amnistía a cambio de confesiones. La justicia quedó en manos de tribunales ordinarios, una dinámica de juicios lentos pero constantes, no menos efectivos. Estas y otras decisiones, si bien no desmantelaron del todo los enclaves autoritarios, aseguraron una estabilidad política y económica prácticamente sin precedentes en la región.
También en la Alemania dos veces rota y reunificada en 1989, tras la caída del muro de Berlín, una revolución pacífica centrada en la noción del «Wir sind ein Volk» (“somos un solo pueblo”) promovió la reconciliación basada en la transparencia absolutay la homogenización jurídica. La idea de justicia a través de la verdad permitió desclasificar archivos de la Stasi para que cualquier ciudadano pudiera saber quién lo había espiado. Esta sanación basada en el conocimiento de los hechos, si bien generó tensiones sociales profundas, permitió aplicar una justicia transicional que evitó la persecución masiva y facilitó la integración de los antiguos ciudadanos de la RDA.
Confianza, resultados, puentes
La reconciliación, dice Salter, no es un evento, sino un proceso generacional. No es un proceso «blando» o periférico, sino un componente esencial y pragmático para la construcción de paz duradera. Abordar en Venezuela la espinosa tarea de hacer las paces con el pasado supone, claro, entender el perdón como un catalizador ético que, lejos de avalar el olvido, rompe los ciclos de venganza y victimización y detiene la transmisión del trauma. Pero se trata además de pensar en mecanismos destinados a reconstruir el tejido social y el andamiaje institucional. Pasa también, como advierte John Paul Lederach, por facilitar espacios comunes donde la verdad, la justicia, la paz y la misericordia puedan coincidir. Instancias como la Comisión de Convivencia y Paz serán efectivas no solo en la medida en que incorporen visiones plurales, diálogo constructivo, permanente y con seguimiento riguroso de resultados; agendas de acción concreta e inmediata como las que se despliegan a propósito de la Ley de Amnistía. También si logran construir un puente sociedad-Estado que, al re-dinamizar la relación vertical, permita cruzar de la zona del conflicto a la del pacto para una nueva institucionalidad, el retorno de la norma constitucional y la independencia de poderes.
Partamos de una premisa: el pleno desarrollo y aplicación de protocolos de justicia restaurativa será posible cuando cambie la configuración de fuerzas, cuando haya estructuras y contrapesos formales que permitan disolver la tensión entre el perdón y la rendición de cuentas, juzgar hechos de forma imparcial y procesar demandas sin riesgo de ruptura ni re-securitización del conflicto. En lo inmediato, sin embargo, y a fin de habilitar vías para una alternabilidad democrática que garantice un traspaso del poder sin traumas, la negociación de cuotas de equilibrio en el CNE y el TSJ podría ir facilitando la incorporación de una burocracia profesional y no militante. El restablecimiento del Estado de derecho reaparece acá como aspiración ineludible; esto implica devolver a las leyes su valor de referente único, predecible y no selectivo para ordenar la vida en común. La comisión de reconciliación puede contribuir produciendo acuerdos mínimos de convivencia que sobrevivan a un cambio de gobierno, amén de incentivos para que sectores del régimen saliente se integren sin temor a una persecución irracional.
La democracia, el advenimiento que podría estar gestándose en este interregno, incluye el voto, pero va más allá. Nos pide entender que, sin reconciliación genuina, cualquier intento de reinstitucionalización será frágil y propenso al revanchismo. De ahí la importancia de recuperar esa confianza cívica que sienta bases para el perdón político y permite que la víctima recupere su agencia. Cultivar ese capital social que está en la base del relacionamiento, eso que Fukuyama identifica como motor de la prosperidad, debe entonces ser prioridad de un programa por la Convivencia y la Paz.
Estimular una cultura deliberativa que facilite procesos de micro-reconciliación, que transforme el conflicto desde las calles a las instituciones, donde el debate sustituya a la violencia y las iniciativas de base o grassroot visibilicen no solo un ejercicio técnico, sino un esfuerzo político para sanar el tejido social. Fomentar, mediante “diálogos improbables”, la percepción de que se puede existir políticamente después de entregar el mando. Impulsar la cooperación y la transparencia para ir equilibrando la demanda de justicia con la necesidad de paz social. Todas tareas que, en aras de domeñar la «tiranía de la memoria», seguramente abonarían a una democratización exitosa. No se trata de evitar la desesperación, sino de atravesarla: con dolores y esperanzas a cuestas, he allí el nudo por desatar.
* Periodista, analista política y articulista.
